En una interpretación jurídica al filo del reglamento, amparada en la utilización de la Convención de la ONU contra la Corrupción como documento vinculante que permita interpretar el silencio del artículo 117 de nuestra Constitución respecto de esos casos como causales de juicio político (a la letra solo permite que el Presidente de la República pueda ser acusado, durante su período, “por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”), la Fiscalía de la Nación ha presentado ayer denuncia constitucional por delitos de corrupción contra el presidente Castillo ante el Congreso de la República.
El camino a seguir es engorroso y en muchos tramos con una ruta inédita por escribir (número de votos necesarios, por ejemplo), pero fuera de las discusiones constitucionales, hay un principio de razonabilidad que debe ser considerado por nuestros parlamentarios: no es posible dejar campante en el gobierno a alguien abiertamente corrupto y que utiliza groseramente los resortes del poder que detenta para asegurar impunidad, recurriendo para ello a mecanismos gansteriles de increíble factura, de acuerdo a los documentos fiscales propalados.
Ya con lo conocido alcanzaba para procesar una vacancia presidencial hace rato, pero justamente el tinglado de corrupción diseñado desde Palacio le ha permitido cooptar un número suficiente de congresistas para impedir que ello ocurra. Con la denuncia constitucional planteada, el camino se puede allanar, ya que al acusar al presidente por delitos y no por infracciones constitucionales –señalan abogados expertos en la materia- el número de votos requerido no es de dos tercios del Pleno sino de la mayoría más uno, sea del Pleno completo o sin los miembros de la Comisión Permanente (esa será una de las discusiones que se tendrá que plantear).
Saludamos, en todo caso, la valiente y enjundiosa labor de la Fiscalía de la Nación y el equipo policial que la ha acompañado, para lograr acopiar el número suficiente de pruebas que ojalá nos permita librarnos de la plaga política, corrupta y mediocre, instalada en Palacio y que, de durar hasta el 2026, nos dejaría un país en escombros, con un Estado colapsado y la mayoría de instituciones destruidas. Está en manos del Congreso elevarse a la altura de las circunstancias y proceder a sacar a Pedro Castillo de un lugar al que nunca debió llegar.
