Puno es una región que requiere con sentido de urgencia un plan de inversiones públicas y privadas que busque equiparar los índices de calidad de vida (educación, salud, agua, desague, electrificación, conectividad terrestre, etc.) con el resto del país.
Puno es una región clave para la geopolítica regional. La migración puneña a regiones como Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios convierte a Puno en un núcleo duro social y político que es preciso atender (ya anuncia nuevas protestas).
En ese sentido, llama poderosamente la atención la morosidad con la que el gobierno está respondiendo a una iniciativa privada de singular importancia, como es el proyecto hidroeléctrico San Gabán III, el cual, a cambio de que se prorrogue su contrato por 25 años con las mismas condiciones que tiene a la fecha -hecho de por sí benéfico y bienvenido-, ha desarrollado un plan inmediato de inversión directa de 30 millones de soles para las comunidades. Esta inversión estaría enmarcada en las necesidades de inversión pública para las mismas (vivienda, comunicaciones, educación y salud) cuya ejecución sería auditada por el Estado. Se trata de una propuesta única en el marco de las grandes inversiones en las poblaciones con necesidades urgentes, sin necesidad de financiamiento público y de ejecución inmediata.
Cabe señalar que la inversión en curso asciende a US$ 750 millones en el marco del Decreto Legislativo Nº1012 y se ejecuta en base a una iniciativa privada de inversión en activos; es decir, sin ninguna inversión económica ni garantía del Estado Peruano. A la fecha, este proyecto constituye la mayor inversión del sector eléctrico peruano y es un proyecto priorizado.
Lo relevante, en términos sociopolíticos, es que la inversión social del proyecto ha sido nueve veces más de aquello inicialmente previsto por el Estado en programas sociales. No obstante ello, la empresa ha encontrado (y sigue encontrando) importantes demandas de inversión pública por parte de la población, que conciernen el abastecimiento de energía, acceso a telecomunicaciones, educación y servicio de agua y desagüe. Esto se explica por dos razones básicas: la falta de inversión pública en comunidades alejadas y el rápido crecimiento de las áreas colindantes a los proyectos luego de iniciada la etapa de construcción. A esto pueden sumarse otras falencias, como la incapacidad de las autoridades locales para gestionar sus recursos, el aislamiento geográfico y la poca flexibilidad del Estado para encontrar soluciones cuando la realidad rebasa el marco normativo.
Dina Boluarte y los ministros del sector tienen la palabra. La puesta en marcha de una nueva dinámica de inversiones que generen empleo y reduzcan la pobreza en Puno requiere diligencia para responder a una solicitud que debe ser bienvenida en una coyuntura en la que la inversión privada más bien viene cayendo por la crisis política.
