Pésimamente asesorada la presidenta Boluarte. Si su línea de defensa respecto de las casi 60 muertes, producto de excesos policiales o militares cometidos durante las protestas de diciembre y enero, va a ser, como reveló en entrevista a El Comercio, que ella tiene mando, pero no comando sobre los institutos armados, va por mal camino.
Ella tiene mando y comando. Ser, de acuerdo a la Constitución, jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales, no supone un cargo honorífico o protocolar. Implica una responsabilidad administrativa que está en obligación de ser ejercida.
Es más, la propia Boluarte, en algunas declaraciones, señalaba haber instruido de manera específica a los hombres de uniforme cómo proceder respecto de la protesta. ¿En qué quedamos entonces? ¿Comandó o no?
Otra cosa es determinar si ella tuvo o no responsabilidad penal en los excesos cometidos, sobre cuya ocurrencia no cabe duda. Eso lo determinarán las investigaciones fiscales que al respecto se hagan.
Pero lo que no abona en su favor es la displicencia con la que el gobierno reaccionó y sigue reaccionando frente a la contundencia de los hechos denunciados. En el acto debieron ser renunciados los ministros de Defensa y del Interior y sancionados los mandos militares operativos a cargo de la represión acontecida. Pero ello no sucedió. La jefa suprema de las Fuerzas Armadas no parecía ni parece dispuesta a hacer lo que en principio corresponde. Parece estar asesorada por constitucionalistas y no por penalistas.
Encima, políticamente hablando, con sus declaraciones, la presidenta se ha abierto un frente de divergencia con la derecha, que le reprocha, con razón, querer zafar cuerpo y atribuirle la exclusiva responsabilidad de lo sucedido a los militares y policías. Sin el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Constitución, Pedro Castillo seguiría siendo gobernante. Boluarte les debe el cargo que hoy ocupa y mal les paga tirándoles la bola, como si su gobierno no tuviera responsabilidad alguna en lo sucedido.
El informe de la CIDH tiene algunos sesgos cuestionables, cuando se mete a hacer diagnósticos sociales o políticos del país, pero en lo concerniente a los hechos luctuosos mismos, anda por el camino correcto. Si el gobierno y la presidenta en particular no responden al mismo como corresponde, con una investigación a fondo, que devele la verdad de lo sucedido, ese informe le va a pesar legalmente hasta después de concluido su mandato.
