No hay gobernante de los últimos treinta años que no se salve de acusaciones de corrupción (excepto Valentín Paniagua y Francisco Sagasti) y si ello ha ocurrido en la cúspide del poder, ni qué decir de los rangos intermedios o inferiores. Hemos vivido en un garbanzal de inmoralidad.
Ministros, viceministros, directores generales, jefes de entidades autónomas, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, directores municipales, alcaldes distritales (casi todos salen millonarios luego de ejercer su cargo), jueces, fiscales, policías, etc., roban a su antojo, sin que el propio Estado peruano, a través de sus presuntos órganos de control pueda hacer mucho, al parecer, para detener esta bacanal.
La corrupción ha sido un cáncer que ha carcomido las entrañas del Perú durante décadas. Desde el pago de sobornos para obtener licitaciones públicas hasta el tráfico de influencias para obtener cargos públicos, la corrupción ha dañado gravemente la economía peruana y ha socavado la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
La necesidad de una política anticorrupción urgente es evidente. Esta política debe incluir medidas para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción en todas sus formas. También debe fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones públicas.
A pesar de los costos que implica implementar una política anticorrupción efectiva, ella es imperativa. La corrupción ha causado un daño incalculable a la economía peruana y ha minado la confianza de la ciudadanía. Sin una política anticorrupción efectiva, el Perú seguirá siendo un país que no cumple con los estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, lo que afectará la inversión extranjera y el crecimiento económico a largo plazo.
Es importante tener en cuenta que los costos de no implementar una política anticorrupción son inmensos. La corrupción no solo afecta la economía, sino que también corroe la democracia y el Estado de derecho. Si no se toman medidas efectivas para combatirla, la corrupción seguirá siendo una amenaza para el bienestar de los peruanos y para el futuro del país.
La implementación de una política anticorrupción efectiva es una necesidad urgente en el Perú. Es hora de tomar medidas efectivas para erradicar la corrupción y restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
