La única forma de solucionar el problema que supone la obligatoriedad de aportar a las AFP o a la ONP, por parte de los trabajadores en planilla, no pasa por crear sistemas unificados complejos, con porcentajes diversos de rentabilidades y aportes, como se pretende en el Congreso.
La solución es más sencilla: que se elimine la obligatoriedad, que el aporte sea voluntario, a uno u otro sistema. Que adicionalmente se permita a los afiliados a la ONP trasladar sus aportes a una AFP, primero, que luego se permita su retiro total, y que a continuación sea libre la decisión de seguir aportando o no.
Y como aliciente a los trabajadores, que el aporte que hoy realizan obligatoriamente se sume a su remuneración, a ver si de esa manera recuperan, en parte, el dinero perdido por haberse visto obligados a disponer su capital a favor de la ONP o de las AFP.
El sistema obligatorio de aportes a las AFP es una gran estafa financiera. Sin competencia, se cobran tasas enormes, se reduce la rentabilidad (hay sinfín de otros mecanismos más rentables para asegurarse una pensión a futuro), y al final del día, todo el sistema consiste en un trasvase mercantilista de rentabilidades de la clase media a favor de cuatro o cinco grupos de poder, que acumulan enormes capitales que luego colocan rentabilizando en su beneficio más que en el de los aportantes.
En el Congreso se discute si se permite el retiro total de los fondos de las AFP. Es razonable, pero es incompleto. Lo que debe de aprobarse es la libertad de aportar y permitir que las familias de los sectores de medianos ingresos (los que están en planilla) decidan si invierten en educación (infinitamente más rentable como fuente de ingresos futuros), en cobertura de salud (igualmente más rentable: una enfermedad se puede llevar de encuentro todos los ahorros familiares), en compras inmobiliarias, en fin, en lo que le venga en gana al ciudadano y no a cuatro “genios” financieros que toman decisiones por uno.
Si el Parlamento quiere legislar a favor de los sectores laborales medios, haría bien –ya que, al parecer, existe consenso, de que el statu quo no aguanta más- en optar por una solución radical y definitiva a un sistema que nunca debió funcionar en el país y al que cada vez mayor cantidad de expertos financieros, considera un sistema fallido, viciado de origen, dirigido a crear fondos de capitales y no a asegurar buenas pensiones a los afiliados.
