Fue Alberto Fujimori el gran responsable de que no se llevase a cabo la más importante reforma de segunda generación que el país requería. En su segundo mandato, con amplísimo respaldo popular y sin ninguna confusión ideológica del electorado respecto de la identidad programática del régimen, saboteó y paralizó el proceso de reforma del Estado que el premier Alberto Pandolfi y un grupo calificado de tecnócratas había elaborado.
Creyendo que eso podía afectarlo en sus inconstitucionales pretensiones reeleccionistas, abortó el que pudo haber sido su mejor legado, muy superior al de las reformas económicas o la propia pacificación.
Desde entonces, ningún gobierno se ha tomado en serio ese propósito. La transición democrática se zurró en dicha tarea, se dedicó a gobernar en piloto automático, disfrutó la bonanza fiscal que las reformas de los 90 les permitió y no gastó un milímetro de combustible político en darle forma a un nuevo intento de reformar el Estado obeso e ineficaz que hoy trunca buena parte de la inversión pública y también, por supuesto, de la inversión privada. Un Estado reformado puede significar dos o tres puntos de crecimiento del PBI cada año.
Está surgiendo, sin embargo, por esos milagrosos azares del destino, al interior del actual Ejecutivo, coaliciones ministeriales que están empezando a pensar en serio la posibilidad de iniciar esa reforma del Estado, con mayor entusiasmo bajo la premisa de que políticamente hablando el plazo de vigencia del gobierno de Boluarte se ha extendido (se ve casi imposible que haya elecciones el 2023, y casi quimérico que ocurran el propio 2024; lo más probable es que, salvo incidentes de ingobernabilidad extraordinarios e impredecibles, Boluarte gobierne hasta el 2026).
Sería notable que el actual gobierno rompa la inercia autoritaria en la que se halla embarcado frente al conflicto social y retome actos de gobierno que le corresponden. Particularmente, es crucial que el premier Alberto Otárola y de modo especial el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, se compren el pleito, ya que sin su concurso, no hay forma de que semejante megareforma prospere.
Sin una reforma integral del Estado (lo que incluye, por supuesto, el proceso de regionalización), el Perú seguirá a la deriva con eventuales picos de crecimiento macroeconómico y reducción de la pobreza, si toca un gobierno proinversión en suerte, pero ya se ha visto que eso no basta. Sin un Estado que ecualice al mercado, y que asegure una digna provisión de servicios básicos, no hay viabilidad democrática duradera en el horizonte republicano del Perú.
