¿Por qué los congresistas Betssy Chávez y Roberto Sánchez fueron acusados constitucionalmente por el Congreso por ser partícipes del golpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado y puestos a disposición de la Fiscalía, pero solo la primera fue suspendida de sus labores en el Congreso y el segundo se libró de ello, con votos salvadores de Fuerza Popular y Renovación Popular?
Porque si suspendían a Sánchez, quien lo hubiera tenido que reemplazar era la activista trans Gahela Cari Contreras, de las filas de Juntos por el Perú, algo inadmisible para las huestes reaccionarias del poder Legislativo. Así de cavernario es nuestro Congreso de la República, que funciona, al parecer, ajeno a las tendencias liberales que en el mundo existen respecto de las diversas opciones de género.
Hablar de la transfobia y la homofobia en la clase política de un país es adentrarse en un terreno movedizo. Es una problemática que no solo hiere a quienes la padecen, sino que también deja cicatrices en el corazón de la democracia.
En la política, donde el poder es el eje que rige la conducta humana, la discriminación hacia las personas LGBTQ+ puede tener consecuencias nefastas. Las ideas se estancan, los prejuicios se enquistan y la intolerancia gana terreno, dejando a un lado los principios democráticos de igualdad y justicia.
En un país donde la transfobia y la homofobia son moneda corriente entre los políticos, se ven afectados los derechos de las personas LGBTQ+, quienes son excluidas del acceso a cargos públicos, a la educación y a la atención médica adecuada. Las minorías sexuales son marginadas y sometidas a una constante violación de sus derechos, lo que se traduce en una disminución de su calidad de vida y un aumento de su vulnerabilidad.
La transfobia y la homofobia en la política son un cáncer que se extiende con rapidez, infectando las instituciones y desvirtuando el poder de la democracia. Los líderes políticos que promueven este tipo de discriminación no solo actúan en contra de los valores democráticos, sino que también generan una sensación de inseguridad y exclusión en la población LGBTQ+, quienes se ven en la necesidad de ocultar su identidad para poder sobrevivir en un mundo hostil.
En definitiva, la transfobia y la homofobia en la clase política de un país son un obstáculo para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y garantizados sin distinción de orientación sexual o identidad de género. Mientras no se erradiquen estos prejuicios, la democracia seguirá siendo un concepto vacío y falto de significado, un espejismo que se aleja cada vez más de la realidad.
