Podrá y deberá haber –como la hay- enorme discusión constitucional respecto de si procede el camino seguido por la Fiscalía de la Nación y, de proceder, cuáles serán los requisitos para acometer los pasos siguientes a la denuncia constitucional presentada, pero de lo que no hay duda es sobre la catadura moral del presidente Castillo, capaz de recurrir a mecanismos gansteriles para encubrir sus delitos (arrojar celulares al mar, apagar cámaras de video de la casa de gobierno, amedrentar a las fiscales a cargo del caso, etc.) y ello, por sí solo, ya ameritaría una acción política por parte del Congreso.
Son patéticos, en ese sentido, los esfuerzos de la izquierda oficialista, de la izquierda presuntamente independiente y de cierta prensa domesticada, por poner en segundo plano el fondo del asunto y recurrir a argumentaciones legales para disimular la cuestión moral que subyace a la denuncia: tenemos un presidente que comete, con fruición, desde que llegó a Palacio, actos corruptos.
Más ridículos aún son los esfuerzos de los voceros oficialistas y sus pregoneros mediáticos, por querer construir una hipótesis golpista, antidemocrática, racista, detrás de la denuncia, cuando la abundancia de colaboradores eficaces y testigos no hacen sino corroborar que estamos efectivamente frente a una organización criminal que nos gobierna (es increíble cómo importa más hallarle faltas a la fiscal Patricia Benavides, que acometer el fondo del asunto, que es gravísimo para la supervivencia institucional de la democracia).
Por menos se quiso vacar a Pedro Pablo Kuczynski y se vacó a Martín Vizcarra y hoy, a pesar del ahondamiento coyuntural de la crisis política generada, debemos alegrarnos de que el Congreso haya tomado ese camino, librándonos de dos gobernantes implicados en actos de corrupción. La democracia no salió debilitada sino, puesta a prueba, fortalecida.
Lo que correspondería, de inmediato, en verdad, en el caso de Castillo, es procesar una vacancia por incapacidad moral. Sobre ella ya no hay duda posible y solo el interés pecuniario de algunos o la ceguera ideológica de otros, puede hacer que ello no se vea con absoluta claridad. Nos gobierna, según todos los indicios mostrados, un corrupto de marca mayor y el Legislativo debería proceder a sacarlo en las siguientes horas de Palacio.
Pero como, lamentablemente, el Parlamento está infectado de “niños” y “topos”, que han vendido su voto por prebendas (porque no hay pacto político detrás, no nos vengan con tonterías), el camino a seguir tendrá que ser, salvo sorpresa inesperada, el engorroso trámite de la denuncia constitucional bien fundamentada por la valiente Fiscal de la Nación. O por angas o por mangas, el Atila chotano debe dejar el poder lo antes posible.
