El Ministerio Público debe investigar aceleradamente las muertes ocurridas en lo que va de la protesta social surgida luego del golpe fallido de Pedro Castillo, pero de antemano hay temas por precisar y no caer en el fraseo políticamente correcto de que todas las muertes son producto del abuso represivo.
Si un policía es atacado con armas letales (hechizas o no), si es apedreado (y una piedra lanzada con una huaraca, mata), si corre riesgo su vida, está en pleno derecho de hacer uso de sus armas de fuego. Lamentable que ocurra, pero en estos casos la responsabilidad mayor radica en los vándalos que atacan con fines de afectación vital a las fuerzas del orden.
Lo que no puede hacer la policía o el ejército es disparar a quienes bloquean una carretera o marchan por las calles. No hay pena de muerte por hacerlo. A lo sumo deberán ser detenidos y conducidos al Ministerio Público para ser procesados penalmente por los delitos cometidos. Y utilizar todas las fuerzas de contención necesarias para liberar las vías o evitar que las movilizaciones se salgan de control.
Eso es lo que corresponde hacer ahora, pero de lo que no cabe la menor duda es de que la narrativa que quiere imponer la izquierda respecto de que el gobierno de Dina Boluarte debe renunciar por los muertos habidos, es un pedido irresponsable y demagógico.
Acá la democracia está bajo ataque de grupos radicales organizados, con la participación delictiva de las mafias ilegales del narcotráfico y la minería ilegal (que son los que organizan caravanas transportando a los vándalos), porque son sectores que financiaron a Castillo a cambio de impunidad absoluta en sus quehaceres ilegales y que ahora se resisten a que su mentor y protector haya salido por la puerta falsa de Palacio.
Tomar aeropuertos responde a una lógica militar desestabilizadora que no puede ser permitida por las fuerzas del orden democráticas. El Movadef, las mafias ilegales, y los secuaces del preso de Barbadillo no pueden marcar la agenda nacional con su lógica violentista y golpista. La democracia está en pleno derecho de defenderse y si en ese proceso (por eso es un orden democrático), se cometen excesos pues deberán ser sancionados, pero el lamentable número de muertos no nos debe hacer olvidar que acá estamos frente a una responsabilidad mayor de parte de los autores intelectuales de la asonada, que están buscando escalar el conflicto para provocar el colapso de la sucesión constitucional bien trazada por la institucionalidad democrática que supo resistir y salir indemne del golpe perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, quien hoy dirige, qué duda cabe, la turbamulta delictiva organizada en diversos puntos del país.
