El arequipazo ocurrió en junio del 2002 y puso en jaque al gobierno de Alejandro Toledo, paralizando la venta de Egasa y Egesur, dos generadoras eléctricas de menor tamaño en la Ciudad Blanca.
El moqueguazo sucedió también en junio, pero del 2008, encabezado entre otros por el entonces gobernador regional Martín Vizcarra, y obligó al régimen de Alan García a retroceder.
El baguazo aconteció igualmente en junio, pero del año siguiente, 2009, a propósito de la firma del tratado de libre comercio con los EE.UU., y llevó a que el Congreso modificara una norma para aliviar la tensión social.
Con menor impacto mediático, pero siempre entre mayo y junio, el país se ve asolado por conflictos sociales surgidos de diferente motivación, pero que hacen que los gobiernos tambaleen.
¿Por qué en junio ocurren estos hechos? No parece ser una casualidad y podría ser un predictor de que se le viene al régimen de Dina Boluarte un recrudecimiento de la protesta social, quizás de igual o mayor magnitud que la ocurrida entre diciembre y enero.
Una hipótesis interesante es que ya para esas fechas se han rearticulado las redes de maestros semiurbanos y rurales y se convierten en redes logísticas y cajas de resonancia. Y si se toma en cuenta que esas redes no las maneja un sensato Sutep, sino los radicales magisteriales del Fenate, adquiere mayor sentido esa explicación. Son las fajas de transmisión de la protesta que luego irradia a otros sectores sociales y particularmente a las mafias ilegales que ven en los conflictos terreno fértil para sus intereses.
De mantenerse la tendencia histórica, mayo y junio no le serán propicios a un gobierno que no halla el rumbo, que falla, inclusive, en algo que le debió haber hecho subir varios puntos en las encuestas, como la respuesta oficial a los desastres naturales, que no refina su perfil político (aunque algo ha mejorado con el reciente cambio ministerial) y que, por ende, no emprende reformas que le den aliento histórico, más aun considerando que su horizonte de gobernabilidad se ha extendido hasta el 2026.
Si recrudece el conflicto social virulento y el gobierno actúa de las dos peores maneras que ha demostrado ejercer en estos días: represión violenta indiscriminada o parsimonia y concesión absoluta, podemos ver nuevamente a un régimen precario jaqueado y en zozobra tal, que su continuidad podría verse en peligro.
