Las bravuconadas crecientes del presidente Castillo y sus principales voceros, arremetiendo contra el Congreso y la prensa, y soliviantando a sectores sociales para que se sumen al despropósito a cambio de ofertas de beneficios pueriles, merecen una alerta máxima de la oposición democrática, tanto la del Congreso como la de fuera de ella (la OEA, cuando visite prontamente al Perú, lo podrá constatar directamente).
Resulta evidente que lo que empezó como una estrategia populista para trepar algunos puntos en las encuestas, ha devenido en una reacción desesperada, producto del pánico que embarga a Palacio de Gobierno por el riesgo de carcelería que corren el presidente y su entorno, dadas las revelaciones de corrupción que han desplegado la prensa independiente y el Ministerio Público.
En ese trance desesperado, Castillo es capaz de huir hacia adelante y en ese empeño llevarse de encuentro las formalidades democráticas. Hemos advertido que se puede estar cocinando un autogolpe en Palacio, desacatando una eventual decisión en contrario del Legislativo.
Hay que prender todas las alarmas democráticas. Un presidente sin solvencia moral y sin densidad política es capaz de querer perpetrar un legicidio, sin recalar en que ese solo hecho ya justificará después una condena penal efectiva, a él y todos sus cómplices (ministros y militares que se puedan sumar al susodicho acto inconstitucional), lo que se sumará a sus procesos por corrupción, a hacerse efectivos el día siguiente que deje el poder. Se debe activar la Carta Democrática de la OEA, pero contra la amenaza castillista.
Por supuesto, las Fuerzas Armadas tendrían que desempeñar un papel preponderante si Castillo recorre la ruta del golpismo. Solo en ese único caso. En tales circunstancias, estarían obligadas, por mandato constitucional, a intervenir e impedir el atentado jurídico y disponer la restauración democrática que correspondería en tales circunstancias.
Castillo no es un personaje valiente. Más bien peca de huidizo y taimado. En principio, no parece capaz de acometer semejante tropelía, pero el pánico que lo embarga lo puede imbuir de la sinrazón suficiente para creer que puede cometer un autogolpe y salir indemne, con apenas un 23% de respaldo de la opinión pública, sin calles movilizadas a su favor, sin el respaldo de la mayoría congresal, sin la rendición moral de los institutos castrenses. No hay nada más peligroso que un culpable de delitos probados, con poder para hacer daño, como es el caso del inquilino que nos tocó en mala suerte tener sentado en Palacio.
