Aparece un nuevo caso de una congresista que mocha los sueldos de sus trabajadores para beneficio propio. Es el caso de la parlamentaria y exministra de la Mujer, Katy Ugarte, de las filas de Perú Libre. Se suma a las denuncias previas contra Rosio Torres y Magaly Ruiz, de APP, por las mismas razones.
Y después en el Congreso se preguntan por qué tan bajos niveles de aprobación y culpan a la prensa de sus desgracias, y por ello preparan proyectos de ley que atacan directamente la libertad de expresión, como reseñamos en nuestra columna de ayer.
Es imperativo, por lo pronto, que de una vez por todas se establezca una reforma administrativa al interior del Congreso, de modo tal que se forme una bolsa de asesores parlamentarios, contratados bajo la supervisión de Servir, que luego se asignen a cada legislador, y que no dependa de ellos y de su antojo la permanencia o continuidad del respectivo asesor, utilizado luego para tareas no santas por congresistas inmorales.
Lo es también que se acabe con la semana de representación, que es aprovechada por congresistas viajeros que realizan periplos inusitados, totalmente inútiles para el beneficio del país, y que solo siembran la percepción de que el despilfarro y la frivolidad se han asentado en el local de la plaza Bolívar.
Si a ello le sumamos la absoluta carencia de reformas legislativas de peso, por parte del Congreso, que no da pie con bola para iniciar en serio una reforma política y electoral, no ataca males enquistados, como la regionalización o la ausencia de una reforma del Estado, se entiende por qué el desprestigio y el descrédito.
Un Congreso desacreditado es una institución que pierde legitimidad y credibilidad ante la sociedad, lo que significa que la democracia misma está en peligro. La representatividad de los ciudadanos se ve amenazada y la confianza en el sistema político se deteriora. En ese escenario, las decisiones y leyes que se aprueben en el Congreso pierden peso y la capacidad de las instituciones para resolver los problemas del país se ve seriamente comprometida. En última instancia, un Congreso desacreditado puede generar un clima de desconfianza, polarización y confrontación en la sociedad, lo que es altamente perjudicial para la estabilidad democrática y el bienestar del país.
