Puede ser que tenga “éxito” en controlar la protesta, el recurso casi ilimitado de la fuerza represiva que el gobierno ha elegido como camino, pero a la postre, aun en ese caso, las consecuencias de ello se harán sentir en el aparato mnémico colectivo de la ciudadanía.
Bajo la lógica instalada en algunos sectores del gobierno de que se está frente a terroristas, se entiende el exceso represivo (como la aparatosa e innecesaria intervención policial en la San Marcos), pero es imperativo que alguien en el Ejecutivo aporte alguna dosis de mirada crítica y racionalidad política a su quehacer.
Si no, se está jugando con fuego y compulsando irresponsablemente la posibilidad de que la represión exagerada, lejos de domeñar los ánimos revoltosos, termine por exacerbarlos y provocar una situación de desborde que se lleve de encuentro la transición constitucional que el país democrático espera que fluya con relativa normalidad.
Dicen las autoridades que hay más de 300 detenidos desde el inicio de las protestas. Es una mediocre cifra. Por lo visto en todo el país, ese número debería ser superior a mil. Los vándalos que bloquean carreteras, incendian locales públicos o privados, apedrean a los policías y toman aeropuertos, son, claramente más que esos 300 detenidos.
¿Por qué no hay una labor policial tendiente a cercar y detener a esos violentistas, entregarlos a la fiscalía y procesarlos por los delitos cometidos para que purguen justa prisión? Hay flagrancia y hay concurso de delitos (disturbios para empezar y todos los demás mencionados) que deberían conducir a prisión preventiva y luego sentencia con carcelería efectiva.
Pero para ello, tiene que haber instrucciones precisas a los comandos policiales y no caer en el facilista y peligrosísimo criterio de meter bala como único mecanismo de respuesta (ello solo es admisible cuando la integridad de la policía está en riesgo).
Frente a los vándalos y violentistas, todo el peso de la ley y de la justa represión. Frente a la población movilizada, contención sensata y búsqueda inagotable de mecanismos de diálogo que los haga trastocar una agenda politizada, que es inviable y seguramente no comparten (liberación de Castillo, renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente), por una plataforma de acciones sociales y gubernativas concretas en cada una de las regiones soliviantadas.
–La del estribo: imprescindible la lectura de Sin noticias de dios. Sodalicio: una crónica de impunidad, del periodista Pedro Salinas, una suerte de bitácora personal del caso en su conjunto, desde sus inicios, sobre los actos violatorios de los derechos humanos perpetrados en una sociedad pontificia que, con la abundancia de pruebas delictivas presentadas, ya hace tiempo debió haber sido clausurada.
