Lo que le está sucediendo al empresario y expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, es de antología y resume las miserias de un sistema fiscal y judicial abusivo y persecutorio. Hago esta columna en base a la esclarecedora ayuda memoria que me ha hecho llegar la defensa del afectado.
Ricardo Briceño fue presidente de la Confiep desde 2009 a marzo de 2011. La directiva de su sucesor, Humberto Speziani decidió recolectar fondos de diversos grupos empresariales para realizar lo que se denominó “Campaña de promoción de la inversión privada II”, logrando recolectar la suma de 2’077,500 dólares.
Con base a estos fondos, la Fiscalía, en agosto de 2022, luego de 3 años de investigación, cambió totalmente el foco inicial de la pesquisa (al principio alegó que en tanto Odebrecht había aportado a esa campaña 200 mil dólares, entonces se trataba de fondos ilícitos que, luego, se demostró que no tenían tal condición), y decidió acusar a Briceño de haber mal empleado esos fondos (a pesar de que ya no presidía la Confiep en ese tiempo), “falseando balances y estados financieros, omitiendo señalar que los fondos de la campaña de promoción de la inversión privada II eran para financiar la campaña de Keiko Fujimori”. Por eso, lo acusa de “lavado de activos derivado de fraude en la administración de persona jurídica en agravio de la Confiep”. Y pide cárcel de 22 años y 4 meses.
En paralelo, el fiscal José Domingo Pérez derivó parte de esos actuados a una fiscalía del distrito de La Victoria para que investigue el supuesto “fraude en la administración de persona jurídica” en agravio de la Confiep. Seis meses después, dicha Fiscalía dijo —más allá de que el delito había prescrito— que NO había ningún fraude, puesto que no se habían falseado balances ni desvío de fondos. En suma: Briceño no engañó a la Confiep ni a ningún empresario. Y archivó el caso.
Sin embargo, el Fiscal Pérez hizo caso omiso al archivamiento del “delito fuente” sobre el cual basa su acusación de “lavado de activos” contra Briceño. Lo lamentable es que el juez Víctor Zúñiga —que ha devuelto 9 veces la acusación fiscal— dejó pasar este extremo de la acusación contra Briceño. Sin embargo, si no hay delito fuente, no hay lavado de activos. Continuar la acusación es inconstitucional, viola un principio básico del debido proceso penal: a nadie se le puede acusar por una conducta no delictiva.
Briceño ha recurrido a la justicia constitucional a través de un hábeas corpus que ha sido visto por la Segunda Sala Constitucional de Lima el pasado 29 de marzo. Los jueces Roberto Vílchez Dávila (presidente), Eduardo Romero Roca y David Suárez Burgos, tienen en sus manos hacer justicia y encausar el caso “Cócteles” por el camino adecuado, sin manchar honras ni afectar derechos constitucionales básicos.
