El adelanto de elecciones generales para este año no va a ser bálsamo suficiente para aquietar las aguas de la protesta social, sin duda, menos aún si participan de ella senderistas y castillistas radicales que solo quieren crear el caos para sacar a Dina Boluarte de la Presidencia y aspirar a una Asamblea Constituyente, y grupos delincuenciales que aprovechan el desmadre para cosechar mafiosamente y a quienes conviene que siga reinando la anarquía.
Pero sí servirá para desfogar una parte importante de las energías disruptivas de la población que protesta, irritada con el statu quo, y que verá que ello pronto acabará y se dará paso a un proceso electoral que renovará el patio político. Y ello le quitará abono poblacional a los violentistas que se irán quedando solos en su lógica destructiva.
No es una concesión a los vándalos. Es una respuesta al clamor ciudadano, en medio de una crisis política originada en una gestión desgraciada como la de Pedro Castillo, a cuyos coletazos conviene ponerle fin lo antes posible. Este es, de origen, un gobierno disfuncional y, en esa medida, darle cabida a salidas extraordinarias no debería interpretarse como que se están tirando los evangelios constitucionales por los suelos.
No es factible sostener un gobierno de acá al 2026 con una Presidencia con 17% de aprobación, con un Congreso con 7% de respaldo, con el 74% de la población pidiendo la renuncia de Boluarte y con el 73% de la ciudadanía demandando que haya elecciones adelantadas este año.
Dina Boluarte ha dicho que si el Congreso no aprueba hoy el adelanto de elecciones presentará de inmediato dos iniciativas legislativas, tendiente una de ellas al mencionado adelanto y la otra al inicio de un proceso de revisión constitucional por parte del nuevo Congreso. Ha pecado de timidez.
Si este Congreso, horas más tarde, persiste en la estupidez de hacer oídos sordos a la situación fuera de lo común que vivimos y cree que todo debe mantenerse incólume hasta el 2026, Dina Boluarte debería pensar seriamente en renunciar y obligar así al Legislativo a asumir los costos del Ejecutivo y convocar de inmediato a elecciones. Lo debió anunciar como mecanismo de presión, pero no es tarde para hacerlo si hoy el Congreso corrobora la pequeñez y mediocridad de la que ha hecho gala desde el 2021 y que tanta repulsa se ha ganado justificadamente por ello.
