Sea cual sea el desenlace final de la crisis política por la que el país transita y que se mueve entre los extremos de una vacancia presidencial o la disolución del Congreso (con la opción del adelanto de elecciones en el medio), el impacto que semejante escenario está teniendo en la economía es pavoroso.
La confianza inversora, bajo el temor de que Castillo patee el tablero constitucional y propicie un golpe de Estado que lo lleve a caminos constitucionales disruptivos (una Asamblea Constituyente), se va al traste y los hechos mencionados bastan y sobran para que cualquier cálculo inversor sea contenido y postergado.
Ni siquiera el mejor escenario –que Castillo sea vacado y que su reemplazo, Dina Boluarte, trate de reordenar y enderezar el rumbo gubernativo- asegura que la desconfianza vaya a amainar, porque ése será un gobierno muy precario, seguramente zarandeado en términos sociales por el conflicto y la radicalidad de potenciales candidatos como Antauro Humala.
La única fórmula que podría asegurar, dependiendo obviamente de su resultado, alguna tranquilidad, es que se adelanten las elecciones generales y que en éstas gane una opción de centroderecha, con mayoría parlamentaria, que asegure una gobernanza y un rumbo macroeconómico definido y propicio. Pero, la mala noticia es que este escenario no lo quiere ni el Ejecutivo ni el Legislativo.
Se advirtió en todos los tonos la desgracia política y económica que supondría una gestión gubernativa como la de Castillo. Los hechos lo están corroborando. Pero no se pensaba que el colapso pudiera ser tan profundo y que supusiese, además de mediocridad y corrupción, destrucción de la tecnocracia estatal y del buen funcionamiento de instituciones centrales del quehacer estatal peruano, como está sucediendo, con la infiltración de familiares, allegados y partidarios en puestos claves de la administración pública.
En medio de una circunstancia económica mundial de la que el Perú podría sacar provecho, este será un quinquenio perdido, lamentablemente desperdiciado por la inasible medianía de un gobernante incapaz y de una clase política opositora tan mediocre como su adversario.
Habrá que esperar, probablemente, hasta el 2026 para que acabe esta pesadilla y hacer votos para que los sectores de centroderecha depongan interés menudos particulares, se unan, y eviten que un nuevo disruptivo antiestablishment –que ya está jugando su propia carrera electoral- aparezca en el horizonte definitorio de la segunda vuelta. Y será entonces que, con mayor razón, habrá que impulsar un shock democrático capitalista que nos permita recuperar estos años tirados al tacho.
