Mañana, el ministro de Educación, Oscar Becerra, pretende elegir al nuevo superintendente de la Sunedu, con malas artes y claro propósito de hacerlo cuando aún no está plenamente conformado el grupo elector y, sobre todo, cuando no ha sido reglamentada la nueva ley universitaria promulgada por el Congreso en julio del año pasado (y que ha sido puesto en suspenso por el Poder Judicial), contraviniendo una promesa hecha por el propio premier Alberto Otárola en su presentación ante el Congreso, y de la propia presidenta de la República, quien les aseguró a los miembros de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) que iba a proceder a publicar el reglamento a la controvertida ley, antes de continuar con su aplicación. ¿Por qué la prisa y el apuro del ministro de Educación?
Claramente, hay enormes intereses en juego por parte de las universidades no licenciadas, que tienen el poder económico suficiente para torcer voluntades a su antojo. Ya lo hicieron, lamentablemente, en el Tribunal Constitucional, que se allanó, con el solo voto disidente de Manuel Monteagudo, el pasado diciembre, abriendo la puerta al despropósito que ahora se pretende consagrar. Ya lo hicieron también con el Congreso y ahora, parece, han logrado cooptar al Ejecutivo.
No se explica de otra manera el legicidio que se quiere cometer, lamentablemente en sociedad entre el ministro de Educación y la inefable rectora de la San Marcos, Jerí Ramón. Hay que recordar que la propia elección de los representantes de las universidades públicas no ha estado exenta de cuestionamientos y controversias, y los antecedentes de los elegidos, contraviniendo un mandato judicial, indica que la intención es tirarse abajo la reforma universitaria.
Pocas reformas importantes se han hecho en las últimas décadas. Una de ellas es la universitaria y la creación de la Sunedu, que ha permitido elevar la calificación del nivel académico universitario y sancionar a las universidades bamba que estafaban, sobre todo, a los estudiantes de menores recursos (los perjudicados no son los estudiantes de las universidades caras o de las públicas reconocidas), quienes ahora sufren el riesgo de volver a ser burlados pagando pensiones bajas en universidades que no los formarán adecuadamente y no les darán acceso laboral futuro, luego de culminar sus estudios.
Sorprende, en ese sentido, que la presidenta Boluarte y el premier Otárola, soslayen sus propias promesas y permitan que el titular de Educación destruya lo avanzado en ese ámbito. Ojalá haya urgente reconvención. No se puede permitir que la reforma universitaria sea tirada abajo por motivaciones ideológicas inconducentes y, hay que decirlo, manejos económicos mafiosos que se mueven debajo de la mesa para lograr su cometido.
