“Postergando la proclamación de Pedro Castillo piensan deslegitimarlo políticamente, sin embargo, debo recordar que la única deslegitimación posible podría darse si se crea una hoja de ruta y no se aplicara el programa de gobierno por el que el pueblo votó en mayoría”.
Este tuit de ayer 20 de junio de Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, pone en clara evidencia que los términos internos del partido que es casi un hecho nos gobernará cinco años no son tan pacíficos como algunos voceros pretenden mostrar.
Evidentemente, el sector cerronista no ve con buenos ojos la presencia creciente de técnicos y economistas de Juntos por el Perú (Pedro Francke, Oscar Dancourt, etc.) que ya han morigerado los términos radicales de la proclama vigente en el ideario de Perú Libre presentado en primera vuelta e, inclusive, de los contenidos en el Plan Bicentenario de la segunda vuelta.
Castillo no ha desmentido en ningún momento las declaraciones oficiosas de Francke y éste se ha despachado en eventos privados y medios, dando por sentado que representa la voz official del probable gobierno entrante. Hay una intento de Castillo por moderar sus posturas iniciales y Cerrón no lo quiere.
¿Qué consecuencias puede traer ello para la gobernabilidad del país? De hecho, hay que partir de la constatación de que Cerrón controla absolutamente al menos 12 congresistas de Perú Libre. Si rompen con Castillo por su moderación, dejarían a la bancada oficialista solo con 25 congresistas propios más los cinco de Juntos por el Perú, apenas 30.
Necesitaría con urgencia llegar a un acuerdo con las bancadas de centro, que suman 44 parlamentarios (17 de Acción Popular, 15 de APP, 5 de Podemos, 4 de Somos Perú y 3 Morados) y así llegar a 74 votos, que le permitan gobernar sin sobresaltos y además que se apruebe la reforma tributaria que plantea aplicar al sector minero y que según los cálculos de Francke, deberían permitirle (junto con el combate a la elusión y evasión), aumentar la presión tributaria de 14 a 22% del PBI (promedio de la región).
Ese acuerdo debe suponer, sin embargo, algunas concesiones, que pasan desde la conformación de un gabinete multipartidario hasta la renuncia explícita a forzar la disolución del Congreso o la convocatoria a un referéndum para imponer a como dé lugar una Asamblea Constituyente, lo que solo generaría caos e incertidumbre (según la última encuesta de Datum apenas el 20% del país está de acuerdo con un cambio total de la Constitución).
