El Informe de la CVR narró hechos dolorosos, recogió los testimonios de las miles de víctimas y familiares, evidenciando las causas y terribles consecuencias del conflicto armado interno entre 1980 y el año 2000. Claramente la investigación y documento final señala como los responsables del inicio de la violencia a Sendero Luminoso, agrupación terrorista, que tuvo una vocación criminal y totalitaria, afirmando que una sociedad civilizada y democrática no puede dar cabida a este tipo de pensamientos deshumanizantes que generan dolor y muerte.
Así mismo, el informe señala con claridad que el Estado tenía el deber de proteger a la ciudadanía y tomar acciones para frenar los actos terroristas. Si bien es cierto, hubo agentes estatales que lucharon legítimamente contra el horror, lamentablemente parte de las Fuerzas Armadas y la PNP desplegó prácticas sistemáticas y violentas, incurriendo en graves violaciones a los derechos humanos, considerados – en muchos casos- como crímenes de lesa humanidad.
El aproximado de víctimas que dejó el Conflicto Armado Interno fue de 69 mil personas, entre fallecidos/as y desaparecidos/as; siendo responsables de estas muertes tanto los grupos terroristas como los agentes estatales. Aunque este es un capítulo vergonzoso de nuestra historia, recordarlo contribuye a generar conciencia de lo que vivió un país escindido por las desigualdades estructurales, el racismo, el clasismo y la exclusión.
Leer el Informe de la CVR o al menos su versión abreviada: Hatun Willakuy, debería ser una obligación en las escuelas. Este texto narra con especial cuidado y solidez la magnitud del conflicto, a la vez que reflexiona sobre las desigualdades que fueron caldo de cultivo para el inicio de la violencia, analiza los diferentes impactos en las regiones, especialmente en aquellas con población andina y amazónica; nos da a conocer el origen de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, sus formas de actuar crueles y criminales. Así también pone en evidencia el accionar de los gobiernos que lideraron el país durante estas dos décadas y su responsabilidades en la conducción de los agentes estatales, las medidas y vulneraciones de derechos en las que incurrió la PNP y las Fuerzas Armadas, el impacto de la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori y las secuelas de lo que fue una de las principales tragedias de nuestra historia contemporánea.
La CVR también nos invita a profundizar sobre las dimensiones de género en el conflicto, para que las víctimas cuyas voces quedaron silenciadas puedan contar de forma específica lo que les sucedió, promoviendo el derecho a la verdad con enfoque de género y una memoria colectiva sobre el conflicto armado interno que ponga en la agenda pública la crudeza de la violencia machista, tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto.
La CVR emitió una serie de recomendaciones orientadas a que la historia de dolor y horror no se repita, lamentablemente en casi dos décadas la estigmatización, la permanencia de pensamientos contrarios a los derechos humanos y el afán de partidos (cuyos líderes fueron responsables de vulneraciones a los derechos humanos y matanzas en este marco) impiden avanzar en una difusión masiva del Informe y sus conclusiones, pero sobre todo impiden la construcción de la paz y de una democracia real que reflexione sobre los errores del pasado para no repetirlos. El reto de implementación de las recomendaciones de la CVR sigue presente.
