[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] La Defensoría del Pueblo ha sido por más de 29 años, una institución sólida, cuya legitimidad responde no solo a su rol sino a los liderazgos éticos y profesionales que la han conducido y gracias a los cuales ha logrado preservar su integridad.
Lamentablemente, el pasado 17 de mayo, el Congreso de la República ha sumado una nueva decisión a un listado de controversias que pueden resultar perjudiciales para la defensa y protección de los derechos humanos. Se eligió a Josué Gutiérrez como el nuevo Defensor del Pueblo, quedando en evidencia turbios acuerdos entre sectores del Congreso para seguir impulsando un proyecto autoritario, útil a sus intereses.
El proceso de elección ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones de sociedad civil, académicos/especialistas constitucionalistas y defensores/as de derechos humanos. Este se ha realizado en contra de lo determinado por el Poder Judicial el cual estableció -en el marco de un proceso de amparo impulsado por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo- la implementación de un “Reglamento Especial” antes de iniciar la elección del defensor de conformidad a lo estipulado por el artículo 93° del Reglamento del Congreso de la República[1], así como exhortó la eliminación de la modalidad de “invitación” para los/as aspirantes a defensores.
Josué Gutiérrez no cuenta con el perfil profesional, ni la experiencia para ocupar un cargo tan relevante. Lo más grave es que no garantiza la autonomía que requiere el Ombudsman, quien -en teoría- debería velar por los intereses de toda la ciudadanía y vigilar el buen actuar estatal.
Preocupa su trayectoria vinculada a sectores políticos y no a la defensa de los derechos humanos, como debería ser. A pocos días de asumir el cargo ya ha tenido lamentables declaraciones que incitan al odio, como la desafortunada referencia a la comunidad LGBTI como » deformidades que hay que corregir».
Así mismo, se ha reunido con representantes del grupo neofascista «La resistencia», conformada por personas que se han dedicado a agredir, difamar y hostigar a líderes/lideresas y organizaciones de derechos humanos, afianzando un contexto de odio, racismo y polarización.
La Defensoría del Pueblo es clave para la construcción de un Estado democrático, ya que representa a la ciudadanía y es una barrera frente a los abusos y autoritarismos. Claramente, el designado Defensor no podrá cumplir con esta labor.
En el actual escenario, en dónde se vienen denunciando y visibilizando tanto a nivel nacional como internacional los abusos y las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno en el contexto de las protestas y movilizaciones ciudadanas; es clave una Defensoría del Pueblo que dé seguimiento a las recomendaciones de las instancias internacionales como el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Informe del Relator Especial de la ONU para el Derecho de Expresión, Reunión y Asociación Pacífica.
La Defensoría del Pueblo ha sido, desde su fundación, la única instancia estatal que ha mantenido una alta legitimidad, justamente por su rol y autonomía frente al poder y los sectores políticos. Este espacio ha contribuido a la construcción de la memoria histórica de los hechos de dolor atravesados durante el conflicto armado interno, ha condenado el terrorismo, así como la violencia estatal.
Es gracias a la Defensoría del Pueblo que se ha dado seguimiento a la implementación de leyes orientadas a garantizar derechos de las poblaciones más vulnerables del país. Hoy, esta importante institución no queda a la deriva sino a la merced de un operador político del fujimorismo, gracias a la alianza de este partido con otras agrupaciones como Perú Libre y Acción Popular.
Una evidencia más de que gran parte de clase política está podrida y solo le interesa armar la mesa para gobernar aún sin ganar las elecciones.
Triste escenario que nos toca enfrentar. Sabemos que van por más, el copamiento de las instituciones democráticas es evidente, la finalidad es ponerlas al servicio de un proyecto autoritario que tiene como principal impulsor al Fujimorismo y sus aliados.
Tiempos oscuros han llegado para la única institución que se mantuvo autónoma durante casi tres décadas. La crisis democrática es una realidad.
[1] Artículo 93. El Congreso, a través de la Comisión Permanente, designa (…) y con aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo, observando
las condiciones señaladas en la Constitución Política y las leyes orgánicas de las
respectivas instituciones públicas, así como el procedimiento determinado en los
reglamentos especiales que apruebe el Congreso (…).
