La última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2021), en su capítulo sobre violencia contra las mujeres señala que el 54.9% ha sufrido alguna forma de violencia de parte de su esposo o compañero.
Adicionalmente, los datos revelan que la pandemia ha tenido un impacto directo en la profundización de esta forma de discriminación: del 2019 al 2020 esta herramienta registró un descenso de 2.9% en la prevalencia de violencia, mientras que del 2020 al 2021, no se reconoce una disminución significativa, por el contrario, hubo un incremento en la violencia física del 0.7%. De igual manera, la violencia sexual aumentó en un 1.2% en el área rural, mientras que en el área urbana se ha mantenido en 5.5%.
Además, la confianza de las mujeres en el Estado continúa siendo exigua, pues solo el 29.3% de estas decide acceder a una institución estatal por ayuda ante un hecho de violencia. Cabe destacar que, en el 2020 el porcentaje de victimas que acudió a instituciones fue mucho menor (26.2%), lo que se explica por las limitaciones y barreras adicionales que determinó la emergencia sanitaria, la falta de información en este contexto y el cierre temporal de los servicios regulares.
Sin embargo, se debe reconocer que este indicador es el que menor cambio ha registrado a lo largo de los años. En el 2017, las victimas de violencia denunciaban o acudían a una institución estatal en un 29.2%, cuatro años después el escenario no ha cambiado.
Observar y analizar los datos de la ENDES es clave para comprender como viene evolucionando la violencia en relaciones de pareja, una de las modalidades de violencia de género que más afecta a nuestro país. Es claro que se necesita fortalecer la prevención y la confianza de las sobrevivientes en el Estado, pues entre las razones que expresan las mujeres para no recurrir al ámbito estatal se encuentran: el sentir que no es necesario (42%), la vergüenza (16.8%), el no saber a dónde ir (11%), miedo a represalias del agresor (8.4%) y el percibir que «de nada sirve» (4,6%).
Es decir, buena parte de las sobrevivientes no recurren al estado, las razones: aún persiste una gran relativizacion de la violencia (se minimiza el riesgo), por temor a la estigmatización, falta de información sobre la ruta que deben recorrer, temor a la desprotección estatal y porque no se ha erradicado la percepción de impunidad. Esto último se refuerza cada vez que el sistema de justicia le es hostil a las víctimas.
El mensaje que socialmente se da a las mujeres es que denuncien, pero, en muchos casos, la respuesta de las autoridades es revictimizante y sancionadora de esta difícil decisión.
Casos como el de Solsiret Rodríguez,cuyos agresores al pagar la caución saldrán en libertad; o como el de Marcela que es sancionada por defender a víctimas de acoso, son solo un ejemplo.
Los agresores se apoyan en el orden de género, una estructura de poder que los sostiene y se resiste a ceder. Cada caso que queda impune, es un mensaje claro de permisividad y es un triunfo del patriarcado, que le dice a las mujeres: si te atreves a cuestionarme, te destruyo. Hasta cuándo?.
