La jueza Licy Magnolia Béjar Monge del primer juzgado constitucional transitorio de Lima va a responder, luego de 3 años y medio de presentada, la demanda de amparo que Gustavo Gorriti y Romina Mella pusieron contra la Fiscalía cuando se quiso incautar todo el material de los CNMaudios, además de exigir saber “quien se los entregó, dónde, cuándo y a través de qué medio (correo electrónico, red social, dispositivo portátil, etc.)”.
El caso era peor de lo que se veía: no solo la fiscalía quería violar los deberes de los periodistas de protección del material de investigación, sino que además, como luego se revelara, el esposo de la fiscal Córdova resultó mencionado en la trama de los audios, el entonces fiscal supremo Rodríguez Monteza era quien le pasó la voz a la red de corrupción que venían siendo investigados, y el congresista Rolando Reátegui terminó involucrado en otros casos de corrupción. Es decir, las autoridades llamadas a cumplir de ley, le debían mucho a ésta.
Al final, Gorriti y Mella defendieron firmemente su investigación junto con el apoyo de la sociedad civil, Reátegui terminó sometido a la justicia y Rodríguez Monteza ha sido destituido por la Junta Nacional de Justicia. La fiscal Córdova continúa ejerciendo en casos relevantes de corrupción al igual que el fiscal Rurush.
¿Quiere decir que la jueza Béjar ya no tiene por qué pronunciarse sobre el caso? No. Si no fuera por los periodistas, la sociedad civil y los medios de comunicación que pusieron en evidencia el escándalo de los audios y se indignaron saliendo a las calles en una de las protestas más contundentes contra la corrupción, las amenazas contra los periodistas hubieran continuado. Además, las amenazas de incautación y las diligencias ilegales (sin documento judicial o fiscal de por medio) provenían del mismo Ministerio Público, la institución que debe respetar la legalidad, y de sus más altos funcionarios (un fiscal supremo que se había desempeñado como fiscal de control interno). El perfil de los funcionarios demandados en el amparo, así como la materia de corrupción de la que se trataba la investigación periodística exige que el Poder Judicial se pronuncie para que esto no vuelva a suceder, más aún cuando ha quedado expuesto que desde la propia Fiscalía se pueden generar redes de corrupción y amenazas a los periodistas.
Además, en julio de 2018, los periodistas no tenían otra herramienta legal que el proceso de amparo para defenderse (el CNM estaba cooptado, el Congreso buscaba la impunidad). Una herramienta que ha demorado casi 3 años y medio en darles una primera respuesta. El Poder Judicial se la debe no solo a los periodistas, sino a todos los ciudadanos que salieron a las calles en defensa de su derecho a informarse. Esta es la expectativa, además, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en audiencia del 1 de octubre del 2018 saludó el rol que IDL-Reporteros y Justicia Viva tuvieron en la publicación de la red de los CNMaudios, y preguntó al Estado sobre el resultado de las medidas efectivas de protección para los periodistas (el amparo ya había sido presentado). Así, la audiencia única en que se verá este amparo, programada para las 3.30pm del lunes 21 de marzo, tiene todas las razones para ser pública. Y si no lo fuera, esperamos, al menos, que haya justicia para la no repetición en los ataques a los periodistas en medio de la lucha contra la corrupción.
