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¿Se pueden prohibir los monopolios? | Sudaca - Periodismo libre y en profundidad
Maria Fe Álvarez Calderón

¿Se pueden prohibir los monopolios?

"A raíz del alza de precios de los alimentos y otros bienes, el Gobierno ha reaccionado con una propuesta de regulación de los monopolios y oligopolios. Sin ánimo de agotar el debate con este breve artículo, creo que esta propuesta tiene al menos tres fallas."

No cabe duda de que la libre competencia es fundamental para el desarrollo óptimo del mercado y el bienestar de la población. Los beneficios de la libre competencia no se agotan en la reducción de precios, también incentiva la innovación, promueve mejoras en los servicios, reduce el poder de actores individuales en el mercado y fomenta la democracia. Así las cosas, una adecuada política de fomento de la libre competencia cosechará mejoras dentro y fuera del mercado. Es comprensible entonces que un foco de un gobierno esté en la constante evaluación y mejora de estas políticas.

A raíz del alza de precios de los combustibles -y la consecuente alza de precios de los alimentos y otros bienes-, el Gobierno ha reaccionado con una propuesta de regulación de los monopolios y oligopolios. Sin ánimo de agotar el debate con este breve artículo, creo que esta propuesta tiene al menos tres fallas.

La primera y más importante falla es que esta propuesta no ataca el problema planteado. 

Si bien la estructura de un determinado mercado puede impactar en el precio de los productos, este no es el único factor determinante, y, en este contexto, está lejos de ser la causa principal. En la formación del precio inciden factores como el contexto mundial. La guerra entre Rusia y Ucrania ha generado un alza en el precio de los combustibles a nivel mundial, que a su vez ha impactado en la cadena de distribución de los alimentos. Siendo ello así, la prohibición de monopolios y oligopolios no impactará en el alza de los precios coyuntural.

La segunda falla es que la propuesta ignora que el abuso de monopolios y oligopolios ya está prohibido y sancionado. 

Según el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, el Estado “combate […] el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.”

El abuso de posición de dominio ocurre cuando una empresa que tiene poder en un determinado mercado, sea por falta de competencia o por preferencia del consumidor, ejecuta actos para excluir a competidores -existentes o potenciales- de ese mercado. La investigación y sanción de estas prácticas se encuentra a cargo de INDECOPI. Por ejemplo, el pasado 18 de abril se confirmó una sanción a una compañía suministradora de energía en Lambayeque y Cajamarca por abusar de su posición de dominio.

Por otra parte, recientemente se ha implementado el control previo de operaciones de concentración empresarial, a partir del cual INDECOPI evalúa las fusiones y adquisiciones entre compañías que operan en el Perú, con el objetivo de evitar que estas operaciones tengan un impacto negativo en el mercado. Esto, en la práctica, limita la formación artificial de monopolios.

La tercera falla es que esta propuesta es inejecutable.

La razón por la que la Constitución señala que se combate “el abuso de posiciones dominantes o monopólicas” es que se reconoce que en la práctica no es posible prohibir un monopolio u oligopolio. Hoy en día en Lima existe un monopolio en la prestación del servicio de agua potable. Prohibir los monopolios implicaría: (a) forzar a un competidor a entrar a ese mercado, independientemente de si hacerlo es eficiente o no; o, (b) forzar al actual prestador del servicio a salir del mercado y, en consecuencia, dejar de prestar el servicio. 

La estructura de un mercado responde a diversas características de la industria. En algunos escenarios es positivo que exista un gran número de competidores, pero este no es siempre el caso. Sea porque operar en el mercado requiere de grandes inversiones, por escasez de insumos o infraestructura limitada, es posible que lo eficiente en algunos casos sea que existan pocos o incluso un solo proveedor.

Esto, sin embargo, no significa que el Estado no pueda hacer nada para promover la competencia. Ahí donde la reducida competencia responda a falta de incentivos para invertir, el Estado puede trabajar en reducir las barreras burocráticas que alejan la inversión, así como fomentar la confianza de los inversionistas, a través de la implementación de reformas para el fortalecimiento de la estabilidad política, la designación de funcionarios públicos preparados y el respaldo a políticas de cumplimiento y anticorrupción.

Finalmente, es notoria la importancia del INDECOPI en el diseño, cumplimiento y constante evolución de las políticas de competencia en mercados dinámicos. En tal sentido, resulta fundamental que el Gobierno concentre sus esfuerzos en fortalecer su institucionalidad, diseñar mecanismos para su autonomía funcional y otorgar los fondos suficientes para el desempeño de sus funciones. A la ciudadanía le toca el rol de vigilar que la institución haga bien su trabajo.

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