La encuesta llevada a cabo por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) grafica un momento particularmente complejo y dramático para el país. Sus resultados permiten entender algunas de las decisiones de los actores tanto políticos como institucionales. Así, por ejemplo, el intento de disolución del Congreso de la República, ejecutado por Pedro Castillo, es aprobado por el 44% de los encuestados. Si los resultados son vistos por segmentos se tiene que el 52% del Perú rural, el 58% del Sur y el 54% del Centro aprueba tal medida. Al igual que el 52% y el 41% de los entrevistados de los niveles socioeconómicos D/E y C respectivamente.
Resultados que guardan correspondencia con la desaprobación del Congreso. El 80% lo desaprueba. Porcentaje que se incrementa a 82% en el nivel socioeconómico D/E y a 86% entre los encuestados cuyas edades se encuentran entre los 25 y 39 años. Es interesante resaltar que el 24% de aquellos que ideológicamente se identifican como de Derecha aprueba al Congreso. En tanto, el 91% de aquellos que dicen ser de Izquierda o el 82% que se reclama de Centro lo desaprueban.
En ese sentido, bien vale la pena preguntarse por las razones que han motivado dicha desaprobación. ¿Acaso no es un hecho incuestionable que los mismos parlamentarios han contribuido al descrédito del Congreso por acción u omisión? ¿Acaso no han actuado con entusiasmo y esmero en función de intereses particularísimos ajenos al bien común y el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas? ¿Acaso han respondido a las demandas y movilizaciones en pro del adelanto de elecciones de los últimos días con un saldo doloroso de 25 personas muertas y cientos de heridos? El 17 de diciembre, los congresistas votaron el texto sustitutorio de adelanto de elecciones: 33 votaron en contra, 25 se abstuvieron y 49 lo hicieron a favor. En tanto, 21 parlamentarios no asistieron a votar. La votación evidencia su miopía, insensibilidad y angurria por el poder. A lo que se agrega, en este mes de diciembre, 34 mil buenas razones para seguir siendo congresistas cueste lo que cueste.
En cuanto a la presidenta de la República, Dina Boluarte, solo el 27% de los entrevistados está de acuerdo con que haya asumido la presidencia luego de la vacancia de Pedro Castillo; en cambio, el 71% de los encuestados está en desacuerdo. Cifra que se incrementa en el Perú rural a 77% y en el Perú urbano a 74%. Es más, el 84% en el Sur, el 79% en el Centro y el 71% en el Norte están en desacuerdo. Asimismo, el 86% de los encuestados que se identifica ideológicamente con la izquierda; y el 75% y el 72% de los niveles socioeconómicos D/E y C respectivamente. Es probable que tal desaprobación se relacione con su afirmación de que si era vacado Castillo se iba con él o que gobernaría hasta julio del 2026.
Lo último avivó las protestas en varios puntos del país y provocó que se desdiga y plantee el adelanto de elecciones para abril del 2024. Propuesta que se condice con que haya Elecciones Generales antes del 2026 como opina el 87% del Perú urbano y el 83% del Perú rural; y el 91% del Sur y el 88% del Centro. Hoy nos encontramos en una encrucijada. En mucho dependerá de lo que hagan o no el poder ejecutivo y el legislativo para salir de ella. La presidenta sin partido ni bancada congresal ni mucho tino político; y los congresistas sin mayores incentivos para adelantar las elecciones pueden exacerbar aún más las tensiones sociales y generar, por lo tanto, las condiciones para una intensificación de las movilizaciones y protestas ciudadanas. En tal escenario, solo queda, en un acto de desprendimiento, la renuncia de Boluarte, la asunción del presidente del Congreso o de un congresista como Presidente de la República de un gobierno de transición y la convocatoria inmediata a elecciones generales. Así se restituiría algo de dignidad al ejercicio de la política.
