Durante el Gobierno de Martín Vizcarra se publicó la Ley Nro. 30944 que crea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANCMP). Este organismo tiene a su cargo el control funcional de los fiscales de todos los niveles y del personal de función fiscal del Ministerio Público, salvo el caso de los fiscales supremos que es competencia exclusiva de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Además, se encarga de la prevención, supervisión, inspección, investigación, instauración del procedimiento disciplinario e imposición de la sanción conforme a la Ley de Carrera Fiscal.
El jefe de la ANCMP ya no será más un fiscal supremo en funciones, como sucede actualmente en la Fiscalía Suprema de Control Interno, sino que serán abogados (litigantes o ex funcionarios públicos) elegidos por la JNJ en concurso público para ejercer el cargo a dedicación exclusividad absoluta.
La ANCMP gozará de autonomía económica, funcional y administrativa; y tendrá las mismas incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y beneficios que cualquier fiscal supremo. En tal sentido, ya no serán fiscales designados por sus superiores para ejercer la función de control por un periodo de tiempo y luego volver a sus plazas de origen; sino que serán elegidos por concurso público y representarán una nueva especialidad, con participación de la Academia de la Magistratura.
Cabe resaltar que, ante una falta muy grave contemplada en la Ley de la Carrera Judicial o Fiscal, el jefe de la ANCMP podrá ser removido sólo por la JNJ.
¿Quién resultó ganador del concurso público?
Increíblemente, la JNJ dio como ganador, por un estrecho margen, al controvertido exmagistrado Juan Antonio Fernández Jerí. Según su curriculum vitae presentado:
1.- Fue juez de paz letrado provisional de Chachapoyas (1993 -1997) Esto quiere decir que durante el tiempo que desempeñó esta función, también seguía siendo gerente general del estudio de abogados que lleva su nombre, y que en ese entonces tenía su sede en el mismo Chachapoyas, lo que indicaría un manifiesto conflicto de intereses.
2.- Fue vocal superior suplente de la Sala Mixta Descentralizada de Utcubamba (2005 – 2006).
3.- Fue gerente general del Estudio Fernández Jerí Asociados Amazonas (1993 -1998).
Las ausencias en este curriculum nos suscitan las siguientes interrogantes:
- ¿Por qué no consignó desde cuándo y hasta que fecha participó activamente en su estudio de abogados “Estudio Fernández Jerí Consultores y Abogados” que funciona desde marzo de 1998 hasta la actualidad, y en el que desempeña el cargo de Director Ejecutivo? (33 años y 2 meses).
- ¿Por qué no señaló que laboró como asesor del despacho de José Antonio Peláez Bardales, ex fiscal de la Nación de pública “simpatía” por el partido aprista peruano?
- ¿Por qué no consignó si es cierto que pertenece a la Logia de los Masones desde el año 2011, junto con Oswaldo Bautista Carranza, y el investigado por corrupción y organización criminal Gonzalo Zabarburú Saavedra?
Por otro lado, existe una grave imputación contra Fernández Jerí que fue arbitrariamente archivada sin haberse investigado:
1.- El año 2014 fue injustamente procesado y metido a prisión Domingo Guerrero Dávila acusado de haber dado la orden para asesinar a Augusto Wong López, ex vicepresidente del Gobierno Regional de Amazonas.
2.- Su hija, la señora Guerrero Mego, denunció ante el procurador anticorrupción, Cristhian Salas Beteta, que el juez superior Gonzalo Zabarburú Saavedra le había pedido S/30,0000 soles para liberar a su padre a través de un abogado de la zona; y que José Antonio Fernández Jerí, quien en ese entonces se ufanaba de ser “el brazo derecho” de Peláez Bardales” y que “por sus manos pasaban todos los fiscales”, por intermedio de su secretaria Nilda Caja Julqui le había pedido S/ 80,000.00 soles.
Consideramos que la JNJ debería declarar desierta la plaza de Jefe de la ANCMP por las siguientes consideraciones:
- Porque no ha citado a la testigo Yanet Guerrero Mego, quien en 2014 denunció los hechos de corrupción de Fernández Jerí.
- Porque no ha oficiado a la Fiscalía Suprema de Control Interno para que le remitan todo el acervo documentario de la denuncia contra José Felicino Novoa Vásquez, Gonzalo Zabarburú Saavedra y Juan Antonio Fernández Jerí, que concluyó con una resolución de archivamiento sin haber realizado la investigación. Tampoco se ha recibido el testimonio directo de la denunciante, sólo se ha resuelto con una declaración brindada en otra fiscalía, sin abogado defensor e intimidada por la fiscal que tomó su declaración.
- No ha solicitado ni recibido la carpeta fiscal de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción de Lima, a fin de determinar si la declaración de la testigo contra otros jueces o fiscales de menor jerarquía, y otros funcionarios públicos como policías, contó con las garantías constitucionales.
- No ha solicitado ni recibido de la ex Oficina Desconcentrada de Control Interno de Amazonas la carpeta fiscal de las investigaciones administrativas disciplinarias contra fiscales de primera instancia cuyos casos fueron archivados en su oportunidad, todo esto para determinar si se realizaron actos de investigación y si allí también se recibió la declaración de la denunciante Guerrero Mego.
- No ha oficiado ni recibido de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, que investiga delitos cometidos por funcionarios públicos, la información documentada de todos los escritos presentados por Juan Antonio Fernández Jerí, ejerciendo la defensa legal del controvertido Juez Édison Polo Huamán (conocido como el “rey de las medidas cautelares”, suspendido seis meses por la OCMA), quien viene afrontando una grave investigación por delitos de corrupción y organización criminal.
Si nada de esto ha realizado la JNJ, y solo ha servido para escuchar los descargos de Fernández Jerí y no a la testigo — quien se ha ratificado en su sindicación y ha desmentido abiertamente lo dicho por el ganador del concurso — su proclamación sería ilegal.
Por su parte, Fernández Jerí en su última entrevista ha señalado que él solo está esperando que le entreguen sus credenciales porque ya tiene a todo su equipo conformado, listo para trabajar con él. ¿Quiere decir que todos los que trabajarán a su lado entrarán nombrados a dedo sin participar en concursos públicos? ¿Cuántos de estos afines a Fernández Jerí vendrán del distrito fiscal de Amazonas, que tiene tantas denuncias de corrupción?
Si la Junta Nacional de Justicia insiste en proclamar a Fernández Jerí, a pesar de todos estos cuestionamientos éticos y penales, podríamos decir que estaría actuando igual que el ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que albergaba entre sus miembros a parte de una presunta organización criminal denominada “Los cuellos Blancos del Puerto”, en la que uno de sus integrantes, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, destituido por la JNJ, investigó hasta el 2017 a Fernández Jerí en su calidad de fiscal supremo de Control Interno y, mediante una resolución prevaricante e inmotivada, archivó la denuncia contra esta persona y dos magistrados cuestionados de Amazonas, quiénes actualmente vienen siendo investigados por la Fiscalía Suprema de la doctora Bersabeth Revilla Corrales por actos de corrupción y pertenecer a una presunta organización criminal.
Por todos estos hechos irregulares, la JNJ debe declarar desierta la convocatoria.
