Hace bien el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, en anunciar que serán televisadas las sesiones en las cuales se discutirá las impugnaciones y observaciones a las actas de la segunda vuelta electoral.
Es perfectamente legítimo que Keiko Fujimori dispute las actas impugnadas. Pueden cambiar el rumbo de la elección (grosso modo hablamos de 140 mil electores) y claramente, en algunos casos, parecen obedecer a una estrategia de Perú Libre por dilatar el proceso o por sacar esas actas del conteo rápido que iba a efectuar Ipsos el domingo.
La voluntad popular manda y no se puede violentar por detalles absurdos, como muchos de los que se han conocido en las últimas horas. Y así sea por un voto de diferencia, quien gane en el conteo será el próximo Presidente de la República.
De hecho, a Keiko Fujimori no le han bastado los votos del exterior para alcanzar a Castillo. La única manera de lograr el triunfo es que las actas impugnadas sean en su mayoría a favor de ella y que las mismas sean validadas por nuestras autoridades electorales. De eso se trata, de hacer respetar la voluntad de las mayorías por encima de triquiñuelas de personeros adiestrados.
Cualquiera de los dos candidatos necesita la mayor legitimidad posible para emprender un mandato que nace polarizado y con crisis de representatividad (la mitad del país ha votado en contra del elegido, sea quien lo sea finalmente). No puede haber el menor atisbo de duda respecto de la legalidad del proceso y allí jugará un papel muy importante el JNE.
Gritar fraude de antemano es irresponsable. Keiko se cuidó de no hacerlo imputándoselo a las autoridades electorales, pero ha tensado el ambiente innecesariamente, aunque se entiende la necesidad de movilizar políticamente a sus huestes y así presionar a las autoridades a que fallen en conciencia y no por intereses políticos subalternos. Pero se espera que si gana Castillo, Keiko no solo lo reconozca de inmediato sino que lo salude democráticamente.
Si el país vota por un candidato de izquierda hay que aceptarlo y permitirle que ejecute un gobierno de esas características. Mientras no violente el Estado de Derecho ni la Constitución, tendría el legítimo derecho político de gobernar desde la izquierda y la derecha debe aceptarlo sin menoscabar su legitimidad y, por supuesto, mucho menos aún, invocar el fantasma de la interrupción militar del proceso, como algunos descabellados termocéfalos ya están haciendo.