Craso error ha cometido el ministro de Educación Ricardo Cuenca si acaso albergó la idea de desactivar los colegios de alto rendimiento, COAR, por aparentes discrepancias con el modelo educativo que está detrás de los mismos.
Al final, ha retrocedido a medias y ha anunciado que hará los esfuerzos por mantener el esquema de admisión de este año (no ha sido del todo claro), aunque la explicación de que lo hizo porque el presupuesto no le asignaba partida para este año no parece ser tan cierta, ya que sí existe ese pliego considerado. Sería deseable una mayor precisión por parte del titular de Educación.
Es verdad que el esquema de los COAR es controversial. Hay expertos en la materia que señalan que la excelencia educativa debería ser general al sistema público y no circunscrito a ciertas unidades escolares destinadas a los alumnos con mejor rendimiento o mayores capacidades intelectuales, así como otros que estiman que construir una pirámide no es necesariamente malo y que, inclusive, podría ayudar a irradiar paulatinamente mayor calidad al conjunto.
Pero lo que no admite disenso es la tesis de que si alguna decisión estratégica se va a tomar al respecto (si mantener los COAR o desactivarlos), ello no le corresponde a un gobierno de “transición y emergencia”, como el propio presidente Sagasti gusta de calificar a su administración.
Las tareas del actual gobierno son pocas y muy claras: luchar contra la pandemia, reactivar la economía y asegurar elecciones limpias. Además de ello, solo tareas administrativas que aseguren el mejor funcionamiento del Estado. No le da la tela para hacer reformas. Tampoco el tiempo. No tiene la legitimidad de origen para animarse a hacer cambios de fondo en ninguno de los aspectos de la administración pública.
Haría bien por ello el Presidente en llamarle la atención a sus ministros y funcionarios de primer orden al respecto. Si alguno de ellos quiere dejar impresa su huella digital en el portafolio que administra, pues que renuncie, se inscriba en algún partido en la contienda y espere a que gane para, con el respaldo institucional de los votos, animarse a hacer reformas de fondo para el periodo de cinco años que le correspondería.
