“Los indicadores de calidad que tienen en la cabeza los directivos de la Sunedu corresponden a otras realidades”, Alfredo Rodríguez, asesor de Carlos Gallardo, hoy censurado Ministro de Educación.
¿A cuáles “indicadores de calidad” se refiere el asesor? ¿Acaso a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) cuyo cumplimiento permite el licenciamiento de las universidades? Según la Ley Universitaria, la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es la instancia responsable del licenciamiento de las universidades. Licencia que, por cierto, es temporal y renovable y tiene una duración mínima de 6 años. Asimismo, es la que supervisa la calidad del servicio educativo universitario y fiscaliza si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades son destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad.
Como se sabe, desde finales del 2015, cada una de las universidades del país, públicas o privadas, debía demostrar ante la Sunedu el cumplimiento de las CBC para prestar el servicio de educación superior universitario. En total son 8. La primera, alude a la existencia de objetivos académicos; grados y títulos a otorgar; y planes de estudios correspondientes. La segunda, a la oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento. La tercera, a la infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros). La cuarta, a las líneas de investigación a ser desarrolladas. La quinta, a la verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos de 25% de docentes a tiempo completo. La sexta, a la verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros). La séptima, a la existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (Bolsa de trabajo u otros). Y, la última, a la transparencia de las universidades.
Desde aquel entonces, 145 universidades solicitaron su licenciamiento. De ese total, 94 fueron licenciadas y 51 no. De las 51 universidades no licenciadas, 48 fueron privadas y 3 públicas. Todas estas universidades, por ejemplo, incumplieron tres CBC relacionadas a objetivos académicos, programas de estudio y grados académicos; investigación y mecanismos de inserción laboral de sus egresados y graduados. Una evidencia que el anterior procedimiento para crear universidades, bajo la responsabilidad de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), no era el más adecuado y no garantizaba condiciones mínimas de calidad para la prestación del servicio educativo superior universitario. Por eso mismo, se le reformó mediante la promulgación de la Ley Universitaria el 3 de julio de 2014.
A la fecha, el impacto de la reforma universitaria ha sido positivo. Por citar solo algunos ejemplos. En primer lugar, el aumento de publicaciones en revistas indexadas en Scopus. Se pasó de 1770 en el 2014 a 5823 en el 2020. Scopus es una base de datos de prestigio en el mundo académico y los criterios que utiliza para incluir una publicación son muy exigentes. En segundo lugar, el porcentaje de docentes a tiempo completo en las universidades públicas y privadas, en promedio, se duplicó entre el 2015 (25%) y el 2021 (48%). En tercer lugar, el porcentaje de docentes incorporados, luego del licenciamiento, en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT) aumentó de 2% a 5.5%. Los cuales son calificados, clasificados e inscritos de manera rigurosa.
El sentido de la reforma universitaria ha sido garantizar condiciones mínimas de calidad para el funcionamiento de las universidades. A partir de lo cual, revisarlas y mejorarlas periódicamente para ir elevando el nivel de la calidad educativa. Una apuesta y una necesidad que se condicen con lo señalado por Unesco: “En las dos últimas décadas, la garantía de calidad en la educación superior ha alcanzado un impulso significativo en todo el mundo, en un esfuerzo por asegurar que los estándares educativos se mantienen y refuerzan”.
Por último, confiemos que quien reemplace al Ministro de Educación no piense, como pensaba su asesor, que “el concepto de calidad es un concepto eurocéntrico que quiere decir que creen que las universidades del Perú deben ser equiparables con las universidades europeas”.
