Otro de los ministros que ya merece ser interpelado y eventualmente censurado es el ministro del Interior. Su cartera es la responsable de que el caos y el desorden estén imperando en el país, sin contar con el aumento delincuencial que se aprecia en los últimos meses y que también es su responsabilidad.
No es posible que Cuajone lleve más de un mes paralizada porque una comunidad aledaña simplemente le ha cortado el acceso al agua de un reservorio -sin ello, la mina no puede operar ni mantener a las cinco mil personas que dependen de la empresa- y, además, ha vandalizado las líneas férreas con las que opera.
Es inadmisible que también hace más de un mes, comunidades minoritarias de la zona colindante al lote 95, en la selva peruana de la provincia de Requena, Loreto, que opera Petrotal -de donde sale la mitad del petróleo del país-, impidan el acceso al lote y bloqueen todo acercamiento fluvial, y al igual que sucede con la mina Cuajone, las fuerzas del orden brillen por su ausencia. Hay, en la práctica, 500 personas secuestradas y el régimen no toma decisión rápida, con inteligencia operativa.
Del mismo modo, hemos sido testigos del bloqueo de carreteras estratégicas de todo el país por parte de los transportistas de carga pesada quienes olímpicamente cometen un delito, afectando el libre tránsito ciudadano, a cuenta de reclamos que bien podrían canalizarse de otra manera (pueden paralizar sus labores y ya ello tendría impacto, no escalar delictivamente la protesta, como lo han hecho). Y nuevamente, en éste, como en los anteriores casos, la policía nacional pasa inadvertida.
No admite explicación que recurrentemente se bloquee el corredor minero del sur (Las Bambas está nuevamente en el ojo de la tormenta por un proyecto de expansión) y tal como sucede en todos los casos señalados anteriormente, el Estado policial no existe, mira de costado.
El gobierno, aparentemente, disfruta de la algarada callejera. No parece darse cuenta que ahora está del lado del orden público y de la defensa de la paz social, no de atizador que mira con simpatía encubierta estas protestas delictivas que se ven por todo el país, sin control ni remedio.
Corresponde al Legislativo citar al titular del Interior, Alfonso Chávarry, y exigirle explicaciones prontas. Y si las que eventualmente brinda no resultan satisfactorias, cabe que, sumariamente, se le censure. No se puede permitir que el vandalismo se apodere del país. La ineptitud de este gobierno está destruyendo el orden social y democrático del Perú, y no se puede ser cómplice de ello.
