El 2021 ha sido un año contradictorio para los derechos de las mujeres, por un lado, se han reflejado algunos avances normativos y en políticas; sin embargo, también se ha retrocedido en términos de paridad y ha quedado clara la tendencia a instrumentalizar la lucha contra la violencia de género en contextos de crisis y pugnas por el poder político.
Centrándonos en lo positivo, podemos recordar que se aprobaron los “Lineamientos y la Estrategia nacional de prevención de la violencia de género contra las mujeres “Mujeres libres de violencia”; política de alcance nacional orientada a desnaturalizar la violencia de género y promover autonomía. Así mismo, se han fortalecido las disposiciones en el contexto de pandemia para que las denuncias puedan hacerse por medios virtuales y en Plataformas Digitales, todo lo cual modifica y fortalece la ley de violencia 30364.
A nivel del legislativo, vemos mayores avances en el primer semestre del año y un lamentable silencio en el actual congreso, lo que se debe a que la agenda del legislativo ha estado centrada en las pugnas políticas más que en los problemas que realmente aquejan al país. Salvo honradas excepciones, la producción normativa a favor de la igualdad no ha sido la esperada. Entre marzo y abril se aprobaron cuatro normas favorables a los derechos de las mujeres como por ejemplo: la ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política (Ley 31155), la ley que permite el uso de canales electrónicos para la denuncia de los casos de violencia (Ley 31156), la ley que promueve la inserción laboral de las victimas de violencia en los programas que ejecutan las entidades públicas (Ley 31153) y la ley que promueve y garantiza el manejo de la higiene menstrual en niñas, adolescentes y mujeres vulnerables (Ley 31148).
Sin embargo, se debe destacar un hecho crucial que podría contribuir a garantizar los derechos reproductivos de las mujeres; 22 congresistas han firmado el Proyecto Legislativo 954/2021 de la Congresistas Ruth Luque, que plantea la despenalización del aborto en casos de embarazos como consecuencia de violación sexual, gran pendiente del Estado para proteger la vida y salud integral de miles de mujeres y niñas. Este PL debe ser debatido en el 2022.
Sin negar los avances o los intentos de avanzar en el camino hacia la igualdad por parte de algunos actores, preocupa la instrumentalización de los derechos de las mujeres en el contexto político, tanto de parte de la oposición al gobierno como las tardías reacciones de parte de este para separar a personas con actitudes abiertamente machistas de los espacios de decisión gubernamental. Así mismo, indigna que el partido oficialista Perú Libre, pretenda encubrir o desestimar las denuncias de una militante victima de un ataque sexual. Claramente no existe en este, ni en otras muchas agrupaciones políticas, una convicción auténtica para la defensa de los derechos de las mujeres.
Una democracia real, transformar el modelo social de desarrollo social y económico para generar mayor bienestar debe hacerse priorizando los derechos humanos y estos incluyen los derechos de las mujeres.
Esperemos que el 2022 sea un mejor año para avanzar en una transformación con igualdad real. Mientras tanto feliz año, la esperanza no se pierde.
