Lo que le corresponde hacer a la derecha, la principal fuente de oposición del gobierno de Castillo, es agrupar fuerzas, consolidar las logradas, y esperar pacientemente a que se produzca el “momento destituyente”, que solo acontecerá cuando aparezcan pruebas claras o indicios razonables de que el presidente está comprometido en actos de corrupción.
Pretender vacar a Castillo por “traición a la patria” o por incapacidad moral por designar funcionarios mediocres, o corruptos en algunos casos, es una quimera, un despropósito, un exceso, que no va a lograr que se amplíe la capacidad de influencia de la derecha, sino que, por el contrario, la acota.
Por lo pronto, le debe quedar claro que no va a ser posible vacar a Castillo -que es su objetivo máximo- si no logra adherir a la causa a la izquierda moderada que anida en Juntos por el Perú, y que ha sido expectorada del gobierno de malas maneras. Lo propio con las bancadas de centro: morados, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos. Con ellos suman más de los 87 votos necesarios para vacar a Castillo. Sin todos ellos, es imposible.
Pero eso pasa por un trabajo político de coordinación que empiece por plasmar otros objetivos y no meterse entre ceja y ceja, obcecadamente, que la vacancia es la única opción opositora aceptable (a este paso, si Castillo no lleva su desprolijidad al extremo de ser atrapado en un acto de corrupción, va a durar los cinco años de su mandato).
Lo hemos dicho: hay tareas opositoras urgentes y necesarias. Por ejemplo, censurar a los ministros incompetentes. Uno tras otro. Obligar así a Castillo a recomponer su gabinete cuantas veces sea necesario hasta por lo menos lograr encaminarlo en la senda tecnocrática y burocrática sensata. A la fuerza, ya que por propias convicciones no va a ocurrir.
Luego, proponerse algunas reformas importantes que requieran una coordinación multipartidaria, como una suerte de almacigo de lo que luego podría ser una coalición vacadora (siempre y cuando, hay que insistir en ello, se den las condiciones; de lo contrario, seríamos testigos de un golpe de Estado parlamentario). La más asequible, porque no toca los intereses subalternos de las mafias informales de las que también son acreedores algunos partidos congresales, es la salud pública, o -luego de las elecciones municipales y regionales- el proceso de descentralización. Si no se produce ese trabajo político de coordinación, el día que de verdad haga falta juntar los 87 votos vacadores, ni siquiera los van a poder conseguir.
