Keiko Fujimori: “Yo no voy a terruquear a nadie” empezando la segunda vuelta electoral.
A través de nuestras vidas forjamos opiniones en función de narrativas que se piensan objetivas pero son mecanismos de control social que responden a los intereses de las clases dominantes. Durante los últimos meses hemos visto el uso del terruqueo como un mecanismo de persecución mediática y judicial contra personas, desde políticos a artistas, que se atreven a salir de las normas impuestas por la narrativa dominante. El relato oficial sobre nuestra historia más reciente, es decir del conflicto armado, ha facilitado que el terruquear sirva para legitimar a las clases dominantes remecidas por un nuevo orden social desde el triunfo de Pedro Castillo y Perú Libre.
Para la comunidad PEX el terruqueo tampoco es ajeno. Después de Lima, EEUU es uno de los bastiones de la derecha peruana más importantes ya que alberga a más de 300 mil votantes. Con spots en la TV con Pedro Castillo junto a Hugo Chavez y Abimael Guzman, el fujimorismo grotescamente intentó crear “pánico” entre la comunidad peruana. Fiel a su estilo usó las redes sociales además para amenazar con la deportación a simpatizantes de Perú Libre con el cuento de que el comunismo está prohibido en EEUU. Lo cierto es que existen varios partidos comunistas en EEUU que son legales, y muchos partidos de izquierda siguen creciendo como el partido Democratic Socialist of America (DSA) que tiene a la popular Alexandra Ocasio-Cortez como una de sus líderes y seguidoras más entusiastas del izquierdista Bernie Sanders.
La narrativa dominante post-conflicto armado que contiene relatos falsos y medias verdades se ha normalizado por la aceptación de la sociedad, el Estado y sus instituciones y amplificada por la prensa. Eso también ha afectado a una parte de la izquierda peruana que está sumergida en la narrativa neoliberal y anti-comunista, y caen en posiciones tibias y no confrontacionales. La cultura dominante refleja los miedos y la desinformación selectiva de la clase media limeña, y ganarse a esos grupos es para cierta izquierda un objetivo, por lo tanto es mejor ser tibios que ser terruqueados.
El relato oficial del conflicto armado tiene en parte su origen en las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). A 20 años de su creación, aún sigue siendo un documento importante. Mientras es encomiable que en las conclusiones se haya extendido en el análisis y explicación de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por Sendero Luminoso, no se explica de igual manera en profundidad y rigurosidad sobre la responsabilidad de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas durante los gobiernos de F. Belaunde, A. Garcia y A. Fujimori. De alguna manera las conclusiones de la CVR justifican esos crímenes como falta de preparación e improvisación del Estado. Este desbalance ha sido usado como argumento perfecto para la creación de un relato a favor de las clases dominantes.
Investigaciones del economista Silvio Rendón demuestran que la CVR redujo en sus proyecciones el porcentaje de víctimas a manos de agentes del Estado*. Estas omisiones y otras como el rol de los empresarios y el clero en la guerra antisubversiva, la razón de crear el Plan Verde paralelamente al avance de Sendero Luminoso y otros temas irresueltos impidieron crear un momento político para exigir una reforma militar y desmantelar la “fujimorización” del estado peruano. Ahora estamos pagando eso con el terruqueo y la intromisión de las fuerzas armadas en el gobierno como la Marina, y permitimos políticos golpistas y ex militares como W. Zapata, J. Montoya, R.Chiabra y D. Urresti vinculados a la corrupción y violaciones de derechos humanos.
Han pasado más de 40 años desde que empezó el conflicto armado y una generación espera justicia antes de morir. Es necesaria una revisión de la historia y la construcción de una verdad que sirva para el país y no para una elite. Se necesitan organizar conversaciones difíciles pero necesarias sobre los sucesos de Uchuraccay, Los Molinos, El Frontón, Castro Castro, y la embajada de Japón así como otros crímenes del Estado no resueltos. Se necesita acceder a información desclasificada sobre las acciones de las fuerzas armadas y policiales, conocer el rol de la C.I.A. en la lucha antisubversiva, e incorporar las voces y poder de decisión de las comunidades directamente impactadas por la violencia. Tenemos derecho a la verdad.
Como el premier Guido Bellido hay peruanos y peruanas que no son parte de la elite limeña y tienen una interpretación sobre el conflicto armado diferente al relato oficial. Eso no los convierte en senderistas. No debemos escoger quienes son y no son víctimas. No puede haber reconciliación sin primero descolonizar nuestras mentes de la narrativa dominante que solo ha servido para afianzar el capitalismo corporativo en el Perú.
*Capturing correctly: A reanalysis of the indirect capture–recapture methods in the Peruvian Truth and Reconciliation Commission publicado por la revista Research and Politics, SAGE Journals, 2019
