La izquierda peruana, fracasado su intento de tomar el poder por la vía de la protesta social violenta, ahora ha elegido el mecanismo de la denuncia periodística y la agitación parlamentaria vacadora para traerse abajo a un gobierno del que abominan y al cual les conviene oponerse para buscar reciclarse del inmenso desprestigio que arrastra por haberse plegado incondicionalmente a las trapacerías de Pedro Castillo.
Es de esperar, por supuesto, que el centro y la derecha no sean tan torpes de dejarse llevar por las narices por esta izquierda venal. Los muertos son, sin duda, un pasivo de este gobierno, pero no son atribuibles ni política ni penalmente a la presidenta de la república (como tampoco lo son al expresidente chotano los fallecidos por protestas durante su propio gobierno, o a Sagasti o anteriores mandatarios).
No es éste un gobierno tecnocráticamente muy eficaz -lo vemos con el tema de los desastres naturales-, tampoco está libre de cortedad -lo apreciamos en la ausencia de reformas de largo plazo-, ya muestra atisbos de corrupción en algunas instancias públicas (el caso de Migraciones es flagrante), no levanta en sus términos de aprobación ciudadana, como muestran las encuestas, pero la presidenta aún está libre de imputaciones serias (lo del caso Shimabukuro es artillería liviana, claramente parte de una estrategia de demolición de sus exsocios castillistas).
Lo peor de todo es que, tal como están dadas las cosas, la vacancia eventual de Boluarte, no conllevaría a un cambio total del Ejecutivo y el Parlamento, ya que hay suficientes voces en el Congreso que hablan de que, en tales circunstancias, solo procederían elecciones presidenciales e, inclusive, que lo que correspondería es que el sucesor parlamentario que reemplace a Boluarte debería culminar el mandato hasta el 2026. Nos enfrentaríamos, si tal vacancia prosperase, a una crisis política terriblemente mayor a la que hoy afronta el país con el mandato de la presidenta en funciones.
Hoy por hoy, salvo que suceda algo extraordinario (una explosión social o un caso de corrupción serio que toque a la presidenta), lo que más le conviene al país es cierta estabilidad y ello pasa porque Boluarte dure hasta el 2026. Y a hacer votos porque mejore ostensiblemente su hasta ahora mediocre gestión.
