Ha hecho bien el gobierno en reaccionar rápidamente y aprobar en Consejo de Ministros un proyecto de ley que adelanta las elecciones generales para el 8 de octubre del 2023.
Lo más probable es que el Congreso rechace este proyecto de ley, como ha rechazado la reconsideración planteada -¿mañosamente?- por Fuerza Popular, que lo único que logró es tirarse abajo el adelanto ya aprobado para abril del 2024.
Pero en política importan los gestos y bien podrá decir el gobierno que ha sido el Congreso, nunca tan desprestigiado como ahora, el que impidió que se acogiese la demanda popular por adelantar las elecciones.
Algunas dudas aparecen en el horizonte del escenario más probable, aquel que vuelve las cosas a fojas cero y extiende el mandato vigente de la Presidencia y del Congreso, hasta el 2026. ¿Retomará fuerzas el conflicto social y será capaz de ejercer la presión suficiente para forzar la renuncia de Boluarte y lograr así que el Congreso asuma la presidencia y convoque de inmediato a elecciones?
¿Podrá resistir Boluarte una protesta que ya empieza a replantearse algunos errores cometidos, como el de la “Toma de Lima”, que fue un fracaso rotundo, y ahora ha decidido atrincherarse en sus respectivas regiones? ¿Protestas regionales, por más intensas que sean, serán capaces de tumbarse un gobierno? ¿Los arreglos bajo la mesa de operadores del régimen con algunos financistas de la protesta (por eso el desbloqueo en el norte y sur de la Panamericana), alcanzarán, se podrán extender para llevar paz social al resto del país y así hacer menos inminente la necesidad de una renuncia presidencial?
Son preguntas que, bajo las circunstancias actuales, no tienen respuesta clara. No hay forma de saber qué sucederá en los próximos días con relativa certeza. Porque no hay claridad respecto de cuál será el accionar opositor, que aparentemente se mueve sin una organización central, y mucho menos cuál será la respuesta del gobierno, considerando que ya empezaron a surgir algunas diferencias entre la Presidenta y su Premier (el último mensaje presidencial y su absurda iniciativa de proponer una reforma constitucional, para el próximo Congreso, fue una muestra de debilidad y un afán, sin sentido, de contentar a un sector de los protestantes inútilmente). Lo único cierto es que nada está dicho ni asumido.
