Fernando Pérez cuenta que les ofrecieron una serie de beneficios en los que se incluía una caja de cervezas por cada día laborado en plena cuarentena impuesta para frenar el ascenso en la cifra de contagios por COVID-19. A causa de estas malas prácticas, el 22 de marzo de 2020, informó que dos trabajadores dieron positivo a la prueba de coronavirus. Luis Samán denunció a medios de comunicación que durante el estado de emergencia fallecieron 14 trabajadores.
“Los trabajadores de Backus fueron de los primeros en salir contagiados. Hubo más de cientos de infectados y 14 fallecidos”, denunció en ese entonces. Por tal motivo, realizó una campaña por medios para conseguir las medidas pertinentes, lo cual fue considerado como “injuria” por la empresa.
En consecuencia, el ex líder sindical fue despedido el 4 de diciembre de 2020 por la compañía y el 20 del mismo mes, la entidad lo denunció penalmente por difamación. Luis Samán, ahora ex secretario general del sindicato aseguró que la empresa cambió de actitud con el sindicato cuando la multinacional belga, AB InBev, adquirió la cervecera en el 2015.
Fernando Pérez cuenta que existe una política antisindical. “Se busca reducción de costos laborales y ha realizado persecución a dirigentes sindicales con la intención de desarticular los sindicatos”, señala el dirigente sindical.
Sin embargo, la denuncia por difamación no fue la única que Luis Samán recibió, el 2018 la empresa lo por supuesta “colaboración al terrorismo”, luego de haber realizado una campaña mediática en contra del despido de 15 trabajadores que realizaron una huelga como parte de sus actividades sindicales. Meses después, se retiraron los cargos por falta de pruebas.
Este año Luis fue repuesto a la empresa por orden del fiscal a cargo. Sin embargo, aún queda pendiente el proceso penal que hicieron por difamación que incluye una pena privativa de la libertad por tres años y una indemnización de 10.000 soles. “En primera instancia han dado la razón a Luis, pero Backus apeló y estamos a la espera de la decisión del Ministerio Público”, comenta Fernando Pérez.
Sudaca intentó comunicarse con Luis Samán para recoger sus declaraciones, pero el trabajador dijo que por el momento no da entrevistas a los medios de comunicación por el proceso judicial pendiente que tiene con Backus.
En consecuencia de la afectación a sus derechos laborales, el sindicato demanda nueve puntos entre los que destacan que el incumplimiento del pago de un laudo arbitral del año 2020-2021, la implementación del SCTR en sus plantas, condonación de la deuda a los trabajadores afectados por la pandemia y la no tercerización laboral en las áreas productivas. En caso la empresa cervecera no cumpla, el sindicato realizará una huelga indefinida nacional en mayo.
Hasta el cierre de este informe Sudaca intentó contactarse con el área de prensa de Backus, pero no obtuvo respuesta a las denuncias realizadas por los miembros del sindicato.
“¡Avancen, carajo!”, gritó el hombre después de lanzar un disparo al aire con un arma de largo alcance. Estaba montado en la tolva de una camioneta de la empresa RVR Agro, dueña del fundo Luzmila, en Ica. Al frente tenía a un centenar de obreros agrícolas que habían bloqueado una trocha de ingreso a la finca como protesta por las precarias condiciones en las que trabajan.
El hombre de pelo canoso fue identificado por el Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica (Frentagri) como Carlos Manuel Villacorta Pineda, el gerente de RVR Agro. Así lo dice a Sudaca Julio Carbajal, presidente de ese gremio. Y los datos del empresario en el Reniec no lo dejan mentir.
En los videos se observa que, mientras los trabajadores desarmados pedían a Villacorta no disparar, el hombre seguía amenazándolos con su arma. “Sin armamento, por favor. Nosotros no somos animales”, gritó una de las mujeres que grabó el hecho. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) está investigando, pero todavía no emite informe sobre lo sucedido.
Carlos Villacorta Pinedo, identificado como el hombre que salió a amedrentar a los trabajadores con un arma.
LAS DEMANDAS
Según un reporte policial al que Sudaca accedió, las protestas empezaron la mañana del lunes 17. Fue el mismo Villacorta Pineda quien llamó a la comisaría local para pedir apoyo. Pero cuando los efectivos policiales se acercaron, a las 8:30 am, la entrada del fundo Luzmila estaba bloqueada con cables, palos y cilindros.
Quienes impedían el paso eran alrededor de 100 trabajadores que reclamaban -entre otros- por la “alimentación de baja calidad que reciben”. Los obreros también denunciaron que los obligan a realizar labores de limpieza sin recibir pago alguno. En los videos se puede escuchar a uno de los manifestantes explicándole a la Policía que los tenían “una hora, dos horas ahí atrapados, limpiando, y no nos pagan nada”.
Marco Vacilo López, extrabajador de la empresa agrícola y sindicalista del Frentagri, cuenta a Sudaca que, cuando él estuvo en Luzmila hace dos años, la comida era “como para chancho” y ni siquiera les daban agua.
Otras demandas de los obreros son que les aumenten el pago por cada jaba de uva que completan y mayor salubridad en los baños. La precariedad de las condiciones laborales que deben aguantar los trabajadores en la compañía de Villacorta ya había sido registrada por inspectores de Sunafil en años anteriores, como veremos más adelante.
Aquel lunes 17, luego de un diálogo con los manifestantes, los efectivos lograron que se les permitiera el ingreso. Dice el documento de la Policía que se dirigieron al área de recursos humanos, y tuvieron una reunión con representantes de los trabajadores y de la empresa. Ambas partes, según los agentes, llegaron a un acuerdo “mediante un diálogo calmado”.
Carlos Villacorta Rath (34), hijo del dueño. Estuvo en la hacienda al momento de las amenazas.
Sin embargo, de la amenaza que quedó grabada en varios videos, los cuales se viralizaron en redes sociales, no se dejó constancia en el reporte policial. “¡Los que no quieren trabajar, se pueden ir por la puerta!”, repetía Carlos Villacorta Pinedo, escopeta en mano. Además, en uno de los videos se ve que, al costado del gerente de RVR Agro, otro hombre de polo negro también porta un arma.
De acuerdo al presidente del Frentagri. Julio Carbajal, ese segundo hombre sería familiar de Villacorta. Los apoderados de la empresa agrícola son Carlos Villacorta Rath y Rosa Villacorta Rath, hijos de Villacorta Pinedo. El primero es, según el acta policial, gerente de planta en el fundo Luzmila.
Carbajal detalla que los hechos violentos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la mañana. Según el parte policial, los agentes se retiraron al menos una hora y media después. ¿Por qué omitieron las amenazas del dueño del fundo? Pedimos insistentemente una entrevista con el jefe policial de Ica, el General Adolfo Valverde Arcos, pero el área de prensa de la institución no quiso que le hagamos preguntas.
Russell Nina, secretario de juventudes de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), considera que el parte policial “es inconsistente porque es evidente que hay diferentes tomas, en diferentes ángulos, de que los dueños del fundo estaban con armas de largo alcance. Es cuestionable que la policía no haya consignado dentro del acta policial ese incidente”.
El parte policial de los hechos omite las amenazas del pistolero.
HISTORIAL DE ABUSOS Y DEUDAS
La reciente actuación de Villacorta Pinedo no debería sorprender. De acuerdo a varios partes policiales que Sudaca revisó, el sujeto tiene un arsenal de armas, entre pistolas y escopetas. Del 2013 al 2017, por ejemplo, denunció la pérdida de seis licencias para portar estas. Todas se perdieron, coincidentemente, cuando Villacorta se encontraba “transitando en la calle”. Además, el 2014 denunció que le robaron dos escopetas.
El descuidado empresario tampoco es muy diligente con sus cuentas. Y es que Wet Field EIRL, otra de sus empresas, ha registrado deudas en cobranza coactiva con el Tesoro público que suman S/297.414, correspondientes al 2003 y 2007, de acuerdo a la Sunat.
Sudaca se comunicó con Villacorta Pinedo para preguntarle por su versión, pero este solo se limitó a decir “que la policía ya está haciendo las investigaciones” y luego colgó la llamada. Le dejamos un cuestionario de preguntas por mensajes de WhatsApp, pero al cierre de este informe no respondió.
Lo que sí se evidencia en el registro policial es la parsimonia de la Sunafil. Los efectivos se comunicaron con esta entidad solicitando su presencia en el lugar, pero hasta las 11:30 am, dice el documento de la PNP, los fiscalizadores no habían llegado al fundo.
Esta no es la primera vez que la empresa de Villacorta es acusada de maltrato laboral. En agosto del año pasado, alertados por la denuncia de un obrero, inspectores de Sunafil se hicieron pasar como trabajadores para ingresar a Luzmila. En esa ocasión, pudieron comprobar que no se cumplían los protocolos para prevenir los contagios de Covid-19 y que se ponía en riesgo la vida de los trabajadores.
La deuda registrada en la Sunat de otra de las empresas de Villacorta: S/297.414.
La inspección concluyó con la paralización de las actividades dentro del fundo, porque se constató que se ponía “en riesgo grave e inminente la vida de once trabajadores agrarios, quienes pudieron sufrir accidentes o incluso perder la vida, mientras desarrollaban sus labores cotidianas”. Ejemplo de ello es que los obreros “podían quedar atrapados en la faja del equipo de la compresora” o hasta “perder la vida por ahogamiento”.
Otro de los abusos que observaron es que se le pedía a los empleados que se retiren si no cumplían las metas fijadas, pero no se les daba movilidad para que regresen a Ica. Incluso, les retenían sus documentos hasta la hora de salida. “Si te pedían que te vayas, tenías que ir caminando 30 o 40 minutos hasta la Panamericana y recién ahí tomabas un colectivo hasta el centro”, explica a Sudaca el extrabajador Marco Vacilo, que estuvo por aquellas fechas en el fundo.
También se evidenció la falta de un comedor. “[Los inspectores] comprobaron que la empresa no tiene acondicionado un comedor, pues [los obreros] ingieren sus alimentos en el campo, de forma inadecuada”, se lee en la nota de prensa de la Sunafil.
La superintendencia ya había puesto una multa de S/30.052 a la empresa en marzo de aquel 2021. En los últimos dos años, el fundo Luzmila fue fiscalizado 25 veces, según información de la Sunafil. De este total, siete inspecciones concluyeron con sendas actas de infracción y 12 en informes. “Un acta de infracción es lo que da inicio a un posterior procedimiento sancionador donde eventualmente se aplica una multa, es un indicio de que se han detectado infracciones”, explica a Sudaca Christian Sánchez, exministro de Trabajo.
Consultamos con el área de prensa de la Sunafil sobre las multas y sanciones contra el fundo Luzmila, pero hasta el cierre de este informe no respondieron. Luego de que los videos de Villacorta con su arma se hicieran virales, emitieron una nota de prensa. Allí informan que están fiscalizando al fundo Luzmila por “presunta vulneración a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.
Lo que se está inspeccionando son las “condiciones de seguridad, identificación de peligros y evaluación de riesgos, equipos de protección personal, registro de trabajadores en la planilla, incumplimiento de jornadas y horarios de trabajo”. Hasta el momento no se ha emitido un informe sobre los resultados de dicha inspección.
#Alerta trabajadores del Fundo Luzmila de la agroexportadora RVR Agro, ubicada en la región Ica, nos envían este video donde, al parecer, el dueño estaría utilizando una metralleta para amedrentarlos. Estamos enviando oficio al @MininterPeru y a @AvelinoJauregui de forma urgente. pic.twitter.com/Y9XWC77Wdm
Diversos gremios e instituciones ya se han pronunciado rechazando los actos de violencia, abuso y amedrentamiento de parte de RVR Agro. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica pidió que estas acciones sean investigadas por las autoridades y recalcó que el fundo Luzmila no es parte de las 28 empresas agroexportadoras afiliadas a la Cámara.
“Todas estas empresas son miembros del Comité de Derechos Humanos, donde son unos convencidos de que la única manera en que se puede solucionar los problemas entre el trabajador y el empleador es mediante una mesa de diálogo”, explica Eduardo Ojeda Dávila, presidente de la Cámara.
El miércoles 19 la ministra de trabajo Betssy Chávez y el superintendente de Sunafil, Jesús Baldeón, se reunieron con los representantes del Frentagri y la CTP. Una de las medidas que adoptaron fue que el Ministerio del Interior realice una inspección adecuada. También se pidieron más inspectores de Sunafil.
“Si es que el Ejecutivo no actúa de manera objetiva, nosotros como CTP [coordinadora sindical a la que está afiliado Frentagri] vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía con todas las evidencias [se refiere a los videos], porque tampoco podemos permitir que un empresario actúe de esa manera en pleno siglo XXI”, concluye Russell Nina, secretario de juventudes de la CTP. Y es cierto: el gamonalismo tendría que haberse erradicado hace 50 años.
