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Abusos

[EL DEDO EN LA LLAGA]  «Convocamos, en primer lugar, a personas de reconocida trayectoria en la sociedad peruana para formar la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación. Se les encomendó la tarea de acoger a las víctimas de diversas formas de abusos y maltrato generados en su relación con el Sodalicio, y ofrecerles un primer paso en su camino de reparación, sin exigir un rigor de prueba o escrutinio de sus testimonios, sino procurando ofrecerles la escucha y acogida que su sufrimiento requería. Al finalizar su trabajo, la Comisión presentó su informe, y un conjunto de recomendaciones, sobre las cuales hemos venido trabajando.

Como parte de ese mismo proceso recurrimos al Sr. Ian Elliott, cuya experiencia de más de 40 años trabajando con víctimas de abuso en diversas partes del mundo permitió que un número significativo de personas pudieran presentarse para ofrecer sus testimonios».

Sin embargo, esto último no parece ajustarse a la verdad, pues la misma Kathleen McChesney, en un video publicado el 18 de febrero de 2017 por el mismo Sodalicio en su canal de YouTube (Canal S), afirmaba que tanto ella como Monica Applewhite y Ian Elliott recién fueron contactados por el Sodalicio en marzo de 2016, cuando la primera comisión ya tenía prácticamente listo su informe final, que fue finalmente publicado en abril de 2016. Más aún, no hay ningún indicio que demuestre que el Sodalicio habría tenido el plan de establecer dos comisiones desde un principio, sino más bien todo lo contrario. La convocación de una segunda comisión habría sido un plan alternativo para neutralizar las conclusiones a que había llegado la primera, tanto a nivel general como a nivel de informes personales.

Además, ninguno de los tres expertos contratados había trabajado jamás como representante de víctimas de abusos, sino más bien para organizaciones donde se habían cometido abusos, a fin de implementar programas de prevención y reparación, respetando por supuesto los intereses de la organización. Dicho de otro modo, eran profesionales de “control de daños” y “lavada de cara”.

La afirmación de que en el informe de la primera comisión hay «un conjunto de recomendaciones, sobre las cuales hemos venido trabajando» es ambigua. Puede entenderse como que están buscando cumplir esas recomendaciones, pero lo que el Sodalicio estaba haciendo en realidad era ver la manera de incumplirlas. De estas recomendaciones solo cinco eran para ser cumplidas por el Sodalicio, las otras eran para ser cumplidas por la misma Comisión de Ética o o simplemente eran recomendaciones a tener en cuenta por la Santa Sede.

Respecto a la primera recomendación, si bien el Sodalicio declaró a Figari “persona non grata”, no adoptó para él «la mayor sanción moral e institucional», que era la expulsión y tomar las medidas para que que se someta a la justicia civil. Al contrario, se le protegió y se le pagó incluso el abogado, Armando Lengua, uno de los más caros de Lima.

Respecto a la segunda recomendación, que «las víctimas de los abusos deben ser resarcidas», hay que decir que el Sodalicio no reconoció como víctimas a todas aquellas personas que la primera comisión había reconocido como tales, alrededor de un centenar, sino sólo parcialmente. Y las reparaciones ofrecidas estuvieron lejos de ser justas y proporcionales al daño sufrido. Igualmente respecto a «una solicitud de perdón y desagravio, de manera personal y escrita, por parte del Superior General a cada una de las víctimas», éstas aún siguen esperando que esto ocurra.

La tercera recomendación era ésta: «Compensación por los daños personales sufridos por quienes fueron privados de un adecuado discernimiento vocacional, y en esa medida, obligados a prestar servicios no remunerados, incluso en condición de “servidumbre”». Fue incumplida, o cumplida muy mezquinamente sólo con unos cuantos.

Las otras dos recomendaciones fueron incumplidas en su totalidad:

«El SCV deberá proceder a la devolución inmediata de toda la documentación correspondiente a cada una de las personas que forma o formó parte de la institución, que así lo solicite».

«Las personas que ejercieron algún cargo en la organización del SCV, durante los años en que se permitieron los abusos denunciados, deben ser impedidas de ejercer algún cargo representativo al interior de la organización».

Regresando al informe de los expertos internacionales, el mismo señala que «este informe fue originalmente preparado en inglés». Sin embargo, hay indicios para suponer que esto no es verdad.

En el mismo texto del informe se señala que fueron preparados «después de una extensa revisión de documentos públicos, registros del SCV y entrevistas de más de 245 personas», es decir, fuentes de información todas ellas en español, salvo algunas entrevistas que pudieron ser realizadas en inglés sólo gracias a que los entrevistados manejaban mal que bien este idioma.

Por otra parte, al traducir algunas partes del informe al alemán, me di con la sorpresa de que las traducciones del español eran más precisas que las traducciones del inglés. Por poner algunos ejemplos, la palabra “apostolado” aparece en la versión inglesa del informe como “ministry”, lo cual a grandes rasgos se puede considerar como correcto si la traducción es del español inglés. Pero en sentido contrario la cosa no funciona. “Ministry” (servicio de carácter religioso) no puede traducirse correctamente como “apostolado”.

De Jeffery Daniels se dice que era tildado de ser “payaso” —característica que le cae al pelo, según el testimonio de quienes lo conocimos personalmente—. En la versión inglesa dice “goofy” (bobalicón, ridículo o gracioso en sentido cómico), lo cual resulta aceptable con cierta flexibilidad si se trata de una traducción del español al inglés. Pero “goofy” no podría traducirse correctamente como “payaso”.

Además, el informe presenta alguna características inaceptables tratándose de un documento que debería cumplir con estándares académicos. Entre los abusadores sexuales, sólo se mencionan los nombres de Luis Fernando Figari —quien fue separado de la comunidad pero nunca expulsado del Sodalicio—, de Germán Doig —fallecido en el año 2001— y de otros tres, que ya no forman parte de la institución: Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels y Daniel Murguía. Sin embargo, hay otros tres abusadores sexuales que seguirían perteneciendo al Sodalicio, cuyos nombres no se mencionan. Asimismo, no se menciona el nombre de ninguno de los once abusadores físicos y psicológicos que identificó la comisión de expertos, nueve de los cuales seguirían perteneciendo al Sodalicio.

En una parte se mencionan «actos de abuso sexual que se han reportado como perpetrados por cuatro exsodálites, de quienes se ha reportado que han abusado sexualmente de un total de dieciocho varones menores de edad y una joven menor de edad». Para enterarnos de la edad de cada una de las víctimas, los nombres de sus abusadores y los detalles de los abusos tendríamos que esperar al Informe de la Comisión De Belaúnde (julio de 2019) —lamentablemente aún no difundido públicamente—, donde aparece toda esta información.

El informe de los expertos internacionales, además de ser fragmentario y demasiado breve para la cantidad de fuentes disponibles y el tiempo de un año dedicado a la investigación, cae en una que otra contradicción. En su carta de presentación, Alessandro Moroni, decía que «los expertos identificaron ciertos elementos dentro de la cultura del Sodalicio que, de alguna manera, permitieron que estos reprobables hechos hayan podido ocurrir». El informe dice más o menos lo mismo refiriéndose a una «cultura pasada del SCV», pero también señala que «no fue, entonces, la cultura del SCV la que causó que los agresores cometieran actos de abuso, pero hubo autoridades o sodálites mayores que permitieron o alentaron abusos físicos y psicológicos». ¿En qué quedamos?

De hecho, la versión en español del informe de los expertos internacionales se lee con más naturalidad y no tiene la pinta de ser una traducción, lo cual no ocurre con la versión en inglés, que parece más bien una traducción del español.

Si esto es así, nos hallamos ante una premisa grave, considerando que los expertos no dominaban el español al punto de poder escribir un informe profesional en esta lengua. ¿Quién redactó entonces el informe?

La primera hipótesis es que fueron sodálites encargados por la institución para apoyar a los expertos quienes estuvieron encargados de redactar y supervisar el informe final. Que el Sodalicio tenía en control de los procedimientos se manifiesta en el hecho de que ni Ian Elliott, ni mucho menos las otras dos “expertas”, decidían a quién se le podía considerar como víctima y acreedor de una reparación, sino que eso lo hacía un Comité de Reparaciones integrado por los sodálites José Ambrozic y Fernando Vidal; Claudio Cajina, abogado del Sodalicio, y Scott Browning, abogado estadounidense contratado por el Sodalicio, según lo declarado por Alessandro Moroni en el Congreso de la República. En otras palabras, ante las víctimas el Sodalicio fue juez y parte.

La otra hipótesis es que efectivamente hubo un extenso informe en inglés preparado por los expertos, pero que no es el mismo que se dio a conocer a la opinión pública, el cual sería más bien una especie de resumen o versión editada, preparada por el mismo Sodalicio a fin de apuntalar su propia narrativa de los hechos, donde —por ejemplo— se omite totalmente el papel que jugaron Rocío Figueroa, Pedro Salinas y Paola Ugaz en develar los abusos del Sodalicio. Alessandro Moroni dice en su carta de presentación que «los expertos no han encontrado indicios de complicidad ni conspiración entre los presuntos abusadores». La pregunta es dónde leyó esto, porque esta información no aparece en el informe publicado. ¿Lo habrá leído en el informe en inglés que efectivamente habrían preparado los expertos y que nunca fue publicado?

Queda claro que lo que se buscaba era cargar el peso de los abusos sobre un puñado de abusadores (Figari, Doig, Levaggi, Daniels y Murguía), de los cuales —con la excepción de Figari— ninguno forma actualmente parte del Sodalicio, y limpiar al Sodalicio institucionalmente de cualquier culpabilidad o responsabilidad en los abusos. Y el informe, curiosamente, no aborda en ningún momento el tema de los encubridores, de aquellos que fueron testigos de abusos y que sabían de lo que ocurría, pero prefirieron guardar silencio y proteger a los abusadores con el fin de salvaguardar a toda costa la imagen institucional. Y esos encubridores siguen en la institución, manteniendo en pie el sistema que permitió los abusos de poder y de conciencia que constituyeron la base y fueron una puerta abierta para los demás abusos.

Creer que el Sodalicio puso todo de su parte para que se conociera la verdad de los hechos es una quimera, una fantasía para ingenuos. Toda su estrategia sólo tuvo como objetivo engañar a la opinión pública.

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Abusos, controversia, encubridores, Figari, informe, manipulación, Sodalicio

Pero el cardenal Lehmann también podía ser empático, si se trataba de sacerdotes inculpados, a los cuales les daba toda su confianza. En 1984 le escribe a un «estimado y querido» diácono que se hallaba en prisión preventiva: «Creemos en sus palabras y le otorgamos nuestra confianza. Esto debe saberlo de mi parte. Muchas personas lo aprecian como un hombre honrado y sin tacha. Por eso me causa particularmente pena que se halle casi indefenso a merced de rumores que le socavan su honor». Poco después este diácono sería condenado a dos años de prisión efectiva, porque —entre otras cosas— había violado analmente a un muchacho de nueve años. En 1997 hizo Lehmann anotaciones sobre una conversación con un inculpado, al que se le imputaba el abuso sexual de una quinceañera: «Por lo demás repetidas veces he despejado la duda de que yo quiera espiar el dormitorio del [inculpado 547]. Al respecto, él le debe dar cuentas a Dios de cómo vive. Pero yo debo encargarme de que concrete su promesa de una vida célibe de tal manera, que los hombres puedan creerlo. Se trata de la credibilidad pública de la vida en celibato».

Sin embargo, la benevolencia de Lehmann tenía sus límites, a saber, cuando los hechos causaban escándalo. Así le escribe a un inculpado en el año 1993: «El daño que como agente pastoral le ha causado a personas que habían puesto su confianza en usted —más allá del círculo de las víctimas— es muy grande y terrible». Pero más peso tiene el daño a la reputación: «No sólo el estado clerical sino también la Iglesia han sufrido grave pérdida en su reputación». Con dureza cuando se trata de un perjuicio a la iglesia, pero indolente cuando no afecta los intereses de la diócesis. Así caracteriza el estudio el modus operandi del cardenal Lehmann.

Típico de Lehmannn era la insistencia en la responsabilidad personal de cada uno de los abusadores. Está documentado el rechazo tajante a varias peticiones de víctimas pidiéndole que la institución eclesiástica reconozca su culpa y su responsabilidad.

Las medidas tomadas para el manejo del abuso resultan también desganadas y negligentes. Públicamente y en la correspondencia interna resaltaba Lehmann la importancia de las líneas directrices de la Conferencia Episcopal Alemana para el manejo de los abusos. Pero en su diócesis no le daba ningún valor a la aplicación de esos lineamientos. Ya en 1993 el obispo encargó a las Hermanas Misericordiosas de Alma que implementaran un servicio de atención a las víctimas. Las Hermanas, sin embargo, también atendían a la vez a sacerdotes inculpados y sentenciados. El círculo de trabajo “Violencia sexual en el ámbito eclesiástico” (“Sexuelle Gewalt im kirchlichen Raum”) concluyó, tras una conversación con las religiosas, que no habían recibido ninguna capacitación especial para el trato con víctimas de violencia sexual y tampoco contaban con capacidades disponibles para este trabajo.

La medida principal para el cardenal Lehmann fue evitar las prestaciones de reconocimiento del daño sufrido, e incluso las reparaciones monetarias. En su periódico diocesano escribía el cardenal en el año 2010 que esas cosas no significaban nada para él. Por una parte, niega la responsabilidad institucional por actos individuales; por otra parte, no ve que el daño moral y las consecuencias sufridas por las víctimas puedan ser compensados mediante pagos en dinero. En un escrito a la Conferencia Episcopal Alemana es bastante claro: «Una gran seducción es la tentación de indemnizar una injusticia cometida de manera financiera. Esto no debe ocurrir. De ninguna manera uno debe dejarse llevar a la discusión». Consecuente con esto, dio la orden en su diócesis de que a las víctimas no se les informara personalmente de la existencia de prestaciones monetarias por reconocimiento del daño sufrido.

El informe de abusos en la diócesis de Maguncia —que incluye también los abusos cometidos durante otras gestiones episcopales— nos revela lo peor del cardenal Lehmann. El obispo, considerado alguna vez como una luminaria intelectual y moral de los progresistas y uno de los grandes teólogos de su tiempo, se revela como un mentiroso insensible, que maquiavélicamente hará todo lo necesario para proteger a la institución, aunque ello signifique ocultar la verdad y traicionar su conciencia.

El del cardenal Lehmann no es un caso aislado. Es una muestra más de un sistema que ha favorecido y encubierto los abusos, y que buscará proteger la imagen de una Iglesia santa que de santa no tiene nada. O más bien, casi nada.

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Abusos, cardenal Lehmann, Iglesia católica

Artículo original publicado el 27 de noviembre de 2021 por Elise Ann Allen en Crux

https://cruxnow.com/church-in-the-americas/2021/11/peruvian-ex-nuns-report-abuses-of-power-conscience-inside-order

Traducción del inglés por Martin Scheuch.

“Una Sierva es recia. Quien obedece nunca se equivoca. La voz de tu superior es la voz de Dios. Cuestionar a tu superior es cuestionar a Dios. Nunca debes confiar en nadie fuera de la comunidad. Tu familia es una tentación del demonio”.

Estas son algunas de las frases inculcadas en las mentes de las jóvenes que forman parte de las Siervas del Plan de Dios (SPD), conocidas coloquialmente como las Siervas. Se trata de un grupo de mujeres consagradas fundado en el Perú en 1998 por el laico Luis Fernando Figari.

Figari es también el fundador de otras comunidades laicas: una de varones, el Sodalitium Christianae Vitae (SCV); y otra de mujeres, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR).

Las tres son sociedades de vida apostólica de laicos consagrados. Sin embargo, a diferencia del SCV y de la FMR, las Siervas -conocidas en las medios sociales por sus videos interpretando música- visten el hábito tradicional y tienen un carisma particular de servir a los pobres y necesitados.

En el 2015, los periodistas peruanos Paola Ugaz y Pedro Salinas publicaron el best seller ‘Mitad monjes, mitad soldados’, que incluía los testimonios de numerosos exmiembros del SCV acusando a Figari de diversas formas de abuso físico, psicológico y sexual, incluso contra menores. Así como abusos de poder, de autoridad y de conciencia.

Los miembros denunciaban la cultura interna tóxica y militante en que la autoridad era incuestionable. Los miembros eran sometidos rutinariamente a crítica, humillados públicamente y empujados a sus límites físicos y mentales con el fin de ser “suficientemente recios” para asumir los retos de responder al llamado de Dios.

Figari fue sancionado por el Vaticano en el 2017 y tiene prohibido cualquier contacto con las comunidades que fundó. Mientras tanto, el SCV está pasando por un profundo proceso de reforma que incluye la revisión de sus constituciones bajo la guía de tres delegados nombrados por el Vaticano.

Las ramas femeninas del SCV han estado largo tiempo fuera de los reflectores no obstante las numerosas denuncias de abusos similares dentro de estas comunidades.

Entre 2016 y julio de este año, cerca de 30 exintegrantes de las Siervas, algunas de las cuales dejaron la comunidad en tiempos tan recientes como el 2020, han presentado denuncias ante las autoridades eclesiásticas en Perú, Chile y el Vaticano.

Crux ha podido acceder a varias de estas denuncias.

Entre aquellas que han denunciado están Ángela Cardona, que pasó 16 años dentro de la comunidad; Paola Mattos, que estuvo 17 años; Melanie Taylor, que estuvo 6; Verónica Avilés, que estuvo 7; y Delia Avilés, que estuvo 8 años.

 

UNA HISTORIA DE ABUSOS

Fundadas con el carisma de servir a los pobres y a los más necesitados, el mantra de las Siervas siempre ha sido: “Si estás cansada, no lo muestres. Muestra siempre una dulce y tierna sonrisa como Santa María”.

Pero según las exintegrantes, esta dulce sonrisa no siempre era sincera y, con frecuencia, fue usada como una máscara para ocultar las consecuencias físicas y emocionales de los abusos de poder y autoridad que fueron moneda corriente dentro de la comunidad.

Muchas de las exintegrantes que denunciaron abusos en las SPD se quejaron de los ejercicios excesivos que las empujaron más allá de sus límites físicos, que causaron en algunos casos lesiones permanentes, con un énfasis excesivo en dietas y en la apariencia física.

Según las exintegrantes, sólo las chicas más bonitas y las que pertenecían a las familias más adineradas le eran presentadas a Figari cuando visitaba sus comunidades y se pasaban semanas ensayando sus platos favoritos antes de que él viniera.

A las mujeres más rollizas les decían cosas como “a Dios no le gusta que seamos gordas” o “la que es gorda no es apostólica” y eran puestas a dietas estrictas sin consultar a un nutricionista. Algunas aseguran que fueron obligadas a hacer ejercicios adicionales o fueron testigos de que se les exigió eso a otras chicas, ocasionando en algunas una serie de problemas de salud, incluyendo anemia.

Una exintegrante que prefirió guardar anonimato por miedo a repercusiones dijo que a las integrantes de la comunidad en Chosica se les exigía anualmente trepar un cerro rocoso para que pudieran rezar en la cima.

No había ningún camino hacia la cima, de modo que a las hermanas se les obligaba a trepar por las rocas con simples zapatos formales de color negro, en lugar de calzado deportivo o botas de excursionismo, y sin ninguna otra forma de protección.

Una vez que alcanzaban la cima, tenían tiempo para la oración, la reflexión y la meditación.

En una ocasión, como cuenta una exintegrante, resbaló y se cayó encima de un cactus, pero aun así se le exigió finalizar la ascensión. Cuando regresaron a la casa de comunidad, su espalda estaba llagada y sangraba.

La hermana dijo que, en todos los años que vivió en la casa de comunidad en Chosica, ni una sola vez la superiora participó de la ascensión. En lugar de eso, con frecuencia, se quedaba en la cama en pijama hasta bien avanzada la mañana.

Las exintegrantes dijeron que fueron reprendidas o recibieron correcciones humillantes delante de toda la comunidad, con la superiora gritando o arrojando objetos. Muchas denunciaron haber sido objeto de abuso verbal, habiéndoseles dicho cosas como “usa la única neurona que tienes” cuando cometían un error.

Otras denunciaron, además, que hubo manipulación de sus procesos de discernimiento y que se les dijo que manifestar dudas sobre su vocación era equivalente a ceder a las tentaciones del demonio.

Ciertas integrantes también contaron de problemas que tuvieron durante sus años de formación, los cuales, en vez de enfocarse en el estudio y el discernimiento, transcurrieron para ellas como sirvientas personales de la superiora, haciendo de todo: desde limpiar habitaciones hasta planchar velos y lavar ropa interior.

Muchas exhermanas señalaron en sus denuncias el número significativo de integrantes de la congregación que recibían alguna forma de tratamiento psicológico, el cual se inició para la mayoría apenas ingresaron a la comunidad, incluyendo varias que fueron medicadas. Muchas dejaron la comunidad con desórdenes de ansiedad y algunas desarrollaron síndrome de estrés postraumático.

También denunciaron el presunto mal uso de recursos. Señalaron que el dinero destinado a sostener proyectos para los pobres fue, en cambio, invertido en la comunidad. Esto mientras que los hogares de ancianos pasaban meses sin reparaciones básicas y se les proveía solo con los materiales más elementales y baratos.

 

LEALTAD A FIGARI

No obstante los rumores públicos sobre las inconductas de Figari e incluso las sanciones que le impuso el Vaticano el 2017, las exintegrantes de las SPD señalaron que seguía siendo idolatrado por la comunidad.

Paola Mattos, quien denuncia haber sufrido diversos abusos psicológicos, abusos de autoridad y acciones en perjuicio de su salud física mientras vivía en la comunidad, relató que cuando se estaba preparando para una operación quirúrgica -la cual se efectuó aproximadamente al mismo tiempo en que estaban saliendo a la luz las acusaciones contra Figari- se le dijo que este estaba siendo “injustamente perseguido” y que debía ofrecer sus sufrimientos por él.

De manera similar, una vez que las acusaciones fueron públicas y quedó claro que el Vaticano probablemente tomaría acciones contra Figari, Delia Avilés les preguntó a sus superioras si debía deshacerse de la colección de libros de Figari que había en la casa de comunidad.

Como respuesta se le dijo: “Hay que guardarlos, quizás en este tiempo en Roma él se santifique y sea santo. Eso no lo sabemos nosotros”. El diálogo se dio cuando Figari había sido enviado a vivir en Roma en el momento en que los rumores sobre su conducta habían comenzado a circular en el Perú.

Otras exintegrantes denuncian haber oído a hermanas defendiendo a Figari y señalan que las superioras de las Siervas imitaban su estilo autoritario de liderazgo, incluso después de haber sido sancionado.

 

UNA VISITA APOSTÓLICA Y DENUNCIAS REALIZADAS

En el 2016, la primera denuncia contra las Siervas por diversos abusos ingresó en la Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE) en Chile. Fue hecha por una excandidata a las SPD.

Un año más tarde apareció un informe en un periódico chileno, El Mostrador, escrito por una excandidata a las SPD, haciendo un recuento terrorífico de relatos de abusos dentro de la comunidad. Se daban a conocer así estas acusaciones a la opinión pública.

En mayo de 2018, cinco exintegrantes de las Siervas hicieron llegar sus denuncias a Monseñor José Rodríguez Carballo, Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, haciendo un recuento de sus historias de abusos. Aún no han recibido una respuesta.

En ese momento estas cinco mujeres también informaron a las SPD que habían hecho la denuncia, pero no les revelaron su contenido. Sin embargo, trascurrido un año sin ninguna respuesta, les enviaron el informe completo el 2019. Las SPD respondieron, pero no hubo ningún cambio o investigación.

Varios meses después de la denuncia hecha por las cinco exintegrantes el 2018, varias mujeres pertenecientes a la comunidad en ese entonces -hoy ya no- le escribieron al arzobispo de Lima, el Cardenal Juan Luis Cipriani, sobre su creciente preocupación por las conductas dentro de las SPD.

En diciembre de 2018, Cipriani puso en marcha una visita canónica a las SPD, requiriéndoles no mantener ninguna comunicación externa mientras la visita tuviera lugar. A las integrantes se les dijo que, si hablaban de la visita con alguien fuera de la comunidad, incluyendo sus familias, era una violación de su promesa de obediencia.

Los primeros delegados que llevaron a cabo la visita fueron el sacerdote peruano Jose Taminez y la monja peruana María Elena Camones. Sin embargo, Cipriani dejó su cargo cuando la visita no había aún terminado y ahora el obispo auxiliar de Lima, Mons. José Salaverry, es el encargado de llevar adelante la visita junto con la Hna. Camones.

En ese entonces se le dijo a la comunidad que cada una de sus integrantes sería entrevistada como parte de la visita. Sin embargo, las exintegrantes denuncian que este no fue el caso y que a muchas de ellas se les impidió hablar con los delegados, incluyendo a varias que habían confiado los abusos a sus superioras.

La visita terminó abruptamente sin concluir su trabajo poco después de que el nuevo arzobispo de Lima, Mons. Carlos Castillo, asumiera su cargo en marzo de 2019 y a las hermanas se les dijo que la razón de esto estaba en el cambio de autoridad eclesiástica en Lima. Sin embargo, algunas exintegrantes dijeron que algunos funcionarios de la Iglesia en Lima les comunicaron que otro motivo fue la falta de transparencia de las integrantes y autoridades de las SPD durante las entrevistas.

Algunos meses después, en agosto de 2019, un grupo de 20 exintegrantes de las SPD enviaron un dosier a Mons. Castillo, reseñando testimonios y denuncias de varios abusos. Este dosier fue posteriormente presentado a Mons. Salaverry, que es ahora delegado del arzobispado de Lima para la vida consagrada.

Mons. Salaverry no ha respondido al pedido de comentarios por parte de Crux sobre los resultados de la visita y el estado actual de las SPD.

En junio de 2021, un grupo aparte de siete exintegrantes hizo llegar una denuncia formal a la Oficina Pastoral de Denuncias de Chile y en julio sus denuncias fueron enviadas al Vaticano, a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, a través del subsecretario del dicasterio, Pier Luigi Nava.

Muchas de las denuncias involucraban a Andrea García, quien ha dejado la comunidad, pero que estuvo a cargo de la formación de las SPD entre 1998 y 2017. Fue Superiora General de la comunidad de 1998 a 2005 y parte del Consejo Superior de 1998 a 2018.

Las ex integrantes también acusan a las Hnas. Carmen Cárdenas, Claudia Duque y Elizabeth Sánchez de diversos abusos dentro de la comunidad.

La misma Hna. Cárdenas fue Superiora General de las SPD desde 2005 hasta enero de 2020. Ambas, ella y la Hna. García, fueron designadas por Figari. La actual Superiora General de las SPD, Natalia Sánchez, fue la primera en ser elegida por las mismas integrantes de la comunidad en el año 2020.

En sus comentarios a Crux, la Hna. Natalia Sánchez, actual Superiora General de las SPD, dijo que desde hace algunos años la comunidad está pasando por “un proceso de reflexión y renovación”.

Parte de este proceso, según ella, fue la primera Asamblea General de las SPD, que tuvo lugar a fines del año 2019.

Durante la asamblea “hemos podido elegir a nuestras nuevas autoridades y replantear nuestro camino en comunidad al servicio de la Iglesia. Reconocemos que es un camino largo en el que aún hay más por profundizar y aprender”, dijo.

Sánchez dijo que la comunidad está promoviendo actualmente varias actividades orientadas a una reforma, incluyendo cursos de entrenamiento sobre varios temas; encuentros y conversaciones con especialistas; desarrollo de protocolos para la prevención e identificación de abusos, según las normas de la Iglesia; un plan revisado de formación, incluyendo la formación de aquellas que ejercen de superioras en las casas de comunidad y de las hermanos a su cargo.

Todos estos pasos, dijo Sánchez, “son necesarios para la práctica saludable del discernimiento comunitario que promueva la participación de las hermanas y la vida fraterna”.

Dio fe de la de la “total disposición” de las SPD para cooperar con las autoridades competentes, “para que se esclarezca cualquier hecho que sea materia de denuncia y se tomen las medidas pertinentes y así prime y se garantice la verdad y justicia que tanto necesitan las personas que hayan sido afectadas y nuestra Iglesia”.

Sánchez no reveló si se ha iniciado una investigación sobre las Hnas. Cárdenas, Duque y Sánchez.

A día de hoy, Delia es la única que ha oído algo del Vaticano después de enviar una denuncia personal al Cardenal Luis Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mediante un correo electrónico de diciembre de 2020.

Precisamente en este mes en curso, casi un año después de contactar a Mons. Ladaria, Delia recibió un correo de un funcionario de la así llamada Congregación para Religiosos solicitando una dirección a la cual poder enviar una carta formal del dicasterio.

En la carta, firmada por la Hna. Carmen Ros Nortes, subsecretaria de la Congregación para Religiosos, se le informa a Delia que su denuncia de diciembre de 2020 había sido recibida y que “ha sido objeto de un análisis detenido y llevado a la autoridad competente para solicitar una respuesta al respecto”.

“Por el bien de todos y de la Iglesia, se ha pedido a las mismas autoridades que actúen, superen y corrijan los aspectos impropios e incorrectos que se encontraron en el gobierno, en la formación y en la constatación de eventuales actos de abuso de poder, de violencia psicológica o de manipulación de la conciencia”, decía la Hna. Ros Nortes en la carta.

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica rechazó un pedido de Crux solicitando comentarios sobre el estado de las SPD y si se ha abierto una investigación.

El 16 de noviembre, las SPD anunciaron en su página de Facebook que a inicios de este mes tuvieron un encuentro virtual con todas sus integrantes en el mundo para poner en marcha el protocolo de prevención de abuso, en el contexto del “tiempo institucional de revisión, reflexión y renovación”.

Pero para las ex integrantes, muchas de las cuales dejaron la comunidad en los últimos cinco años, gestos como estos son demasiado tardíos y existen dudas sobre si puede tener lugar una reforma significativa cuando el liderazgo de la comunidad aún está compuesto por integrantes de la “vieja guardia” formadas en tiempos de Figari.

Dado que muchas de las exintegrantes han dejado la comunidad en época muy reciente, esto significa que los abusos que experimentaron dentro de la comunidad seguían ocurriendo incluso después de que Benedicto XVI y el Papa Francisco intentaron reformar la vida consagrada, y después de que se hicieran públicos los escándalos que involucraban a Figari y a varios otros fundadores de movimientos eclesiales.

Actualmente hay una presión enorme dentro del Perú para disolver el SCV y toda la Familia Sodálite. 

Aún ha de verse lo que sucederá con estas comunidades, pero una cosa es cierta: que independientemente de su destino, son un ejemplo notorio del trabajo que aún necesita hacerse en el arduo y progresivo esfuerzo de reformar la vida consagrada en la Iglesia católica.

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Abusos, pier figari, Siervas del Plan de Dios, Sodalicio
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