Alejandro Cavero

Exultante, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, declaró que la izquierda puede llegar a tener 70 votos para conquistar la Mesa Directiva del Congreso. La verdad es que sumando a las cuatro bancadas de izquierda, Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, más un sector de la guardería de Acción Popular, Somos Perú, Podemos y no agrupados, llegarían, hasta el momento, a 62, pero, en todo caso, es una candidatura que con un golpe de suerte y buenas negociaciones podría aguarle la fiesta a la derecha, en principio mayoritaria en el Parlamento.

Por ese temor es que se apreciaron declaraciones acomedidas hacia la figura de Waldemar Cerrón por parte de congresistas como Hernando Guerra García (Fuerza Popular) o Alejandro Cavero (Avanza País), pero ayer, el portavoz extraparlamentario del fujimorismo, Micky Torres, zanjó a medias la incertidumbre al señalar que Fuerza Popular jamás respaldaría a Perú Libre para la presidencia o primera vicepresidencia de la nueva mesa directiva (no aclaró si para otras vicepresidencias ello sí era factible).

Lo cierto es que el centro y la derecha, que tienen la mayoría formal del Legislativo, no deberían abrirle la cancha a los derrotados del 7 de diciembre del 2022, comparsas del nefasto gobierno castillista y azuzadores de la desestabilización. No es un tema de principismo obtuso. Eventualmente, para una mesa directiva congresal sí es admisible un pacto plurideológico, pero en este caso, el mismo es inaceptable en la medida que se le estaría concediendo un triunfo a quienes casi llevaron al país a su colapso político, social y económico.

Al final de cuentas, la mesa directiva no es tan relevante, como sí lo es la Presidencia, que ejerce un papel decisorio en los temas que se ponen en agenda, pero aún a pesar de ello, el llamado bloque democrático debe hacer todo lo posible para reagrupar fuerzas y evitar que de Acción Popular, Somos Perú o Podemos haya migración interesada hacia la izquierda. Con la misma generosidad con que pensaban conquistar a Waldemar Cerrón, deberían tratar a las bancadas díscolas que por no recibir nada son capaces de aliarse al extremismo izquierdista.

En el desenlace que la crisis política tenga en los meses y años venideros influirá mucho lo que ocurra en el Congreso. Tener una Mesa Directiva de izquierda sería el primer paso hacia la anarquía.

 

 

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ACTUANDO COMO JUEZ

Alejandro Cavero es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero nunca ejerció su carrera. Su curriculum se resume a tareas vinculadas a la comunicación social, un trabajo de asesoría a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) entre 2018 y 2019 y una consultoría en “asuntos públicos” para una empresa privada, de acuerdo a su hoja de vida. “Yo tengo asesores abogados y con experiencia en el Congreso”, apunta, ofuscado, cuando le hacemos notar los detalles de su CV.

Si bien la decisión del congresista de no admitir pruebas no es vinculante con las decisiones del Poder Judicial, sí inclina la balanza al momento de persuadir a sus colegas para admitir la denuncia. Y aunque el informe presentado por Cavero está amparado en el reglamento del Congreso, los especialistas opinan que este atribuye funciones que los parlamentarios no deberían tener. “La chamba de ellos es si los persuade o no [la denuncia fiscal], no son jueces. Ellos solo deben verificar si existen elementos que les permitan autorizar un proceso”, dice Luciano López.

“Se reconoce que el procedimiento del Congreso es un procedimiento político, pero eso no puede estar exento de un control constitucional. Y ahí sí resulta absolutamente arbitrario lo que está haciendo Cavero. Él no es juez ni fiscal, pero está tomando groseramente una actitud en favor de un investigado”, opina Carlos Rivera.

Fiscal
Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Está a cargo de la denuncia contra Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez (Foto: Ministerio Público de Argentina).

La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en octubre pasado. El 8 de marzo, Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, sustentó la acusación en el Congreso. Alejandro Cavero calcula, sin embargo, que habrá tres sesiones más en la subcomisión para entrevistar testigos. Este grupo de trabajo deberá emitir un informe final en los próximos meses.

En el Ministerio Público, sin embargo, algo les huele mal. “Están preparando el camino para archivar, porque van a llamar a más de testigos. Ellos van a hacer un juicio ahí, cuando no es su competencia”, dice a Sudaca una fuente fiscal con conocimiento del caso.

Cavero ya ha mostrado su complacencia con el régimen de Merino cuando, en campaña electoral, le preguntaron si el gobierno del accionpopulista fue uno autoritario. “Mira, el gobierno de Manuel Merino fue nombrado por sucesión constitucional como lo fue el gobierno de Sagasti y como lo fue también el gobierno de Vizcarra. [Si fue autoritario o no], eso es algo que juzgará la historia. Yo creo que el gobierno de Merino fue constitucional”, respondió a El Comercio el entonces candidato congresal.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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