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El primer impacto político que va a generar la inmensa torpeza de la premier Mirtha Vásquez, al haber anunciado demagógicamente el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho, atentar contra el orden jurídico y sembrar la mayor zozobra en la comunidad inversora del país, es que el Congreso no le otorgue las facultades legislativas que el Ejecutivo ha solicitado.
A simple vista, es un riesgo enorme concederle semejante potestad a un régimen que actúa gobernado por impulsos izquierdistas anacrónicos, prejuicios ideológicos y, lo que es más grave, mucha impericia tecnocrática.
Como recientemente ha señalado un editorial de Apoyo Consultoría, respecto de la intención del gobierno de modificar el esquema tributario minero, ya el Instituto Fraser había señalado que desde el 2018 hemos retrocedido 20 puestos en el ranking de atractivo minero por razones geológicas y de política.
Y a pesar de ello, el sector, al que esta semana el Ejecutivo, a través de la torpe vocería de la Premier, ha golpeado, solo este año iba a aportar 10 mil millones de soles más que el año pasado en impuestos.
Si estas razones no son tomadas en cuenta por el gobierno, que lejos de alentar la minería formal, la cual funciona con estándares ambientales de primer orden, y es un sector altísimamente regulado, la agrede con el brulote soltado por una Premier desinformada y prejuiciosa, sería altamente peligroso que el Legislativo le conceda potestad de dar un golpe de timón tributario en un sector al que, por lo que se ve, no entiende ni mira con la simpatía que todo gobierno debiera mirar considerando que es el principal sostén de la caja fiscal.
Lo más preocupante de este embrollo es que la Premier, luego del apanado mediático que, con razón, ha recibido del sector empresarial y de la opinión pública mayoritaria, ha respondido con mentiras y medias verdades, en lugar de reflexionar sobre su error, rectificar y expresar algún propósito de enmienda.
De paso, lo que este embrollo ha permitido confirmar, lamentablemente, es que la izquierda peruana es una de las más atrasadas de la región, y alberga un espíritu anticapitalista premoderno y cuasi medieval, lo que la aleja del buen ejercicio administrativo del Estado y ratifica el temor de que seamos testigos, por culpa de la coalición de izquierdas que nos gobierna, de cinco años perdidos en materia económica, con el consiguiente perjuicio para los más pobres del país, que verán incrementada su pobreza.
