Asamblea Constituyente

Mientras la Premier, Mirtha Vásquez, se presentaba ante el Congreso para pedir el voto de confianza, y hacía esfuerzos para desplegar un programa de gobierno, si bien de izquierda (como legítimamente le corresponde), respetuoso del Estado de Derecho y de la Constitución, el presidente Castillo no tuvo mejor idea que atizar el fuego de la confrontación, reclamándole al Legislativo que sacara una ley para estatizar Camisea e insistiendo en el caprichoso tema de la Asamblea Constituyente.

El Presidente no parece ser consciente del inmenso daño que producen sus palabras en el mundo del inversor privado, que teme que en algún momento su gobierno vaya a seguir una senda radical de estatizaciones y afectaciones a la propiedad privada, en medio de una batahola política que busque tirarse abajo la Carta Magna del 93, cuya mayor virtud es que es, precisamente, un baluarte jurídico en contra de populismos o estatismos económicos.

Por supuesto, ese camino está prácticamente vedado, dada la conformación pro establishment mayoritaria en el Congreso. Castillo solo tiene 52 votos en el Parlamento y claramente no le alcanzan para sus eventuales propósitos radicales. Y el camino del referéndum directo convocado en base a la recolección de firmas es claramente inconstitucional y el Tribunal Constitucional se bajaría en una, cualquier intento de ir por esa senda.

Castillo está, pues, felizmente atado de manos y en esa medida, la senda de la mediocre moderación que hoy exhibe, probablemente será la moneda común establecida a lo largo de todo su periodo, pero la sensibilidad inversora es alta y cualquier atisbo de saber que habita las esferas del poder un enemigo, afecta sobremanera el flujo de inversiones que, a la vez, el Perú y este gobierno necesitan que se despierte.

No merece Mirtha Vásquez que el lenguaraz Presidente le complique la vida, de modo de generar, eventualmente, que el Congreso le niegue la confianza, se lleve de encuentro todo el gabinete y se genere una nueva crisis política en poco más de cien días de gobierno. Ojalá prime la sensatez en el centro parlamentario.

Castillo es políticamente inimputable. Es muy básico y de alcances medianos. En esa medida, desde la oposición y desde el país habrá que acostumbrarse o resignarse a que irrumpa cada cierto tiempo con algún exceso o disparate, con algún nombramiento extraño que se deberá tratar de corregir, o con alguna declaración altisonante, que traerá más ruido que nueces. Así será el gobierno de izquierdas que tenemos en mala suerte.

Tags:

Asamblea Constituyente, Castillo, Mirtha Vasquez

A poco de cumplirse los 100 días de gobierno Pedro Castillo, podemos dar a conocer el carácter que asumiría su mandato, caracterizado por la poca capacidad de orientar al país y a sus ministros y funcionarios públicos hacia los grandes temas de política exterior para sitiar al Perú en el contexto internacional, aprovechando el buen costo del precio del cobre y del litio por muy buen tiempo. Se caracteriza también por su poca capacidad para orientar su gobierno hacia la unidad que requerimos políticamente para salir de esta situación crítica en la que se encuentra el país económicamente.  

Claro, hay razones para entender ese proceder. Castillo, que obedece a una agenda orientada al socialismo del siglo XXI que sus aliados les exigen que cumpla, se ha propuesto copar las instituciones del Estado para el objetivo que tiene en mente que es la Asamblea Constituyente. Allí tenemos al nuevo directorio que preside Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, en la que no tiene mayoría. Podemos apreciar también a Palacín en Indecopi y a Barranzuela y Gallardo en el ministerio del Interior y Educación respectivamente para solo poner algunos ejemplos. 

Si nos detenemos a pensar en esos cambios en el interior de estas instituciones claves para el Estado, podemos sostener que hay tácticas bien utilizadas -dentro de una estrategia que tienen que es generar las condiciones desde diversos frentes- para cambiar ciertos procedimientos administrativos que permitan a sus aliados (léase el senderismo vinculado al narcotráfico y al Conare por ejemplo) seguir operando sin ningún problema, así como generar presupuesto para más gasto social. 

La oposición política debe tomar conciencia de esta situación. Ya lo expresé en reiteradas oportunidades: vivimos una situación de atmósfera de confrontación que -desde un inicio- el Ejecutivo lo generó. La oposición y la prensa deben, para ello, fiscalizar responsablemente los trabajos que se vienen realizando desde los ministerios y otras entidades públicas. 

Las bombas de tiempo que va dejando este gobierno, si es que sale mal las estrategias para el objetivo de la Asamblea Constituyente, son los que se debe identificar para evitar cualquier tipo de amenaza al Estado de derecho.

No caigamos en la ingenuidad de la moderación de grupos leninistas en el poder. Desde mi paso por San Marcos hasta mis diversos trabajos por regiones -por estos tiempos- como sociólogo, puedo advertir que generar confusión en el oponente es forma de jugar a la política. Puedo advertir también que tienen en mente siempre esta premisa: “salvo el poder, todo es ilusión”. 

¡Advertidos estamos!  

Tags:

Asamblea Constituyente, Ejecutivo, Oposición, Pedro Castillo

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha ratificado en una reciente entrevista televisiva en el programa de Juliana Oxenford, que no está en los planes actuales del gobierno plantear la reforma de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

Es una buena noticia para la gobernabilidad democrática del país que un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y que, además, en la primera vuelta electoral obtuvo apenas el 18.9% de la votación, se dé cuenta de que no tiene los fundamentos políticos para refundar el país.

Hubiera supuesto cruzar un Rubicón de insospechadas consecuencias. En la República romana, las legiones militares, cuando regresaban triunfales de una guerra, antes de entrar a Roma debían cruzar el río Rubicón, y para hacerlo dejaban sus armas en las afueras y de esa manera transmitían el mensaje de que ingresaban en calidad de ciudadanos respetuosos de la República. Julio César, en el 49 ac rompe con esa tradición y cruza con sus legiones armadas, rompiendo los cánones republicanos y sentando las bases para la fase imperial de la Roma antigua. Destruye la República.

Castillo no tiene los recursos legales para reformar la Constitución. No tiene 87 votos para, en dos legislaturas, lograr cambiarla, ni 66 para hacerlo en una primera legislatura y refrendarla luego en un referéndum. Solo podía hacerlo forzando al Congreso con cuestiones de confianza, por ejemplo, por la reforma del artículo 206, hasta obtener su disolución.

Hoy ya no lo puede hacer. La ley aprobada por insistencia por el Congreso excluye la posibilidad de plantearlas para temas relativos a “la aprobación o no de reformas constitucionales”, pero si el Ejecutivo se pusiera necio podría encontrar la forma de hacer cuestiones de confianza por políticas públicas inaceptables y lograr el mismo propósito: disolver el Congreso y aspirar a que el nuevo Legislativo le sea más favorable.

Solo en ese escenario hemos dicho con claridad que se justificaría que el Congreso opte, defensivamente, por la vacancia presidencial, pero, al parecer, ese riesgo insensato se ha alejado de la mente del gobierno, por lo menos así lo señala ya la Premier y un influyente ministro. Falta que lo ratifique el propio presidente Castillo, para dar la vuelta la página a una de las principales piedras en el camino de la gobernabilidad y de la sostenibilidad del régimen por el periodo de cinco años que por derecho le corresponde.

Tags:

anibal torres, Asamblea Constituyente, Constitución, Presidente Castillo

Ha hecho bien el Congreso en limitar, mediante ley, la cuestión de confianza. Su carácter absoluto, aplicable a cualquier tema que se le ocurriese al Ejecutivo, era una espada de Damocles permanente y generaba un desequilibrio de poderes enorme, ya que era sumamente fácil deshacerse de un Congreso opositor.

El gobierno ha anunciado que irá al Tribunal Constitucional. Dada la actual composición del tribunal supremo en la materia va a ser muy difícil que declare la inconstitucionalidad de la norma, de modo tal que lo más probable es que la ley mantenga vigencia hasta que, de repente, se constituya un nuevo TC en marzo del próximo año y éste decida acometer el tema.

Entre tanto, se equilibra la balanza y, contrariamente a lo que algunos analistas piensan, lejos de ser el primer peldaño hacia un proceso de vacancia, termina por alejar también ese peligro político del horizonte. Como estaban dadas las cosas, solo la amenaza de una disolución del Congreso hubiera podido movilizar los 87 votos necesarios para vacar a Castillo (si pretendía disolver caprichosamente el Congreso bien merecida hubiera tenido la vacancia, por cierto).

Lo que corresponde a mediano plazo es reformar la Constitución en ambos puntos: limitar la cuestión de confianza en dos legislaturas, de modo de blindar cualquier modificación legislativa futura o su declaratoria de inconstitucionalidad de un futuro TC, y reemplazar las causales de vacancia moral, ajustándolas a un proceso de juicio político, en lugar del mamarracho que existe hoy y que, a su vez, también permite zafarse de un gobernante por la sola sumatoria de los votos, sin que importen las razones de fondo.

Lo cierto es que, en lo inmediato, va a ser saludable para la gobernabilidad que el Ejecutivo tenga rienda corta. No se aprecia hasta el momento un proyecto revolucionario, marxista leninista, en ejecución, ni un plan en ese sentido, pero la cercanía de elementos políticos que se declaran abiertamente leninistas o maoístas no deja de generar incertidumbre, sobre todo si se tiene en cuenta un Primer Mandatario tan volátil como el que hoy nos gobierna.

El parteaguas es el tema de la Asamblea Constituyente y la única vía que el Ejecutivo tenía parar lograr convocarla, pasaba por disolver el Congreso. Hoy, gracias a la ley congresal, esa eventualidad ha sido acotada a su mínima expresión.

Tags:

Asamblea Constituyente, Congreso de la República, Ejecutivo

El nombramiento de Ricardo Belmont como consejero presidencial pone de manifiesto la rampante mediocridad con la que este gobierno viene manejando el Estado y desplegando políticas públicas.

Salvo pliegos en los cuales sus titulares son gente competente -que son los menos- hay sectores completos del Estado entregados a la medianía y torpezas más asombrosas. Lo que comentan agentes privados -sean empresarios, tecnócratas o exfuncionarios públicos- respecto de lo que está sucediendo en Indecopi, Energía y Minas, Interior, Educación o Transportes y Comunicaciones, por citar algunos ejemplos, es de espanto. En algunos casos, inclusive, la mediocridad se combina ya precozmente con rampantes indicios de corrupción.

De alguna manera, en los 90 se lograron crear islas de excelencia en el Estado peruano. La tecnocracia liberal fue capaz de generar espacios donde el Estado sí funcionaba, era eficaz y expeditivo respecto de sus obligaciones esenciales. Mal que bien, esa tecnocracia y burocracia fueron sostenidas en el tiempo e, inclusive, mejoradas en algunos sectores por los gobiernos sucesivos de la transición democrática.

Pero ese camino de mejora, a veces lenta, pero inexorable, de la administración pública, parece haber llegado a su fin con la llegada al poder de un Presidente limitado e improvisado como es Pedro Castillo, a cuya imagen y semejanza parecen actuar muchos de sus subalternos, ejecutando una política de “tierra arrasada” respecto de la calidad burocrática que mínimamente un Estado requiere para funcionar a cabalidad.

Parecemos condenados a ello. Aun cuando el presidente Castillo enmiende rumbos políticos gruesos y, por ejemplo, se desprenda del ala Movadef y deseche la absurda idea de la Asamblea Constituyente, completando un camino positivo que ha comenzado con el apartamiento de Vladimir Cerrón, no parece que nos vayamos a librar de decisiones disparatadas recurrentes o de la baja calidad funcional en amplios sectores de la administración pública.

En ese sentido, van a ser cinco años perdidos. Ojalá al menos, Castillo logre iniciar reformas importantes en Salud y Educación, y tal vez generar la ruptura de algunos circuitos de privilegios mercantilistas en la economía. Es inaudito que nos conformemos con pedirle tan poco a un gobierno, pero es, lamentablemente, lo que hay. La mediocridad política del Presidente está irradiando hacia todo el Estado y las consecuencias de ese paulatino deterioro las vamos a pagar todos los ciudadanos.

Tags:

Asamblea Constituyente, Pedro Castillo, Ricardo Belmont, Vladimir Cerrón

Desde hace unas semanas, debido a la posible aprobación de la cuestión de confianza por parte del Congreso de la República por insistencia, se viene debatiendo la posibilidad de su reforma y sus implicancias. ¿Qué propone el proyecto de ley en cuestión? Regular los artículos 132 y 133 en la que se proponga que el Ejecutivo solo pueda utilizar la cuestión de confianza para temas relacionados a políticas de gobierno en general, exceptuando de ella reformas constitucionales que competen al Congreso de la República y otras entidades autónomas. Acto seguido -en una disposición complementaria y final de la autógrafa- propone que solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de decisión. 

Proyecto de ley realmente cuestionable porque pone en desbalance el equilibrio de poderes. Como señala Carlo Magno Salcedo en su análisis del tema (La Mula, 11/10/21), actualmente el Congreso de la República, implícitamente, tiene la potestad de poder interpretar la Constitución para su labor legislativa, pero qué pasa cuando contraviene -por ejemplo- temas que puedan afectar la relación ejecutivo y legislativo. 

Sabemos que el contexto actual es de una polarización extrema debido al objetivo que tiene el gobierno de llevar adelante una Asamblea Constituyente, pero se debe actuar con suma cautela en temas jurídicos para causas políticas prodemocráticas, como detener esa intentona que pretende cambiar las reglas de juego. En ese sentido, y de acuerdo a la propuesta del constitucionalista y docente universitario Joel Campos, es necesario salir de esa dicotomía que contribuye a un enfrentamiento político fratricida y sin salida. 

Para ello -según el constitucionalista- se debe establecer una reforma al artículo 134 de la Constitución, sobre la disolución del Congreso de la República, en la que se proponga la “muerte cruzada” (que se usa también en el Ecuador) en la que disuelto este primero poder del Estado se proponga convocatoria a nuevas elecciones no solo para elegir nuevos parlamentarios sino también de presidente de gobierno. 

Dicha reforma limitaría el enfrentamiento permanente de los actores en el juego político. Reformas así oxigenan nuestro precario sistema político tan venido a menos en la que minorías activas (como el caso de grupos vinculados a Sendero Luminoso) tengan margen de acción para -desde el propio sistema- destruir los cimientos democráticos que tanto nos ha costado construir. 

La oposición política debe hilar fino -en tiempos turbulentos para el mantenimiento del Estado de derecho- para proceder a usar armas legales que no contravengan a la Constitución y a su estrategia de detener pretensiones que generan graves problemas a lo avanzado durante los últimos dos décadas en el país. 

 

Tags:

Asamblea Constituyente, Congreso de la República, voto de confianza
Página 4 de 8 1 2 3 4 5 6 7 8
x