Tiene razón Pedro Francke cuando señala que no se necesita cambiar la Constitución para cambiar de política económica, por lo menos aquella que el equipo económico de Pedro Castillo encabezado por él plantea desplegar.
El único punto donde señala divergencia es en el tratamiento equitativo a la inversión nacional y extranjera. No resulta muy racional que se les distinga, pero si, en fin, quiere hacerlo, pues que proponga la reforma del artículo correspondiente y abandone la peregrina idea de llevar al país, a pie forzado, a la larga marcha de una Asamblea Constituyente.
Podría convencer a Acción Popular (17 congresistas) y Alianza para el Progreso (15) que se sumen a esa iniciativa y con los 42 que ya tiene (37 de Perú Libre más 5 de Juntos por el Perú) lograría 74 votos, el número suficiente para aprobar una reforma constitucional en primera instancia que luego sea aprobada en un referéndum.
En cambio, insistir en una Asamblea Constituyente es un suicidio político. Ni la ciudadanía lo quiere ni la realidad congresal lo permite. La única forma de llevarla cabo pasa por conducir al país al reino absoluto de la incertidumbre política por lo menos durante dos años, en desmedro de la estabilidad que justamente el eventual gobierno de Castillo va a necesitar para aplicar su nueva política económica.
Solo podría hacerlo disolviendo el Congreso, con lo cual el horizonte político pasaría por una nueva elección congresal. Si allí consigue al menos los 65 votos para aprobar el cambio del artículo 206 que agregue la potestad al Ejecutivo de convocar a un referéndum para elegir una Asamblea Constituyente, recién tendría que convocar a un primer referéndum para aprobar esa reforma.
Luego de ello, si ese referéndum le resulta favorable, tendría entonces la capacidad legal de convocar al segundo referéndum esta vez para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con convocar a una Constituyente. Si gana esa consulta popular, recién entonces podrá convocar a elecciones para conformarla. Y solo si gana a su vez esa elección y logra mayoría en la Asamblea, podrá cambiar la Constitución a su antojo, en un proceso deliberativo que no durará menos de nueves meses.
Todo ello supondrá al menos resignar dos años de gobierno en medio de absoluta zozobra política, a la espera del resultado final. Inversiones paralizadas, agentes económicos en suspenso, consecuencias negativas para la economía, que más bien debería fluir aprovechando el super ciclo de precios de materias primas que se avecina. Ojalá Francke entre en razón y consiga lo propio con el maestro Pedro Castillo.
