Y así, como éstas mencionadas, las perlas prosindicales son de antología, destruyendo la relación equitativa que debe existir en una empresa entre accionistas y trabajadores, bajo la presunción básica de una sociedad capitalista, de que la libre relación laboral es potestad irrenunciable de los empresarios.
Ni en los tiempos más oscuros del velascato, cuando se impuso una dictadura sindical que destruyó el aparato productivo del país, no se había visto algo parecido a lo que hoy pretende el gobierno de Castillo, yendo a contrapelo de sus insistentes proclamas de que apoya la inversión privada y de que ésta debe estar tranquila respecto de que no se moverá el tablero institucional que está vigente. Con este proyecto de decreto, patea el tablero por los aires.
Con bombos y platillos, el presidente Pedro Castillo encabezó la ceremonia de creación de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales el pasado 20 de diciembre. La institución, que pretende capacitar a los trabajadores en temas relacionados a derechos laborales, es un calco de la experiencia boliviana bajo los gobiernos del MAS, el partido de Evo Morales. A la cita asistieron la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y congresistas de izquierda como Isabel Cortez y Guillermo Bermejo. El problema es que las ausencias fueron más relevantes.
Los secretarios generales de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), que representan ante el Ejecutivo a los principales sindicatos del país, también habían sido invitados. Pero decidieron no asistir.
Las cuatro centrales consideran que la medida es una intromisión del gobierno a la autonomía sindical. El mismo día de la ceremonia, publicaron un comunicado conjunto dirigido a la ministra Chávez donde manifestaban su disconformidad. “Consideramos que no corresponde al gobierno unilateralmente realizar este tipo de iniciativas, ya que la formación sindical corresponde exclusivamente a la autonomía de las organizaciones sindicales”, dice el documento.
Para las centrales, a través de esta escuela se abre la posibilidad de que el gobierno se entrometa en su organización interna y oriente la lucha sindical a intereses políticos particulares. Todo bajo la excusa de la formación en derechos laborales. “Puede servir para someter a los movimientos sindicales a los caprichos del gobierno de turno”, considera Rolando Torres, secretario general de la CATP.
“Pareciera que para la ministra no hay formación de dirigentes a través de las mismas organizaciones sindicales […] ¿O prefieren llamar a los empresarios para que den charlas de cómo hacer sindicalismo?”, pregunta con ironía Gerónimo López, secretario general de la CGTP.
La relación de las centrales con Betssy Chávez se ha resquebrajado en el último mes. La titular de Trabajo dio positivo a Covid-19 el 9 de diciembre y se reincorporó a sus funciones presencialmente pocos días antes del lanzamiento de la escuela sindical. Su retorno y la fecha de la ceremonia hacen dudar a los dirigentes sobre si la decisión ya estaba tomada antes de que enfermara, sin que ellos tuvieran idea.
“Perdimos contacto con ella durante 15 días. Cuando se reincorpora, sale la escuela sindical. A todos nos sorprendió [el lanzamiento]. Veíamos que era una mujer muy proactiva, tuvimos una reunión cordial antes. Hasta ahí estábamos bien, pero su enfermedad, más las fiestas, causaron un vacío”, reconoce Rolando Torres, de la CATP.
La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, durante la ceremonia de lanzamiento de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Foto: Ministerio de Trabajo.
Chávez ya no es vista con buenos ojos por los dirigentes de las centrales. Sus invitaciones a eventos son consideradas tribunas para mejorar su imagen. “A nosotros como CUT no nos parece cómo se han venido haciendo las cosas. Estamos siendo convocados a actividades que sirven para la publicidad, pero sin un verdadero compromiso al respeto de la libertad sindical. Son meros actos de manipulación y demagogia”, denuncia Julio César Bazán, secretario general de la CUT.
Cansados de la ministra, las cuatro centrales enviaron una carta al presidente Pedro Castillo solicitando una reunión urgente el pasado miércoles 22. Buscan pedirle que posponga el inicio de las clases en la escuela de formación sindical hasta tener claridad de su implementación. A la fecha, siguen sin una respuesta.
SIN PREVIO AVISO
Pero el problema no solo es que la escuela sindical es de total desagrado de las centrales. De acuerdo a los dirigentes de dichos gremios consultados por Sudaca, ellos no tenían la más remota idea de que la iniciativa estaba en los planes del gobierno.
El llamado del Ministerio de Trabajo (MTPE) los tomó por sorpresa. El aviso no fue para pedirles su opinión, sino para informarles que la decisión ya estaba tomada. Uno por uno empezaron a ser convocados el fin de semana previo a la ceremonia por funcionarios de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo. Cuando pidieron mayores detalles sobre la escuela sindical, los emisarios no supieron qué responderles, señalan.
“La señora [Betssy Chávez] unilateralmente, de la noche a la mañana, convoca a los sindicatos sin escuchar nuestra opinión. Si hubiese sido así, le hubiésemos manifestado nuestro punto de vista en desacuerdo, pero no fue el caso”, explica Gerónimo López, de la CGTP.
La poca claridad respecto a la escuela sindical hace creer a las centrales que la ministra no conoce realmente su sector. De acuerdo a Russell Gonzales, secretario general de juventudes de la CTP, la formación “jurídico laboral” que brindará la casa de estudios ya existe dentro de los gremios. “No se ve bien que el gobierno insinúe [que va a] dictar los temas de formación de los cuadros sindicales. La formación ya la hacemos nosotros. Ahí hay una intromisión. Lo rechazamos rotundamente”, condena.
También consideran que existen necesidades más urgentes que una casa de estudios sindicales actualmente. “Contratos desnaturalizados, ceses colectivos fraudulentos, tercerizaciones que atentan contra el derecho al trabajo, desconocimiento de convenios colectivos, hostilizaciones permanentes. Hay necesidad de resolver muchos problemas que están encauzados en la autoridad de trabajo”, asegura Julio César Bazán, de la CUT.
Además, poco ha dicho públicamente el MTPE respecto a cómo se dictarán las clases en la escuela sindicalista. Solo adelantaron, en una nota de prensa publicada el mismo día de la ceremonia, que las lecciones serán virtuales, comenzarán en enero y los profesores serán profesionales de las “áreas especializadas” del ministerio, así como de otras “entidades públicas y privadas”. Detalles insuficientes que no calman a las centrales.
En respuesta a Sudaca, el ministerio aseguró que las clases comenzarán el 18 de enero del 2022 y que se dictarán dos cursos en el año. El primero, especializado en legislación laboral, será piloto, tendrá 32 horas lectivas y podrían participar cerca de 150 dirigentes. También manifestaron que recién “a partir del segundo curso se tiene previsto recoger las sugerencias de las organizaciones sindicales” para mejorar la metodología.
AL ESTILO BOLIVIANO
Las centrales sindicales también quieren reunirse con Castillo porque ven posible que la escuela que acaba de lanzar el MTPE sea una réplica del modelo boliviano. Y señalan que eso sería un error porque la situación de ambos países es distinta.
De hecho, el propio ministerio dice a Sudaca, a través de su área de prensa, que “se ha revisado la experiencia boliviana”. Y reconocen que no pueden hacer un calco, pues allá tienen “una sola central sindical y con bases sólidas».
Se refieren a la Central Obrera Boliviana (COB), la institución dominante entre los sindicatos del país vecino. Esta ha sido aliada de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso Morales llegó a encabezar marchas del movimiento en el 2019, poco antes de dejar el poder.
Bajo la gestión de Morales también se creó la Escuela de Formación Política Sindical, en el 2015, de la que el MTPE se ha inspirado.
Y si la similitud no es ya suficientemente clara en los objetivos y en nombre, vale revisar la nómina de invitados de lujo en la ceremonia del 20 de diciembre en Palacio de Gobierno. A la cita asistió, vía Zoom, Verónica Navia, la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia. También estuvieron algunos ex dirigentes de las centrales y actuales dirigentes de pequeños sindicatos, pero a título personal.
#Bolivia I La Escuela de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo trascendió fronteras. El presidente de Perú, @PedroCastilloTe lanzó la Escuela Nacional de Estudios Sindicales para trabajadores de base y dirigentes accedan a herramientas sobre derechos laborales. pic.twitter.com/mWGIYLzrow
— Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (@MinTrabajoBol) December 21, 2021
El mismo día, la cuenta oficial de este ministerio boliviano compartió un tuit felicitando a su homóloga peruana. “La Escuela de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo trascendió fronteras”, agrega el mensaje, que va acompañado de una foto de la ministra Navia escuchando la ceremonia.
La sensación de orgullo fue replicada por la ministra boliviana en la reunión. “Acompañamos y aplaudimos la decisión de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y el presidente Pedro Castillo por brindar este espacio de reflexión colectiva a los trabajadores, más aún en la etapa histórica que está viviendo el Perú”, afirmó la ministra de Bolivia, de acuerdo al medio boliviano ‘Ahora El Pueblo’.
Gerónimo López, dirigente de la CGTP, dice que, a pesar de las diferencias, la fundación del colegio boliviano sí fue acordada con la COB. “Ellos han consensuado. Tienen un convenio para instalar la escuela sindical. No están al margen como acá, donde el Estado aparece como empleador, juez y parte para proteger sus intereses”, compara el dirigente.
Lo que dice López ocurre desde la reapertura de la escuela sindical por la ministra Navia. Esta estuvo cerrada por decisión de la presidenta Jeanine Áñez, en el régimen anterior al de Luis Arce. Pero solo a comienzos de este mes, la ministra boliviana anunció que 800 trabajadores terminaron su capacitación.
Más allá de los cursos, sin embargo, el gran miedo de las centrales sindicales peruanas es que el gobierno del lápiz esté buscando tener una COB peruana a sus pies. “Es algo peligroso. Pedro Castillo está buscando una división. Han creado organizaciones cascarón que les rinden pleitesía para dividir el movimiento sindical, como ocurre con el Sutep y el Fenate. Intentar tener una central única como allá [Bolivia] es lapidar la libertad sindical”, concluye Russell Gonzales, de la CTP.
Acompañaron a Mávila en este programa la Ministra de Trabajo y Congresista de Perú Libre, Betssy Chavez y el politólogo Martín Tanaka.
Betssy Chavez, sobre lo ocurrido en el Congreso hoy, dijo que “me resulta muy preocupante la situación ocurrida hoy en el congreso, sobre todo en mi bancada”. Sin embargo, expresó que no le causó sorpresa el abrazo entre Maricarmen Alva y Guido Bellido, luego de que no prosperara la censura contra la presidenta del Congreso: “Para mí no ha sido una sorpresa la foto de Bellido y Alva. Es lo que ya veníamos viendo de la actitud de él desde hace mucho tiempo. Más sorpresa ha sido para todo el país que no puede ver el detrás de cámaras”. Sobre la censura a Alva que se debatió en el parlamento, la Ministra consideró que “había un hecho que no se puede dejar pasar por alto. Me resulta sumamente difícil aceptar algo así….Que (Alva), se las vaya a dar alegremente a hablar del Perú a otro país”. En el mismo sentido, reveló que conversó con el congresista Guillermo Bermejo (renunciante a la bancada de Perú Libre), a quien calificó de una persona siempre consecuente, y a quien dijo, le ha dado su apoyo y compartió la sensación de “caótico descontento”, que ha generado en ella, Bermejo y Hamlet Echevarría (también renunciante a la bancada Perú Libre) lo acontecido hoy en el Congreso dentro de la bancada oficialista. Sobre la situación política del país dijo “el país no puede seguir en este limbo simplemente porque las clases políticas no se ponen de acuerdo. No hay un clima político estable en este país”. Al respecto del cierre de la mina Las Bambas señaló que “Ni el señor Sagasti ni el señor Vizcarra se comieron el pleito de solucionar los conflictos sociales en el Perú. Hemos heredado (este gobierno) los conflictos sociales producto de esta inestabilidad política”. Adicionalmente, adelantó que “el día lunes vamos a inaugurar junto al presidente Castillo, la escuela nacional de estudios sindicales para fortalecer el sindicalismo en el Perú”. Finalmente, sobre las investigaciones en torno a las reuniones de trabajo del presidente en la casa de Breña manifestó que “confío en la legitimidad y buen gobierno que está haciendo el presidente Castillo”.
Por su parte, Martín Tanaka, sobre lo ocurrido entre días atrás de la vacancia y hoy en el Congreso dijo que estamos en una “Dinámica en la que uno trata de bajarse al otro. Necesitamos una pausa y fijar objetivos comunes. Allí tiene mucho que trabajar el ejecutivo y el congreso”. Y agregó que “vamos a convivir con estas pequeñas crisis hasta que no haya un nuevo ordenamiento en consejo de ministros”. También consideró que “El presidente Castillo es un gobernante muy débil y poco claro y en ese sentido alimenta los temores de muchos sectores”. También anotó que “El presidente ha desarrollado un estilo de quedarse callado. No toma decisiones…El gran problema del presidente Castillo es que debe asumir un rumbo claro y no lo hace”.
Luego de complicaciones iniciales, el gabinete del presidente Castillo sigue firme por el camino de la inclusión. La designación de Rocilda Nunta Guimaraes, líder shipiba-koniba, como viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, así como las anteriores designaciones de Betssy Chávez y Mirtha Vásquez, demuestran la intención de crear un gabinete con más mujeres y representantes de pueblos originarios en altos cargos.
Sin embargo, las políticas de identidad como cuotas de paridad y acciones afirmativas que no están acompañadas por un programa de izquierda de cambio social y económico corren el peligro de ser instrumentalizadas por el status quo, y de reforzar una narrativa superficial y limitada promovida mayormente por sectores feministas y progresistas ligados a ONGS y la academia.
Lo paradójico es que cuanto más inclusivo trata de ser el gabinete, más se va derechizando. Desde el 28 de julio, los cambios del gabinete han sido concesiones a la derecha y no para reforzar un programa de izquierda. La economía está a cargo de un ministro más preocupado por calmar al empresariado que explorar cambios macroeconómicos, un canciller que sueña con revivir el Grupo de Lima, una premier que se niega a elevar el tema del proceso constituyente, y una ministra de Trabajo que demanda la militarización del país. En este contexto político, un gabinete inclusivo no garantiza eliminar las desigualdades que afectan a las comunidades que esas identidades representan, más bien estas reivindicaciones no pasan de lo simbólico y terminan siendo manipuladas para lavar el rostro del sistema opresor.
En los 70s, feministas lesbianas negras estadounidenses como Audre Lorde y Barbara Smith del “Combahee River Collective” fueron una de las primeras en utilizar el término políticas de identidad. Su posición buscaba resaltar las múltiples formas de opresión que las mujeres negras enfrentaban en los sistemas de poder. Esos eran los años de los movimientos clasistas para la liberación negra, puertorriqueña, chicana, nativa, gay, y blancos pobres que lograron remecer el poder imperialista estadounidense.
Pero poco a poco la política de identidades empezó a ser apropiada por la derecha para dividir estas luchas, desviando la atención de su origen liberador del capitalismo racial y el heteropatriarcado. Se creó entonces una tendencia política mundial para formar gobiernos diversificados.
Por ejemplo, los últimos gobiernos republicanos y demócratas en EEUU han tenido gabinetes con mujeres y minorías étnicas en posiciones de poder, mientras que sus políticas socioeconómicas se han ido derechizando. El actual gabinete del presidente socialdemócrata Joe Biden es el más diverso de la historia estadounidense con ministros y ministras de la comunidad gay, negra, Latinx e indígena, sin embargo, poco o casi nada se ha hecho para buscar cambios estructurales como reforma migratoria, avances laborales, paralización de la actividad minera en territorios indígenas, etc.
Unas décadas atrás, Bill Clinton designó por primera vez a una mujer en la poderosa secretaría de Estado, Madeleine Albright. El sector progresista aplaudía con orgullo su designación hasta que Albright dijo que la muerte de 500,000 niñxs iraquíes debido al bloqueo contra Irak “valió la pena” para debilitar el régimen de Sadam Hussein. El republicano George Bush Jr. continuó esa línea escogiendo a Colin Powell y luego a Condoleezza Rice para dirigir la secretaría de Estado. El poder imperial más grande del mundo adoptó la diversidad racial para dirigir una guerra criminal e ilegal en el medio oriente donde murieron cientos de miles de personas.
Sin embargo, fueron Barack Obama y Hillary Clinton la pareja ideal en el imperio, un hombre negro y una mujer blanca. Ambos no solamente continuaron la guerra empezada por Bush sino que la expandieron a Libia y Siria, Yemen, Honduras y aumentaron el apoyo a la oligarquía venezolana contra el chavismo, y a Israel para ocupar territorios palestinos y asesinar a su población. Obama es conocido como el “rey drone” por el uso ilegal y letal de los drones en países intervenidos por EEUU y “jefe” en deportación ya que durante su gobierno fueron deportados casi 3 millones de inmigrantes indocumentados. Tampoco ser el primer presidente negro significó eliminar el racismo. El movimiento Black Lives Matter apareció debido a su inacción frente al racismo institucionalizado en la policía y la justicia penal.
Las mujeres, grupos racializados y las minorías étnicas también pueden servir como instrumentos del poder opresor. Esa es la limitación de las cuotas de paridad y políticas de identidad. Un ejemplo es Martha Moyano, congresista negra, que se precia de su identidad, pero no le disgusta que su organización política desarrolle un programa clasista y racista.
Si la izquierda se queda solo en lo simbólico al llegar al poder, estará rumbo a su extinción. Será reemplazada por una posición centrista: progresista en los derechos individuales pero conservadora en lo colectivo y económico. ¿Para qué se necesita a esa izquierda si están los moraditos?
La revolución o el cambio social será feminista o no será, siempre que devele las contradicciones de clase de la sociedad, antes que el acomodo que representan las políticas de cuotas. Por eso la izquierda debe evitar caer en el tokenismo, que es la instrumentalización del sufrimiento de los sectores más oprimidos para mantener la agenda de las clases dominantes.
