Boluarte

El abogado del premier

Por: Cristian Rebosio 30.04.2025

El primer ministro Gustavo Adrianzén fue querellado por presentar como “delincuente y terrorista” a una persona inocente y para su defensa legal contrató a uno de sus trabajadores al cual la Presidencia del Consejo de Ministros le paga más de cuarenta mil soles.

Con las encuestas cada vez más cerca del 100% de desaprobación, el gobierno liderado por Dina Boluarte lleva un largo tiempo en un estado de desesperación ante la necesidad de algún logro que les permita presumir que están capacitados para gobernar y aleje el apellido de la presidenta de los rankings de los mandatarios con mayor desaprobación en el mundo.

Sin embargo, esta impaciencia, sumada a la innegable incapacidad que parece ser el sello de este gobierno, los ha llevado a cometer los más burdos errores. Uno de estos tuvo lugar a finales del año pasado cuando, con la crisis de inseguridad escalando fuera de control, se anunció que “el mando número dos de Sendero Luminoso” había sido capturado.

En aquella oportunidad, el entonces titular del Ministerio del Interior, Juan José Santivañez, apareció ante los medios para anunciar, y presumir, que Iván Quispe Palomino había sido capturado por la policía y que este sujeto era “un delincuente terrorista con requisitorias vigentes”. El primer ministro Gustavo Adrianzén no quiso quedar al margen del espectáculo montado y se pronunció catalogando a Quispe Palomino como un “delincuente y terrorista”.

Pero este show con el cual se pretendía mostrar eficiencia no tardó mucho en transformarse en uno de los más grandes bochornos para el Ejecutivo. Luego de haber privado de su libertad a Iván Quispe Palomino, se descubrió que este personaje no tenía requisitorias vigentes ni mucho menos formaba parte de una agrupación terrorista.

Días después, Quispe Palomino fue liberado. No obstante, su imagen había aparecido en cuanto medio de comunicación existe en el Perú acompañada del infame rótulo de terrorista y, como cualquier persona que ve dañada su imagen, Iván Quispe decidió querellar a Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez por el presunto delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada.

¿TRABAJO DE MEDIO TIEMPO?

Según lo señalado en la Ley del Servicio Civil, el servidor civil, como lo es el premier Gustavo Adrianzén, tiene derecho a contar con defensa y asesoría legal en procesos judiciales o investigaciones por hechos que han tenido lugar cuando estaba en funciones.

Por ello, luego de ser querellado por Iván Quispe Palomino y estar próximo a una audiencia de apelación por este caso, el premier Gustavo Adrianzén Lino no dudó en solicitar el servicio de asesoría y defensa legal cuyo costo sería asumido en su totalidad por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Un día después de esta solicitud, el miércoles 16 de abril de este año, la Presidencia del Consejo de Ministros decidió otorgarle a quien la preside el beneficio de defensa y asesoría legal.

Sin embargo, al revisar la extensa lista de órdenes de servicio emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros en el mes de marzo se puede observar que los pagos por defensa y asesoría legal al premier vienen desde mucho antes. En el mes de marzo, la PCM pagó cuarenta y un mil soles al abogado César Alberto Chávez De la Peña por esta labor.

Pero no es la primera vez que el nombre de este abogado aparece en la lista de órdenes de servicio de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Aparentemente, el premier Adrianzén habría elegido como su abogado a uno de su trabajadores. En la siguiente orden de servicio que corresponde al mes de enero del 2025, se puede ver que el abogado Chávez de la Peña fue contratado por la PCM para brindar apoyo legal y por este trabajo recibió treinta y seis mil soles.

Además, entre los meses de septiembre y diciembre del 2024, el letrado que ahora atiende el caso que involucra al primer ministro registró cuatro órdenes de servicio por diferentes servicios por un total de cuarenta y un mil soles, un monto que pudo repetir con lo recibido sólo en el mes de marzo de este año con el caso de Gustavo Adrianzén.

EXPERTO EN MALOS FUNCIONARIOS

Esta no ha sido la primera experiencia del abogado y trabajador de Adrianzén en casos de funcionarios cuestionados. Entre 2023 y 2024, el letrado Chávez de la Peña recibió más de setenta y ocho mil soles por encargarse de la defensa de Modesto Montoya, quien fue ministro del Ambiente durante el gobierno de Pedro Castillo y al quien la Contraloría recomendó denunciar por designar personal no calificado.

Chávez de la Peña también se ha encargado de la asesoría y defensa legal para el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), una de las áreas más cuestionadas y con repetidas falencias del sector salud, y por ese trabajo ha recibido más de veintiséis mil soles.

Las innumerables distracciones que afronta un gobierno más preocupado por convencer que no merece este nivel de desaprobación que por realizar una labor eficiente están llevando a que el premier, los ministros y hasta la propia Dina Boluarte cometan errores pocas veces vistos. Pero casos como el del titular de la PCM contratando con dinero del erario público a uno de sus trabajadores para que lo defienda demuestran que no hay un interés real en enderezar el rumbo.

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Boluarte, Gustavo Adrianzén, pcm

Cero en conducta

Por: Cristian Rebosio 19.01.2025

Desde conocidos de César Acuña y acusados de contratar a las amigas de su esposa hasta amigos de Nicanor Boluarte. Los nuevos funcionarios del Ministerio de Educación obtendrían las peores notas por su historial y, sin embargo, fueron designados sin mayor inconveniente con la anuencia del ministro Morgan Quero.

Para cualquier gobierno que no puede alcanzar los dos dígitos de porcentaje de aprobación en las encuestas resultaría muy complicado sostenerse al mando de un país y más si se tiene en cuenta que las grandes falencias de dicho gobierno no se relacionan con ideologías políticas sino que fallan en aspectos que impactan en la mayoría de ciudadanos, como es el caso de la inseguridad.

Sin embargo, para suerte de Dina Boluarte, el Ejecutivo ha encontrado en el Congreso, quienes tienen las facultades para ponerle fin a su mandado, un grupo de bancadas que representan a partidos políticos dispuestos a escuchar qué tiene la presidenta para ofrecerles a cambio de garantizar la continuidad del gobierno sin importar sus deficientes resultados en diversos sectores.

Como se lo han expuesto Sudaca y otros medios de comunicación, además de no interferir con los proyectos de ley que impulsa el Congreso, el gobierno de Dina Boluarte también ha utilizado a los ministerios como el botín a repartir y, en esta oportunidad, Sudaca ha podido encontrar los puestos de este ministerio que han quedado en manos de personajes vinculados a las agrupaciones políticas que tienen peso en el parlamento y hasta aprovechó para que entre algún conocido de su hermano.

PASADO PISADO

Fue hace poco menos de un año cuando el programa “Contracorriente” reveló que un grupo de personajes amigos de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, habían conseguido buenos puestos de trabajo para el Estado. Entre este selecto grupo de privilegiados, el informe del dominical incluyó a Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, quien por aquella época ocupaba el cargo de director de la DRELM (Dirección Regional de Educación Metropolitana de Lima).

Aproximadamente diez meses después de la emisión de dicho informe, el nombre Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez vuelve a sonar en un puesto de trabajo dejando en el olvido la polémica en la que estuvo involucrado y pretendiendo que nunca ocurrió. En una resolución ministerial del Minedu que data del pasado 10 de enero, Quintanilla Gutiérrez fue anunciado como el nuevo director general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

En otra de las designaciones realizadas en los primeros días de este nuevo año figura el nombre de Carlos Christian Acuña Flores, quien desde el primer día de enero pasó a ocupar el cargo de asesor en el despacho viceministerial de gestión pedagógica. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre suena en la sede del Ministerio de Educación.

En marzo del 2023, el diario Perú21 había incluido a Acuña Flores en una lista de funcionarios con pasado como extrabajadores y militantes del partido de César Acuña que habían ingresado a trabajar en el Mineducuando el cargo de ministro todavía le pertenecía a Oscar Becerra.

Según la información que dio a conocer el medio escrito, Christian Acuña, que por aquel entonces era director de Innovación Tecnológica en Educación, venía de realizar consultorías para una de las universidades que integra el consorcio del cual es dueño el líder de Alianza para el Progreso.

Pero este no es el único vínculo entre el Ministerio de Educación y César Acuña. A finales del año pasado, más precisamente el 18 de diciembre, la Universidad César Vallejo firmó un convenio con el Ministerio de Educación que, acorde al documento revisado por Sudaca, tendrá una duración de cuatro años.

Cabe señalar que esta casa de estudios estuvo en el centro de los cuestionamientos recientemente cuando la presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Ninoska Chandía utilizó las instalaciones del IRTP para grabar un spot en el cual se promocionaba a la universidad del gobernador de La Libertad.

Pero en el Ministerio de Educación no sólo hay lugar para los contactos de Nicanor Boluarte y personas vinculadas con César Acuña. En el mes de septiembre, una resolución anunció que Oscar Fausto Fernández Cáceres sería el nuevo director de la Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección General de Educación Básica Regular.

Este nuevo director tampoco es ajeno a la escena política. En el año 2022, Fernández Cáceres postuló y obtuvo el cargo de regidor para el distrito de La Molina luego de acompañar la candidatura del actual alcalde Diego Uceda y Renovación Popular.

Anteriormente, Óscar Fernández Cáceres fue presidente del Instituto Peruano del Deporte y, aunque esta experiencia laboral podría considerarse valiosa, su gestión estuvo marcada por un informe del programa “Punto Final” emitido en 2019 y en el cual se relataba que el actual funcionario del Minedu contrató a amigas de su esposa para que trabajen en su despacho y reciban salarios de cinco mil y siete mil soles.

Fernández justificó estas contrataciones y, casualmente,renunció a su cargo poco tiempo después. “Eran de confianza mía. Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de mi confianza. Son conocidas nuestras, de mi esposa y mías”, declaró al programa dominical de Latina.

La presidenta Dina Boluarte no habría querido quedar fuera de este festín de designaciones sin filtros en el Ministerio de Educación y en el cargo de jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales se ha colocado a Roxana Magly Mayorga García, quien en 2023 fue incluida por la Contraloría en una lista de personas que el despacho presidencial estaba contratando con serias irregularidades de por medio.

“Es necesario que mínimamente se establezcan lineamientos, se redacte una premisa que nos remita a la norma, o se establezcan procedimientos para hacer factible su ejecución a fin de salvaguardar los principios de transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades”, se puede leer en el documento que Infobae difundió en noviembre del 2023, aunque nueve meses después Mayorga García llegaría sin mayor problema al Minedu.

¿QUÉ HACE EL MINISTRO?

Ante esta situación que atraviesa el Ministerio de Educación, resulta lógico cuestionar cuál es el rol del titular del sector, Morgan Quero Gauime, en lo que parece ser una invasión de personajes cuestionables en puestos clave del Minedu. Sin embargo, sus apariciones más resaltantes en los medios, como en la oportunidad que dijo “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, invitan a creer que su única misión no es velar por la educación de los peruanos sino intentar defender a Dina Boluarte.

A ello se le suma una nueva polémica debido a que en las últimas horas se han difundido videos en los cuales se ve al ministro Morgan Quero presente en la celebración de cumpleaños del pastor José Luis Linares Cerón, quien fue denunciado por abusar sexualmente de su hija y dejarla embarazada.

? Ministro Morgan Quero asistió y festejó en ceremonia y cumpleaños del pastor José Luis Linares Cerón, denunciado por abusar sexualmente y dejar embarazada a su hija, además de otra agresión a una joven.
“Es un honor estar acompañando a nuestro querido pastor José Linares (…).… https://t.co/88QIrM79rS pic.twitter.com/iRsPdaGvmT
— Karla Ramírez Camarena (@NinaSunqu) January 18, 2025

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Acuña, Boluarte, Minedu

Hay razones para el 3%

Por: Juan Carlos Tafur 20.11.2024

La paupérrima aprobación de 3% que le otorga Datum a la presidenta Boluarte y la desaprobación de 94% -históricas ambas- debería permitirnos extraer algunas conclusiones políticas que le sirvan a quienes nos vayan a gobernar del 2026 en adelante.

Ya no basta con prodigarse en aparecer en inauguraciones -que de eso abunda el régimen actual- o que sus ministros esta vez -a diferencia de los anteriores- se permitan apariciones recurrentes frente a la prensa. Ya no es un tema formal el que define la aprobación o no de un gobierno.

Peor aún cuando Boluarte empezó su mandato con un pasivo enorme, con los muertos luego de las protestas surgidas luego de su asunción de mando, que hasta ahora no hallan justicia ni reparación por parte del Estado, y que, por tanto, es una herida abierta que no termina de cerrar y constituye un dren de impopularidad basal que el gobierno no va a superar mientras no responda efectivamente.

Lo que la ciudadanía espera es resultados concretos frente a los problemas que la aquejan. La inseguridad ciudadana que asola el territorio nacional no encuentra remedio alguno y va empeorando en medio de declaraciones ridículas del titular de Interior, que, como sus antecesores, no tiene la más remota idea de qué hacer para enfrentar el tema. La corrupción se extiende como metástasis -involucra hasta al hermano de la primera mandataria- y el gobierno se hace el sueco al respecto (por ejemplo, el titular del Midisya debería haber sido sacado del cargo luego de las denuncias de Qali Warma).

La salud pública sigue siendo un desastre y no hay siquiera una política pública desde el Ministerio de Salud o desde el gobierno que prometa reconducir el problema. Y la sensibilidad ciudadana al respecto es enorme luego del desastre que fue el manejo estatal de la pandemia.

Los candidatos que aspiran a llegar a Palacio deben saber no sólo que el pueblo les va exigir propuestas claras y verosímiles frente a estos problemas, sino que, si llegan a cumplir su meta palaciega, se les exigirá que echen a andar una maquinaria estatal hiperactiva que establezca un horizonte de mejoría tangible en los problemas concretos señalados.

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Boluarte, Datum, Encuesta

¿Dictadura Congresal? Ja, ja…

Por: Aldo Parodi 20.06.2024

[AGENDA PAÍS] En el Perú estamos viviendo un ataque diario a la poca institucionalidad que nos queda.

Por un lado, nuestro menú diario, de restaurante de lujo con 3 estrellas Michelin, se compone de una entradita de denuncias constitucionales con acusaciones cruzadas, una sopita de cacicazgos electorales, un segundo bien “taipá” de ministros cuestionados por sus competencias o por sus declaraciones, copiosamente acompañado de guarniciones de congresistas que deberían asistir a los plenos en traje a raya y esposados, y de postre, periodistas politizados y agremiados en cofradías de intereses económicos.

Por el otro lado, los ciudadanos, con menúes menos opulentos a los cuales incluso, les es difícil de acceder, observan impávidos cómo se pasan los años, tan callando, sin poder ver una luz al final del túnel y maldiciendo a ese Dios peruano del que tanto se habla pero que poco o nunca aparece.

A ese copioso menú, maloliente e indigesto, se le ha sumado una serie de declaraciones, aparentemente coordinadas, para tildar al congreso de dictador, como si el congreso fuera una sola persona, un Nicolás Maduro, que a sola mano dicta acciones sin consulta ni voto parlamentario alguno.

La señora Patricia del Río, periodista de RPP, que hace un par de años viralizó un audio donde soltaba suspiros por Vizcarra, a la vez que reconocía una relación cercana y aceptaba lo corrupto que era ese individuo, ha dicho en una entrevista con su amigo Jaime Chincha, y muy suelta de huesos, que en el Perú vivimos una dictadura congresal.

El exgobernador Mesías Guevara, aquel que junto a otros personajes se infiltraron en Acción Popular, partido al cual casi destruyen, inaugura su flamante cargo de directivo del Partido Morado para también unirse al cargamontón diciendo que “nos están llevando a una dictadura congresal”.

El recién autodenominado candidato presidencial, el rector de la UNI Alfonso López Chau, ha sido más creativo, uniéndose a la manada e instituyendo un nuevo vocablo, el de la “tiranía electiva”.

Caray, lo que pueden hacer 130 congresistas dictadores es impresionante, ¡130! ¡Record Guiness para Perú! Aplausos por favor.

¿Cuántas veces hemos reclamado al ejecutivo y al legislativo que trabajen en conjunto para lograr un mínimo de gobernabilidad para poder generar confianza y un entorno favorable a la inversión pública y privada?

Recordemos que en la época del presidente Kuczynski (PPK) con Keiko Fujimori y sus 73 congresistas, a gritos pedíamos que se pongan de acuerdo y que trabajen en conjunto por el país. Gobernabilidad pedíamos y no pasó nada.

Bueno, sí pasó… Renunció PPK, entró Vizcarra, vacaron a Vizcarra, entró Merino, renunció Merino, entró Sagasti, llegó Castillo y se vacó solito, dejando a Dina Boluarte en la Presidencia. Entre todo este laberinto, por no haber buscado gobernabilidad y estar pensando en intereses particulares y no en el país, hemos tenido 6 presidentes en 6 años.

Ahora parece que queremos mantener el record de 1 presidente por año vacando a Boluarte, con lo que al 2026 tendríamos 8 presidentes en 8 años. ¡Otro record Guiness! ¡Vamos Perú!

Dejemos de atacar nuestra propia institucionalidad. Hay congresistas pésimos, sí y un montón. Algunos de ellos tienen más perfil para Piedras Gordas que para la Plaza Bolívar, también. Que el ejecutivo ha demostrado ineficiencia, poca coordinación e indiferencia ante los graves problemas por los que atraviesa el país, sin duda.

Pero por ellos votamos, y si nos equivocamos, no podemos ser tan caras duras de vociferar “dictadura congresal” cuando los parlamentarios y el ejecutivo encuentran consensos que no nos gustan y por el otro, criticarlos cuando no se ponen de acuerdo porque atenta contra la gobernabilidad.

Solo espero que la campaña presidencial del 2026, que ya está empezando, enfoque a los políticos y a la prensa en los temas de estado que deberían importarnos para luchar contra la pobreza y la anemia, para pensar en nuevas políticas públicas que aseguren una educación y una atención de salud humanas y de excelencia, para que podamos pasear por nuestras bellas ciudades y encantadores pueblos originarios con la tranquilidad de vivir en seguridad, y para así lograr un clima de paz social que es la base para el desarrollo sostenible de nuestro país.

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Boluarte, Castillo, Congreso, dictadura, Ejecutivo, Gobierno, lópez chau, Merino, Mesías Guevara, Patricia del Rio, Perú, PPK, Sagasti, tiranía electiva, Vizcarra

La democracia cuesta abajo

Por: Juan Carlos Tafur 17.03.2024

Nuestro país mantiene la condición de “régimen híbrido” (régimen político donde confluyen rasgos autoritarios con democráticos), según el Index 2023 elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist. El 2022 se explicaba por los arrestos golpistas de Castillo. Esta última calificación ya concierne exclusivamente a la gestión de Boluarte.

Pesa mucho en la calificación la respuesta autoritaria del régimen a las protestas de enero del año pasado, pero queda claro que hay un desmadre institucional terrible en el país, que perjudica nuestra calificación. Autoritarismo en el Ejecutivo, mediocridad y corrupción en el Congreso, ineficacia y abusos en el Ministerio Público y el Poder Judicial (véase nomás su creciente irrespeto por la libertad de prensa).

Y de hecho, aunque no figura entre los indicadores que se toman en cuenta, la crisis económica, la corrupción y la inseguridad atentan contra la buena marcha de la democracia porque aniquila la convivencia ciudadana.

La pobreza creciente alienta el despotismo populista de quienes la sufren y la inseguridad es un cáncer terrible. Vivir con miedo es tan dañino como pasar hambre, acaba de escribir Antonio Muñóz Molina en El País. Y cita a Simone Weil cuando señala que “La seguridad es una de las necesidades esenciales del alma”. El Estado, que parece tan fuerte, puede derrumbarse de golpe, y la consecuencia no es la liberación de los oprimidos, sino el triunfo de los poderosos y los criminales, agrega.

Si a ello le sumamos la metástasis corrupta que ha tomado el organismo nacional, se entenderá que en criterios como “funcionamiento del gobierno”, “participación política” y “cultura política” salgamos pésimamente rankeados.

Ya se ha perdido la esperanza de que el gobierno de Boluarte haga algo para revertir la pendiente declinante. Por más que haga dos buenos cambios ministeriales, el maquillaje no basta. Y lo peor es que su medianía alentará la irrupción de candidatos populistas el 2026, más aún si se tiene en cuenta la punible irresponsabilidad de los sectores democráticos para aglomerarse y evitar que el Perú siga la espiral autoritaria de otros regímenes de la región.

–La del estribo: dos recomendaciones librescas. Primera, Cómo salir de la crisis política, de la politóloga Milagros Campos. Toca un tema de enorme actualidad y sensible vigencia. Analiza el problema y propone salidas. Segunda, Trilogía, de Jon Fosse, último premio Nobel. Prosa aguda y certera, de aparente sequedad, pero poderosa y rica. Una voz narrativa distinta.

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Boluarte, democracia debil, regimen hibrido

Los reservas de Boluarte

Por: Carla Sagástegui 9.08.2023

[EN LA ARENA] El 28 de julio, Dina Boluarte disparó una sarta de proyectos de ley pidiendo con urgencia que fuesen aprobados por el Congreso. Como en una campaña electoral, sin preocuparse de que estos formen parte de –o deformen políticas públicas con fines claros, prometió hasta puestos de trabajo: que los licenciados de las Fuerzas Armadas, los reservistas, pasen a ser policías del Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ser policía no es un puesto cualquiera. Su labor es prevenir diversos hechos de violencia, mejorar la convivencia pacífica y aplacar las acciones delictivas. Trabajar de la mano con otros sectores, como el Poder Judicial, el sistema de salud y los gobiernos locales. No se trata de un soldado con deber de batallar contra el enemigo. El Estado le ha designado ciertos compromisos que responden al interés público: el evitar conflictos (políticos, religiosos, sociales, culturales) y asegurar el bienestar de la población; jamás lo contrario.

Eso implica confiar y ahí empieza el profundo problema que enfrenta la PNP, pues es considerada como la quinta institución más corrupta del Estado peruano (Proetica 2022). Es usual en la televisión ver la detención de policías por vincularse a mafias, narcotráfico, extorsionar a trabajadoras sexuales, cobrar coimas, lavar activos, etc. Como contraparte, la PNP también cuenta con espacios televisivos para difundir las capturas de delincuentes logradas en sus campañas, pero no consiguen revertir la percepción de desconfianza y corrupción.

El actual proyecto de Ley, cuestionado por especialistas en seguridad ciudadana, fue sustentado ante la Comisión de Seguridad Ciudadana por el Comandante General de la PNP, Luis Alberto Vergara, quien señaló como razón para convocar a los reservistas que solo se cuenta con un policía por cada 500 ciudadanos y que “cada año hay menos efectivos policiales para hacer frente a la creciente ola de delincuencia”. La primera es correcta, los estándares internacionales sostienen que se debe contar con un policía por cada 250 personas. Lo que sí es falso, es que cada año se tenga menos efectivos policiales y que la ola de delincuencia sea creciente.

Diez años atrás en el Perú se produjo una escalada de violencia que llegó a su pico el año 2018 cuando se alcanzó una tasa de casi 8 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes. El advenimiento de la pandemia disminuyó notoriamente el número de asesinatos y el año pasado, la cifra fue de 6, una tasa previa al 2013, antes de la migración masiva y del desplazamiento de mafias por todo el continente. A pesar de que nuestra población ha aumentado en más de cuatro millones de personas desde ese momento, se ha mantenido el mismo número de víctimas de algún hecho delictivo, lo cual no es poca cosa: hoy, es la cuarta parte del país, hace diez años, era casi la tercera.

Es muy probable que este control sea resultado de las diversas reformas que la policía ha ido viviendo desde el año 2017, cuando se cambió la organización interna y el modelo de formación policial. Lo podemos ver en las cifras. El año 2015, la Defensoría del Pueblo sostuvo ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno que sólo había un efectivo policial por cada 856 habitantes. En el año 2017, la cobertura subió a uno para 673 habitantes. Hoy como señaló el Comandante, han llegado a 500. La pregunta es entonces, por qué promete trabajo de policía a los reservistas la señora Dina Boluarte, quien gusta aparecer rodeada de militares. Ya la ley anterior había sido rechazada porque implicaba un cambio sustancial en el presupuesto de la PNP desequilibrando la distribución del erario nacional. Ahora, reaparece como promesa tras las masacres perpetradas por la policía durante el Estallido popular 2022-2023 que ella justificó en lugar de detener.

La policía peruana tiene otras necesidades y sabemos bien que la mayor fragilidad se encuentra en su formación profesional. El 2008 Sunedu reconoció el rango universitario a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, pero hasta la fecha no ha culminado con el licenciamiento, que asegura los estándares de una auténtica educación policial. Hay países que cuentan con centros de investigación avanzada, capaces de ofrecer diplomas y maestrías. La gran ventaja de una formación así, que abarca enfoques comunitarios, éticos y científicos, es que permite a la policía no dejarse manipular por sus autoridades políticas, abandonar la compulsión por enriquecerse ilícitamente y contar con la confianza de que la próxima vez que haya una marcha, no saldrán a matar.

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¿Somos demócratas decepcionados?

Por: Juan Carlos Tafur 23.07.2023

En la última versión del Latinobarómetro, medición regional de indicadores democráticos, el Perú no queda mal parado, a pesar de la crisis política por la que transitamos desde hace un lustro. Citemos textualmente lo que dice el informe: “Perú es otro país que tiene una categoría propia. El apoyo a la democracia alcanza el 50% en 2023 habiendo aumentado de 46% en 2020, tiene un aumento de dos puntos porcentuales de 25% a 27% en la indiferencia al tipo de régimen en el mismo período y se mantiene en 17% en su preferencia por un régimen autoritario, habiendo aumentado un punto porcentual que no es significativo en el mismo período”.

“En otras palabras, se puede decir que Perú a pesar de la debacle de sus presidentes no está tan mal con la mitad de su población prefiriendo la democracia. Sin embargo, Perú tiene el 91% de su población insatisfecha con su democracia, como veremos más adelante, es decir casi toda la población que es indiferente o prefiere el autoritarismo está insatisfecha lo que constituye un capital político negativo en contra del régimen que sea que está de turno. La deja vulnerable”.

La insatisfacción con la democracia es el problema a resolver porque puede ser una larva de eventuales proyectos autoritarios o populistas en el futuro (hoy, un 17% apoyaría un régimen autoritario). Pero ello no pasa, propiamente dicho, tan solo por un fortalecimiento político de nuestras instituciones sino por una mejora económica de la ciudadanía. No es un descontento con las elecciones, la separación de poderes o el Estado de derecho lo que explica el resultado mencionado, sino el mal funcionamiento de los servicios básicos y, sobre todo, la sensación de no progreso económico (de otro modo, no se explicaría que aumente el apoyo a la democracia).

Se necesita que volvamos al círculo virtuoso de crecimiento que se empezó a desmoronar con el gobierno de Ollanta Humala, que se agudizó con la crisis tremenda del gobierno de Kuczynski y ya explosionó con el régimen de Castillo, y cuyos efectos aún perduran en el mandato de Boluarte, el que no logra hasta el momento consolidar un ánimo confiado de los inversores.

Con un país creciendo, clase media expandiéndose y pobreza reduciéndose, se establece la atmósfera adecuada para que la satisfacción con el establishment se incremente y se reduzcan de alguna manera, los riesgos autoritarios.

–La del estribo: notable el libro de Rafael Dumett, El camarada Jorge y el Dragón, el primero de una saga que versa sobre las viscisitudes vitales de un personaje fabuloso, como fue Eudocio Ravines. Confirma la talla literaria del autor, ya exhibida en la gran novela El espía del Inca. Publica Alfaguara. A propósito, este martes 25 a las 8 pm., en el teatro Ricardo Blume, Dumett hará una performance teatral (The Reading show) de su libro. Entradas en Teleticket.

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apoyo a la democracia, Boluarte, Crisis política, insatisfacción, Latinobarómetro, Ollanta Humala

Los desafíos de julio

Por: Juan Carlos Tafur 14.07.2023

Dos sucesos políticos importantes se le avecinan al gobierno: la Toma de Lima, convocada para el 19 de julio, y la elección de la nueva Mesa Directiva, para el 25 de julio. Son momentos que van a poner a prueba la sostenibilidad del statu quo del que viene disfrutando un gobierno precario y mediocre como el de Dina Boluarte.

Si la marcha no es lo multitudinaria que sus organizadores calculan y no se produce una respuesta represiva irracional -como en diciembre y enero-, y si, además, el centro y la derecha congresales actúan con sensatez y arman una lista que les permita asegurarse la Mesa Directiva para el siguiente periodo, impidiendo que la izquierda lo haga y se genere un polo de desestabilización, Dina Boluarte tiene el camino allanado por un tiempo más en Palacio.

El problema es que la estabilidad precaria a la que arribaríamos no generaría un efecto virtuoso ni en la aprobación ciudadana ni en la confianza inversora, porque este gobierno no hace nada para producir un upgrade político o económico.

Se espera, por ello, que el mensaje de Fiestas Patrias no se dedique tan solo a un listado de obras de infraestructura o a detallar las labores preventivas del Niño, sino que incorpore anuncios audaces respecto, por ejemplo, de la recuperación social de los proyectos mineros trabados por el conflicto social, hecho perpetrado, en muchos casos, por extorsionadores profesionales (esa sería una señal poderosa para los inversionistas) o que se diseñe un ajuste en las políticas sociales que permita que las cifras crecientes de pobreza disminuyan (no es posible que Juntos, por ejemplo, siga dando 200 soles bimensuales cuando la inflación ha casi duplicado los costos de la canasta básica de los sectores rurales pobres; según cálculos de Apoyo Consultoría, subirlo de 200 a 340 soles representaría apenas un gasto mayor equivalente a menos del 0.1% del PBI).

Este 28 de julio es la oportunidad de que el gobierno de Boluarte se reenganche con la ciudadanía. Debe hacer un mea culpa efectivo por los muertos de diciembre y enero (con sanciones a los responsables, reparaciones a las víctimas, etc.), promover la reactivación económica y generar una afinada estrategia de alivio de la pobreza. Si lo hace, con seguridad empezará a remontar las enormes tasas de desaprobación que muestra y le brindaría al país una estabilidad menos precaria de la existente.

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Riesgos para Boluarte

Por: Juan Carlos Tafur 7.07.2023

Conforme avance el tiempo, la mediocre administración pública del régimen de Dina Boluarte, verá asomarse permanentes amenazas a su estabilidad política. Si nada cambia, ellas podrán ir in crescendo y amenazar inclusive la esperanza de vida política que la propia mandataria ha trazado hasta el 2026.

1.- Que la movilización del 19 de julio sea masiva. Que Lima, efectivamente, sea tomada por las huestes disidentes del statu quo y que se genere una turbamulta descontrolada que genere la sensación de que el pueblo ha tomado las calles para expresar su rechazo al proceder del Ejecutivo y del Legislativo.

2.- Que la respuesta represiva a dicha movilización sea torpe y desmedida, ocasionando muertos injustificados, como sucedió en las protestas de diciembre y enero. Que se engrose la lista fatal, podría azuzar las protestas y llevar al gobierno a una situación límite de movilizaciones continuadas, cuya precariedad no resistiría.

3.- Que el gobierno no maneje adecuadamente el fenómeno del Niño que se avecina y que veamos cómo los 1,400 millones de soles destinados a ese fin terminen dilapidados, sin ninguna supervisión ni liderazgo ejecutor. El impacto político y mediático de un fenómeno climático golpeando a miles de ciudadanos, sin respuesta eficaz del Ejecutivo, podría ser letal.

4.- Que la economía siga enfriándose. Credicorp Capital acaba de reducir sus proyecciones de crecimiento para este año a 1.3%. Inicialmente habían previsto un crecimiento de 2.3%, en marzo lo redujeron a 1.8% y ahora a la cifra referida, que es pobrísima y que solo implica aumento del desempleo y de la pobreza. El malestar popular ocasionado por ello puede alimentar protestas y mayor descontento del que ya existe respecto del orden establecido.

5.- Que el Congreso siga haciendo trastadas, como hasta ahora. De alguna manera, la ciudadanía percibe un cogobierno entre ambos poderes del Estado y el inmenso desprestigio del Legislativo irradia hacia el Ejecutivo.

6.- Que le vaya muy mal a la selección peruana de fútbol en los primeros partidos de la eliminatoria mundialista. La jornada empieza en setiembre y octubre y jugamos contra Paraguay de visita, Brasil de locales, Chile de visita y Argentina de locales, los cuatro partidos perdibles. El vínculo entre fútbol y política está sobradamente estudiado. El malhumor ante la ocurrencia de un contraste mayúsculo podría ocasionar, sin duda, irritación política.

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