Se sabe que Machu Picchu es nuestra joya de la corona del turismo. La mayor parte de visitantes extranjeros viene al país a visitar las centenarias ruinas incas y cualquier percance que suceda respecto de ese itinerario -como el que acaba de acontecer con las mafias locales– afecta seriamente el potencial atractivo turístico del Perú.
Lo que trae a reflexión este problema, sin embargo, es la carencia de una política global de turismo hacia el país que no dependa solo de las ruinas cusqueñas. Hay decenas de destinos igual o más atractivos, que visitar la “maravilla del mundo”.
1.- Caral, la ciudadela más antigua de América, y cuna de civilización, a pocas horas de Lima. Bien vendida debería convocar un flujo significativo de turistas. Hoy ni se le promociona y encima la zona está asolada por las mafias de traficantes de terrenos.
2.- Kuélap y las lagunas de San Martín. El eje turístico Amazonas-San Martín -con las cataratas del Gocta incluídas)– ha recibido inversiones importantes (empezando por el teleférico), pero clama al cielo que no se construya un aeropuerto con capacidad de recibir vuelos comerciales.
3.- La ruta Moche. Chiclayo y Trujillo alberganruinas, siglos más antiguas que las de Machu Picchu, y tiene, además, museos de primer orden. ¿Por qué no es promovida en su justa medida?
4.- Las playas del norte. Con sol todo el año, deberían ser el destino recreativo de toda América Latina, que, fuera del Caribe, no goza de esa particularidad, con la ventaja de que acá no hay huracanes. Y ya hay suficiente inversión hotelera de primera calidad.
5.- Los pájaros. Así como lo escucha. El Perú acaba de ser considerado el país con mayor cantidad de especies de aves. Hay un flujo turístico mundial importante de avistadores de estos animalitos. Ni se le promociona ni se construye la infraestructura adecuada para sostenerlo.
6.- Callejón de Huaylas y Chavín. Los paisajes naturales de la cordillera ancashina y los restos arqueológicos de Chavín de Huántar -mucho más relevantes que los de Machu Picchu- no son mencionados ni por milagro en los road shows de Promperú en el mundo.
7.- Ruta gastronómica. Hay en el mundo una troupé de turistas que buscan el buen comer. Lima y el Perú, en ese sentido, es considerado un destino inigualable en el planeta.
8.- Lima la horrible. Que, claramente, no lo es. Entre sus decenas de huacas, algunas ya puestas en valor, sus casonas republicanas (deberían abrir al público muchas de las que son regentadas por el sector privado), y sus iglesias (Catedral, San Francisco, Santo Domingo, San Pedro, solo por mencionar a las cuatro más relevantes), merece una estancia de varios días.
9.- Arequipa. Gran destino turístico y capital de la mejor comida del país. Tiene, además, por si no basta con la hermosa ciudad, sus iglesias y casonas de sillar, con el cañón del Colca a la mano.
10.- Puno. Es una maravilla desaprovechada. Entre el lago Titicaca, Taquile, Lampa, Sillustani, Juli, la maravilla de la iglesia de Pomata, el pase a Bolivia para la Portada del Sol, basta y sobra.
11.- Iquitos y el Amazonas. Resorts incluidos. Y si se tiene dinero, los cruceros -que merecerían mayor protección policial-, y la propia ciudad bien amerita una visita.
Y nos quedamos cortos. Ayacucho, Ica, el eje Tacna-Moquegua, Cajamarca, el valle del Mantaro. Hay que romper la dependencia de Machu Picchu. No es posible que Perú apenas reciba poco más de cuatro millones de visitantes del extranjero al año (cifra récord del 2019). Deberían ser por lo menos diez veces más.Es irracional que Chile reciba más turistas que el Perú.
[INFORMES] Hace aproximadamente unos 40,000 años, los neardentales que habitaban el actual territorio francés decidieron un buen día enterrar a sus muertos, creando una práctica que unos 25,000 años después se convertiría en el ritual sagrado de despedir y de enterrar a los fallecidos en terrenos destinados exclusivamente para ese fin.
Como quiera que desde ese lejano día, en que los miembros de esa comunidad humana ahora desaparecida decidieron guardar bajo tierra los restos de sus parientes fallecidos, hasta hoy han muerto unos 100 mil millones de seres humanos, según el Population Reference Bureau de Washington, el área ocupada por los muertos es inmensa, sobre todo en el vasto territorio euroasiático.
Si descontamos los cientos de miles de hombres, de mujeres y de niños enterrados en tumbas individuales o familiares en todos los continentes habitados por los cazadores y por los recolectores antes de la transformación de estos en seres sedentarios que aprendieron a domesticar a los animales y a cultivar estacionalmente los frutos y las verduras que antes recogían en su actividad nómada, nos quedan aún miles de millones de humanos enterrados en los cementerios que los humanos sedentarios crearon en los alrededores de las aldeas creadas hace más o menos 12,000 años.
Y este es el punto fundamental de la discusión abierta por los defensores de la intangibilidad de los terrenos situados cerca de los cientos de huacas existentes sólo en la ciudad de Lima. Pero antes de darle la palabra al arqueólogo Luis Jaime Castillo, ex ministro de Cultura, tenemos que describir rápidamente la epopeya de los primeros habitantes de América, quienes en un periodo no menor de 15,000 años y no mayor de 20,000 años poblaron el continente entero, y, para mayor gloria de sus descendientes en estas tierras, crearon Caral, las culturas Moche y Chimú en el norte y la Nasca en el sur.
Es en la parte peruana de esta epopeya sudamericana que sus primeros ocupantes crearon el mayor territorio arqueológico del planeta Tierra, y lo hicieron sin descubrir el uso de la rueda ni la escritura, que a otros hombres de esa misma época pero en otras latitudes les sirvió para recorrer mayores espacios en menos tiempo y trasmitir experiencias a sus descendientes.
Pero, mejor, leamos que nos dice nuestro entrevistado.
El ex ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, responde a los que defienden una deficitaria Ley de Cultura
¿Por qué nuestro país, que posee el patrimonio arqueológico más importante de América y cuya área es la más grande del planeta, no tiene las leyes que lo protejan y no colisionen con el imparable desarrollo inmobiliario del país?
El Perú es un país riquísimo en patrimonio cultural. En nuestro continente, solamente México tiene un patrimonio cultural comparable al peruano. El patrimonio peruano, en material mueble e inmueble no solamente es excepcional, sino que es numerosísimo y está en todas partes: las evidencias arqueológicas pre incas, incas, virreinales y republicanas están por todas partes, eso es algo que caracteriza la identidad nacional. Las evidencias las tenemos tan cerca que los peruanos no nos damos cuenta, pero si tú viajas a la Argentina encuentras que el edificio más antiguo es de 1890, vas a Chile y pasa lo mismo. En nuestro país, solo Lima tiene más de 350 huacas.
Las culturas del Perú antiguo se desarrollaron aisladas del resto del mundo, no recibieron influencia alguna ni de México ni de China ni de Europa ni de ninguna otra parte: todo lo que se conoce aquí en la parte arqueológica es creación independiente, aquí se inventó la cerámica; la metalurgia y la textilería existieron también en otros lugares, pero aquí se inventaron paralelamente sin influencia externa. Lo que hay en el Perú es sólo comparable con lo que hay en la China, con lo que hay en la India y lo que hay en Irak; con lo que hay en Grecia, en Roma y en México.
Es más, las expresiones físicas del patrimonio cultural son decrecientes, porque a diferencia del patrimonio natural una vez que se destruyen no vuelven. Y, además, nosotros hemos heredado ese patrimonio cultural, nosotros no hemos hecho nada para merecernos Machu Picchu, Chan Chan, Chavín de Huántar, por lo tanto tenemos la responsabilidad de legar esas maravillas a las siguientes generaciones, y tal como las recibimos.
Las invasiones en la zona Intangible de Chan Chan y otras zonas arqueológicas del Perú es una amenaza constante ante la inacción de las autoridades.
Aquí hablamos de patrimonio cultural, pero en realidad la palabra es herencia cultural, porque ese patrimonio nos lo va a reclamar la siguiente generación. Y en este momento tenemos que hablar de armonización, porque evidentemente en un país con tanto patrimonio usted tiene que balancear lo que ha heredado y lo que necesita para el futuro, o sea, hay que armonizar la protección con la necesidad del desarrollo. Y en base de ese principio durante años se ha generado una política de protección, de salvaguardia del patrimonio cultural. Esa política, a su vez, tiene una normativa, unos procedimientos, que permiten que se proteja el patrimonio y, también, que se desarrolle la sociedad como debe desarrollarse, que usted pueda hacer carreteras, que usted pueda hacer aeropuertos y pueda hacer una serie de cosas sin afectar la herencia cultural. Esas acciones desarrollistas a veces entran en conflicto, por ejemplo, con la construcción del aeropuerto de Chincheros, que un primer momento se quiso hacer a la mala: lo haga y no me importa lo que se destruye. Y el Ministerio de Cultura dijo “nosotros no vamos a autorizar la construcción del aeropuerto hasta asegurarnos que no se destruya nada”. Claro, hay gente que tiene opiniones divergentes, que dicen que ahí no debe haber un aeropuerto, pero hay que transar entre las dos opiniones contrarias. Ese es mi concepto de armonizar el pasado con el futuro. De cara a esa solución, a lo largo del tiempo se han ido gestando una serie de leyes y de reglamentos que regulan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer; en base a todo eso se creó la Ley General de Patrimonio Cultural, que es una de las grandes leyes que existen en el país. Que a su vez esa ley tiene reglamentos, y, además, en torno al tema existen otras leyes y otros decretos firmados por presidentes y ministros, que no sólo regulan el tema arqueológico, sino también lo histórico, completan lo que no está en la ley original, convirtiendo la ley en una ley súper completa. Entonces, en junio de este año, entre gallos y medianoche, nuestro “ilustre” Congreso hizo una reforma a la ley, modificando la ley en una serie de capítulos. Si nos atenemos a las leyes, cuando el Congreso tiene una propuesta para modificar una ley, se la tiene que pasar al sector presuntamente afectado, y este sector puede y debe comunicarle las objeciones y decir “no va”. Por lo tanto la modificación es inconstitucional. Lo raro del caso es que la ley no fue observada por el sector Cultura, simplemente dejó pasar las modificaciones. Y aquí voy al tema: la ley modificada contiene una serie de barbaridades, es una Ley Frankenstein hecha con piezas de diferentes cuerpos. Es una ley estalinista que prohíbe los museos privados, pone a todos los museos bajo el brazo de hierro del Ministerio de Cultura, el cual decide cuáles museos pueden funcionar y cuáles no. Y es estalinista, además, porque el Director de Museos del Ministerio de Cultura es un comunista llamado Carlos del Águila, quien, felizmente, ya salió del ministerio. Pero la ley es, además, bárbara, porque permite que las casonas, los campos como el que ocupa el Morro Solar y los sitios arqueológicos puedan ser afectados en su integridad sin levantarles su condición patrimonial. Es una ley para lotizar los sitios arqueológicos y las casonas republicanas; parece ser una ley redactada por la sociedad nacional de traficantes de terrenos. La ley fue publicada en junio y antes de cumplir seis meses fue publicado el reglamento. La ley y reglamento permiten que cualquier empleadito de Defensa Civil pueda declarar inhabitable una casona y ordenar su demolición. Cuando se conoció la magnitud del despropósito, los arqueólogos comenzaron a moverse, los arquitectos colegiados también, intentando parar en seco la ley estalinista. Es en ese contexto que la mayoría de ex ministros de Cultura de diferentes tendencias políticas y sellos ideológicos firmamos un comunicado en defensa cerrada del patrimonio cultural del país, que, nuevamente, repito no es nuestro, porque tenemos que entregárselo íntegro a las nuevas generaciones, ya que es parte de nuestra identidad nacional. Como el Perú es un país establecido en una gigantesca área arqueológica, para muchos una de las más extensas del mundo. Hay miles de razones para defender ese patrimonio cultural, sin cortar las posibilidades de desarrollo de los linderos de los sitios arqueológicos. Para eso existe un sistema de protección, entonces, para socavar el sistema de protección existente en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (Cira), pareciera que la ministra Leslie Urteaga están buscando la forma de perforar las leyes que protegen nuestro patrimonio, y, de esa forma, dejar en manos de los traficantes de tierras el futuro de Chan Chan, de Caral, de Chavin de Huántar y, probablemente, Machu Picchu.
Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso:
¿Cómo se gestó el texto de la ley depredadora de los activos arqueológicos del Perú?
En 2022, cuando el congresista Alex Randu Flores presidía la Comisión de Cultura, un grupo de parlamentarios liderado por él produjo un dictamen aprobando ese acumulado de proyectos de ley que luego se transformaría en el texto depredador de los bienes nacionales. Cuando en agosto de ese año asumí la presidencia de esa comisión, los congresistas integrantes de esta dijeron que el dictamen aprobado no reunía los requisitos legales, y solicitamos al pleno que lo devuelva a la Comisión. Y dos o tres meses después, el dictamen regresa a la Comisión, aprobándose por mayoría y publicándose en junio de 2023. Se dijo, entonces, que esa ley protegería, mejorarla y utilizarla las nuevas herramientas contractuales y de gestión de proyectos para la sostenibilidad de los sitios arqueológicos. Es decir, que las huacas y monumentos sean súper protegidos y no amenazados como las ciudadelas de Caral y de Chan Chan, donde se han construido edificios de cuatro pisos ante la indiferencia del alcalde y la aquiescencia del ministerio, cuyas autoridades dicen que esos edificios tienen más de trece años de construcción.
Los invasores construyeron viviendas rústicas y realizaron surcos para colocar árboles de plátano y de tuna, dando inicio a un supuesto proyecto agrícola para apropiarse de más de una hectárea del sitio arqueológico de la Civilización Caral.
A propósito de eso, mi equipo de asesores ha revisado ese despropósito y ha concluido que en la ley que creó el Ministerio de Cultura existe la novena disposición que obligaba a ese portafolio a transferir en un plazo máximo de 120 días las unidades departamentales del extinto Instituto Nacional de Cultura (INC) a los gobiernos regionales. ¿Qué ha hecho el Ministerio con esa orden ejecutiva? Nada, nada de nada,
El año pasado les dije a mis colegas congresistas que no podemos seguir tolerando que todos los años el sector Cultura siga evitando la transferencia a los gobiernos regionales. Les dije: ¿entonces de qué descentralización estamos hablando?
Cuando en julio el Ministerio de Cultura publica un proyecto de reglamento que elimina el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira), los arqueólogos saltan hasta el techo y publican el comunicado contra el sector Cultura. Entonces, a pedido de varios congresistas se crearon unas mesas de trabajo que han concluido que se debe derogar la Ley 31770. Ese solo acto no arreglaría todo el problema, porque si no se aplica la novena disposición nunca habrá dinero para enfrentar todos los problemas.
En la primera reunión de trabajo también estuvo presente la viceministra de Cultura Haydeé Victoria Rosas Chávez.
[INFORMES] En los cien siglos que nos separan de los inicios de la agricultura, de la ganadería y del sedentarismo hasta hoy en día, muchas civilizaciones han sucumbido al paso del tiempo, pasando de ser vigorosos imperios y reinos a ciudadelas enterradas, monumentos colosales y objetos prehistóricos que llaman la atención de los humanos contemporáneos.
Como los problemas de inseguridad han aumentado de manera explosiva en todo el mundo, casi ningún país ha podido distraer recursos para resguardar restos valiosísimos en los lugares donde antes se levantaron las grandes civilizaciones de la antigüedad.
Es más, debido a las supuestas órdenes emanadas de su libro sagrado las hordas fundamentalistas musulmanas se dedicaron en las décadas pasadas a dinamitar estatuas de Buda en Afganistán, e invaluables esculturas de miles de años de antigüedad en Irak.
Y así como los militantes del llamado Estado Islámico (ISIS) se dedicaron a destruir el pasado pre islámico en nombre de Alá, hace unas semanas unos trabajadores de la construcción abrieron un agujero en la milenaria Gran Muralla China para que pudieran pasar unos tractores y “tomar un atajo”.
En nuestro país, donde siempre los infractores y los delincuentes usan todos los vacíos existentes en los códigos para transformar la ilegalidad en una mal llamada informalidad, del saqueo centenario de las huacas y de las ciudadelas preincaicas se ha pasado a la invasión, a la lotización y a la venta de terrenos cercanos o dentro de las zonas arqueológicas intangibles en la costa norte y en la costa sur.
Sabemos que muchas veces el celo burocrático de los funcionarios del Ministerio de Cultura entorpecieron y demoraron por meses y años la ampliación del primer terminal aéreo del país y la excavación del subsuelo limeño donde deberán estar los túneles del subterráneo de Lima y Callao y las conexiones de la red de transporte del gas de uso doméstico e industrial en la periferia de Lima, pero conocemos, también, que su desidia ha hecho que Caral, la ciudad más antigua del continente americano, esté bajo las amenazas de los traficantes de tierras, quienes, probablemente, no podrían diferenciar un huaco de una pelota de rugby.
Al cancelarse el Caral Raymi se han visto afectados los hospedajes y restaurantes que ya tenían reservas.
Y no es que exijamos que Caral sea vallada y custodiada por la infantería de Marina, sobre todo en la zona que limita con Végueta y Supe. No, lo único que se pide es que exista un puesto policial que garantice la intangibilidad de la llamada Zona Arqueológica Caral (ZAC).
Hace unos días, la doctora Ruth Shady, directora de la ZAC, comunicó a la opinión pública que había tenido que suspender el Encuentro Arqueológico Anual Caral Raymi, previsto para realizarse los días 27 y 28 de octubre, que tenía como marco la celebración del vigésimo noveno aniversario del descubrimiento de la ciudadela donde se desarrolló la civilización más antigua del continente americano, debido a que las autoridades del Ministerio del Interior habían ordenado el retiro de los policías que resguardaban el monumento más añejo del hemisferio.
Como nos informó el portavoz de la ZAC, la presencia policial hasta la pandemia del coronavirus era permanente; sin embargo, después de esta, la ausencia del resguardo policial en la Ciudad Sagrada de Caral y en los sitios arqueológicos de Áspero y de Vichama dejaban en peligro constante al personal de campo y a los visitantes que llegan diariamente a conocer los destinos turísticos de la denominada Ruta Caral.
“La suspensión del evento busca garantizar la seguridad de los cientos de visitantes que normalmente suelen congregarse en el valle de Supe, provincia de Barranca, para participar de esta festividad tradicional andina”, dijo el portavoz de la Zona Arqueológica de Caral.
Frente a esta situación, la ZAC ha enviado varios oficios al Ministerio del Interior, reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente en esos lugares, ubicados en los valles de Supe y de Huaura. Cabe agregar que hace varios años se construyó en la Ciudad Sagrada una “casa del policía” para facilitar el trabajo administrativo y el descanso de los custodios, pero, como se desprende del pedido de las autoridades de la ZAC, hoy se encuentra sin uso.
Documento enviado por la ZAC al ministro del Interior, Vicente Romero reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente.
Y, en vista de que en la zona de amortiguamiento hay varios traficantes a la espera del menor descuido para invadir las tierras de la ZAC y véndeselas a los falsos urbanizadores, la doctora Shady reitera su pedido a las autoridades del Ministerio del Interior para que impidan la invasión.
Sudaca se comunicó con el Ministerio del Interior para escuchar su respuesta sobre el pedido de la ZAC, y solo atinaron a decir “estamos esperando la respuesta de la PNP”.
Extraoficialmente, un funcionario de la ZAC nos dijo que si hace 50 siglos los primeros pobladores de esa zona la escogieron para edificar el complejo urbanístico más importante del hemisferio, es lógico que los usurpadores sepan que esas tierras son buenas para edificar viviendas, zonas de esparcimiento, escuelas y centros hospitalarios. “Ellos no saben qué importancia para la historia y para la cultura tiene Caral. Ellos solo quieren beneficiarse con la complicidad de unos burócratas absolutamente ignorantes de la importancia de Caral”.
El fuego afectó a la parte denominada “cerco vivo de Caral”
Incendio provocado
La Zona Arqueológica Caral también ha informado que el pasado 1 de octubre de 2023, se registró un incendio provocado cerca al taller de conservación de la Ciudad Sagrada de Caral. Este hecho delictivo tuvo que ser mitigado por el mismo personal de campo de la ZAC, para evitar la expansión del fuego y la afectación del material institucional que se guarda en ese ambiente: palos de eucalipto, cañas de bambú, esteras y carrizos, entre otros.
Sin embargo, el fuego afectó a los arbustos, parte del denominado “cerco vivo de Caral”, a las rejas de bambú del sitio, al servicio higiénico del taller de conservación y otros espacios. El hecho fue denunciado en la Comisaría del distrito de Supe.
Este lamentable suceso se suma a los anteriores intentos de invasión de los sitios arqueológicos, de amenazas de muerte y de daño físico contra el personal de la ZAC, los que han sido denunciados en su momento ante las autoridades y medios de comunicación. La inseguridad ciudadana podría extenderse a los visitantes y turistas extranjeros que acuden al lugar.
Los ruegos de la doctora Shady para preservar el patrimonio arqueológico más antiguo del hemisferio sur logran convencer a las máximas instancias del Ministerio del Interior, las cuales autorizan a la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas para que le asignen una casa pequeña ubicada en Las Lomas de La Molina. Según la doctora Shady, los responsables del sector le dijeron: “aquí está este local, ocúpelo; no se preocupe por los reclamos de terceros, esos van a demorar un largo tiempo”. Recién en 2018, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) nos informa que iba a subastar el local. En ese momento, me dije que había que buscar una salida porque una vez rematado habría que desalojar. Pero antes, como Pronabi pertenecía al Ministerio de Justicia, fui a hablar con el titular del sector, Vicente Zeballos y él me dijo que seguramente Pronabi necesitaba vender para agenciarse de fondos, pero que no me preocupe porque no nos iban ‘a lanzar’ de la noche a la mañana; con tranquilidad vamos a ver internamente esto. Y así pasaron la pandemia del coronavirus y más de tres años y medio de silencio administrativo, hasta que, en octubre de 2022, nos volvieron a pedir el local. En ese mismo momento, fui a buscar a la ministra de Cultura de entonces para pedirle un espacio en el edificio del ministerio. La ministra llamó a su abogado y también al procurador, quien me dijo que no nos preocupáramos porque en 2021 había salido un decreto supremo que decía que si una entidad del Estado tenía un bien inmueble en posesión no podía ser desalojada y que se lo harían llegar al Pronabi antes que el inmueble sea subastado y porque además tenemos en esa casa 15 años.
Entonces, a pedido de las partes, tuvimos una reunión con Pronabi, con la ministra de Cultura y con funcionarios de Justicia; en la reunión no le hicieron caso al decreto supremo, y, más bien, nos dijeron que Pronabi había subastado la casa de Las Lomas el 19 de diciembre de 2022. El nuevo ministro de Justicia me dijo que reconocía el trabajo de los profesionales de la Zona Arqueológica Caral (ZAC) y que iba a hacer lo posible para darnos una solución satisfactoria, lo mismo dijo el alcalde de La Molina, quien ofreció donar un terreno, pero no la construcción. A todos los funcionarios de los diferentes niveles y sectores les hemos dicho que en el pequeño local de Las Lomas de La Molina, está perfectamente acondicionado para guardar las reliquias, también tenemos laboratorio y archivo con cientos de piezas y documentos que les dan validez. Es mi orgullo y debería ser el orgullo del Perú”.
Oficina de la Zona Arqueológica Caral, ubicada en Las Lomas de La Molina, inmueble que fue subastado por Pronabi a finales del año pasado.
La compra, la venta y el probable alquiler
Roger Hugo Gerónimo Miranda es un peruano como muchos, pero un afortunado como pocos que se hizo acreedor junto a su esposa Rosario Zegarra Rodríguez de la casa de Las Lomas de la Molina por el monto de ochocientos noventa y dos mil novecientos ochenta soles. El funcionario de Aduanas durante largos años, con ese sueldo pequeño y nunca indexado pudo darse maña para comprar y vender casas y camiones, ilusiones propias y ajenas.
Lo llamamos y nos contestó:
“Yo he comprado (la casa de Las Lomas de La Molina) de manera legal, los funcionarios de Pronabi hicieron una convocatoria en la cual yo participé y ahora ellos (los de Caral) tienen que retirarse. No la estoy ofreciendo en alquiler, pero el Ministerio de Cultura es el que me pide que se la alquile. Le he respondido ‘que puede ser’ y hemos negociado durante una semana. Quiero decirle que lo que he hecho es totalmente legal, ella (la doctora Shady) es la que está actuando de manera ilegal, porque se ha debido retirar de la casa y no le ha dado la gana de retirarse. Ellos (los arqueólogos de Caral) simplemente tienen que irse, no tienen nada que los ampare, porque yo no estoy dispuesto a aceptar la nulidad de la compra-venta. Yo he comprado la casa porque me interesa. Ahora bien, si quieren comprármela estoy dispuesto a vendérsela, pero no al precio de la adquisición, sino al precio de mercado”.
Al terminar la conversación, Roger Hugo Gerónimo Miranda nos dijo: “las sospechas sobre el origen del dinero (ochocientos mil soles, según los informantes) pueden darse, pero yo tengo más de treinta años trabajando en Sunat. Es imposible que no pueda demostrar de dónde sale ese dinero”, nos dice el afortunado funcionario.
Y finaliza con un contundente: “una donación (de la casa) es imposible”.
Roger Hugo Gerónimo Miranda, funcionario de Sunat y ganador de la subasta que lo convirtió en dueño de la propiedad que ocupa la Zona Arqueológica de Caral.
Recapitulemos lo conocido hasta ahora en este “cultoricidio”; tenemos, primero, a una burocracia insensible en la Universidad de San Marcos donde la doctora Shady, sus arqueólogos y sus asistentes estuvieron amontonados hasta el descubrimiento de Caral en 1997. Cuando en 2002, la Universidad de San Marcos obliga a la arqueóloga y a su gente a dejar el campus, la doctora Shady averigua que ese acto indigno fue debido a que el monto asignado a Caral estaba dentro del presupuesto de la universidad, por lo que el rector Manuel Burga sabía que si terminaba el vínculo laboral, él podría disponer de ese dinero para otros fines. Tenemos, después a empleados públicos de rango medio y alto en el Instituto Nacional de Cultura, en los ministerios de Cultura (fundado en 2010), del Interior (“dueño” transitorio de los bienes embargados a los narcotraficantes) y de Justicia, donde el procurador Erick Samuel Villaverde Sotelo, le dijo a la descubridora del asentamiento humano más antiguo del continente: “yo a usted no la conozco, no sé lo que es Caral”, en la última reunión que tuvieron las partes después que Villaverde Sotelo denunciara a Ruth Shady por el delito de peculado doloso en contra del Estado por el hecho de ocupar una casa cedida por el Ministerio del Interior.
El procurador público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió denunciar a Ruth Shady por los presuntos delitos de peculado doloso en agravio del Estado.
Villaverde Sotelo, quien el año pasado no sabía quién era Ruth Shady ni qué era Caral es un abogado graduado en la Universidad San Martín y doctorado en Ciencias Penales en la misma universidad. Nosotros ya lo conocemos, señor.
Para entender cómo se pueden cometer tantos vejámenes contra una científica de figuración mundial sin que ninguna autoridad haga nada, le pedimos una entrevista al ingeniero Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República.
Ingeniero, todos sabemos las comisiones ordinarias del Congreso tienen como misión fiscalizar a cada uno de los sectores gubernamentales, por eso su comisión tendría que saber qué pasa en el ámbito cultural del Estado, y, por consiguiente, ¿qué hará el Poder Legislativo para amparar no solo a la doctora Shady, sino a Caral?
HA: Nuestra comisión solicitó el 5 de enero que Pronabi nos haga llegar información sobre el tema, porque no entendíamos cómo una entidad del Estado pudiera estar enfrentada a otra entidad, el Estado contra el Estado, donde Pronabi prioriza su interés económico y no los grandes intereses culturales de la Nación. Más aún, al margen de lo que diga el procurador del Ministerio de Justicia, todos debemos saber que hay un Decreto Supremo, el 001-2021 de esa institución, que dice claramente que los inmuebles que hayan sido asignados en uso temporal antes de la entrada en vigencia de la norma podrán asignarse definitivamente a aquellas entidades que los ocupan durante un plazo no menor de diez años continuos.
Es más, creo que algo raro está pasando, algo está descomponiéndose, algo huele muy mal. Voy a interesarme a fondo, no solo por Caral y la doctora, sino por todo el patrimonio histórico de nuestro país.
Para finalizar, el Ministerio de Cultura ha accedido a otorgarles un espacio en el segundo piso del edificio ministerial en San Borja, pero la mudanza tomará de dos a tres meses porque se necesita acondicionar el local y que las piezas arqueológicas sean trasladadas de manera especial por sus características.
Sobre el futuro de la demanda del procurador a la científica, pues esta sigue su curso con una primera citación para el 3 de marzo, esperamos que el titular de Justicia, el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y el tino les ganen la mano a los inciviles.
Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la 
