Casticerronismo

Una batalla campal en redes sociales y medios se ha desatado entre quienes consideran que aquellos que, por cuestión de dignidad o principios, votaron en blanco o se inclinaron por Castillo como mal menor en rechazo al keikismo, no tienen autoridad moral ahora de irritarse por los yerros del gobierno y tienen, pues, que asumir contritos las consecuencias de lo que se considera fue una frivolidad o una estupidez (les han endilgado la chapa de “cojudignos”), versus quienes, a su vez, estiman que todos los que se sumaron a la absurda tesis de un fraude y luego a las iniciativas golpistas, no son los llamados a liderar ninguna resistencia moral al casticerronismo (son éstos, los fachos y la DBA).

Tremendo favor se le hace al régimen y sus eventuales arrebatos radicales y autoritarios, si la oposición a esa deriva se dedica intensamente a un tonto ajuste de cuentas antes que a erigir una fuerte barrera de contención en todos los frentes posibles para evitar que el verbo radical de algunos voceros del gobierno termine haciéndose realidad.

A la mediocridad del gobierno nos tenemos que resignar. Parece irreversible. Requerirá también, sin duda, vigilancia y oposición, pero la batalla dura -que puede pasar in extremis, por un proceso de vacancia- se tendrá que dar solo si el régimen traspone los linderos constitucionales y democráticos, o si el Primer Mandatario incurre en las causales de incapacidad moral permanente para gobernar.

Las dos acciones, la de oposición a la mediocridad rampante, o la dura a una deriva autoritaria del régimen, necesitan, como condición ineludible, de la unidad consolidada de la clase política, de los poderes institucionales, de las bases populares organizadas y de los poderes fácticos (gremios sindicales, empresariales, medios de comunicación, etc.).

La ruptura de la oposición, como sucedió en Venezuela o Nicaragua, solo ayudará al régimen a desplegar su eventual agenda radical y consolidar un proyecto autoritario (al respecto, muchos están esperando la bomba política de Castillo cuando todo parece indicar que se tratará de una confrontación permanente de baja intensidad que va a requerir además de unidad, de mucha inteligencia estratégica).

Lo menos indicado en tales circunstancias es que la oposición se dedique a zaherirse mutuamente, en un plan tonto de ajuste de cuentas. Lo prioritario para la salud democrática del país es la unidad opositora. En esa perspectiva, insistimos: todo suma, nada resta.

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Casticerronismo, cojudignos

Son lamentables las disputas tontas dentro de Renovación Popular. No interesa ya a estas alturas discernir las responsabilidades, pero queda claro que el vocero de la bancada, el almirante Jorge Montoya, no es precisamente un dechado de tolerancia y buenas maneras.

En cualquier caso, la buena noticia es que los tres renunciantes han recalado en Avanza País, una agrupación más liberal y democrática que la de Renovación Popular, que representa a la extrema derecha autoritaria del país.

Decimos esto porque más allá de diferencias claras, lo que en estos momentos necesita el país es una férrea unidad entre todas las fuerzas de centro y derecha para hacerle frente al despropósito mayúsculo que muestra el casticerronismo. Salvo excepciones, el gabinete ministerial es un espanto de impericia e improvisación, además de cuoteo político descarado.

Nada bueno augura la gestión de un tipo taimado como Guido Bellido de Premier, involucrado ahora en una nueva investigación fiscal, esta vez por lavado de activos. En modo de aterrizaje suave, la estrategia del gobierno es arrasar con todas las barreras de contención. Con la misma perspectiva estratégica hay que responder.

La mediocridad clama al cielo y es intolerable en un país con tantos problemas como el Perú, pero, por último, democráticamente hablando, es y debe ser tolerada por respeto a los votantes de esta opción política, por más advertencias que se hicieron durante la campaña.

Pero lo que es inaceptable es que bajo el disfraz de la moderación económica se pretenda construir un proyecto radical y autoritario, que pasa por la convocatoria a una Asamblea Constituyente corporativista, que supondría el fin de la democracia representativa reinante en el país los últimos 20 años ininterrumpidamente.

Frente a esa amenaza, no caben vacilaciones ni querellas intestinas que bloqueen una acción común. Desde el Congreso, desde las calles y las organizaciones sociales se debe poner coto a tamaño despropósito. Ya hay, por ejemplo, una iniciativa de la bancada de Podemos para acotar las cuestiones de confianza. A ello debe seguir la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Y cuando el tema esté clarificado, arrinconar al gobierno si éste pretende salirse del carril democrático, teniendo la vacancia como munición extrema en caso sea necesario.

Centristas y derechistas deben actuar unificados en dicha tarea. Eventualmente sumar a algunos izquierdistas desencantados. Como ya hemos dicho, todo suma, nada resta. Hay que descartar la práctica infantil de pretender ajustes de cuentas absurdos en momentos en los que ello no corresponde y más bien divide los esfuerzos comunes.

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