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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 324.
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Dada la tara política del gobierno, la misma que parece irreversible e irremediable, el Congreso opositor va a tener que tomar iniciativas que se entrometan en responsabilidades ejecutivas. Aquí, algunas sugerencias al respecto y otras, propiamente legislativas:
-Debe definir el tema de la incapacidad moral permanente. O se restringe a una perturbación psíquica inhibitoria de las responsabilidades presidenciales o se extiende a serios indicios de corrupción palaciega que comprometan la figura presidencial y justifiquen, sin mácula constitucional, el uso de la vacancia como recurso válido, tanto jurídica como políticamente.
-Precisar la prohibición de que el Estado ejerza función empresarial alguna. Hoy no se puede crear una empresa pública sin ley del Congreso, pero Petroperú y Sedapal sí pueden coexistir. Son, podría decirse, preconstitucionales. Pues bien, debería impedirse que sigan funcionando y que se proceda a su privatización. Eso puede ser tarea del actual Congreso y así nos evitaríamos el desastre que ha anunciado ayer el Presidente de hacer que Petroperú vuelva a explorar y explotar (cada pozo explorado será un colegio o un hospital tirado al tacho).
-Modificar las leyes de descentralización. Es, la historia de los últimos 21 años lo confirma, un fracaso. No ha servido para darle mayor poder económico a las regiones, no ha generado una clase política provinciana educada y con solvencia técnica, no ha generado una tecnocracia pública, no ha mejorado los indicadores de salud y educación, salvo muy honrosas excepciones, y, más bien, ha alimentado una horda de caciques corruptos e ineficientes que han hurtado o dilapidado los recursos públicos.
-Disponer que los ascensos militares y designaciones diplomáticas pasen por decisión del Congreso. Si se precisa reformar la Constitución, pues habrá que hacerlo. Hay que poner todos los candados posibles a cualquier intento de copamiento de dos entidades tutelares de la República. Ya hemos tenido más que suficiente con éste y anteriores gobiernos que han deshecho el escalafón militar por puro cálculo político subalterno, bajo la creencia torpe de que controlando las Fuerzas Armadas se evita la posibilidad de un quimérico golpe de Estado.
-Censurar ministros con mayor rapidez. No puede ser que se demoren casi cien días en arreglar los entuertos de alguien como el exministro de Educación, Carlos Gallardo. Se necesita mayor celeridad. Por si los congresistas no lo recuerdan o saben, no se necesita interpelar previamente para censurar a un ministro descalificado moral o técnicamente para ejercer el cargo. Si Castillo no enmienda rumbos, esta potestad política de la censura va a ser determinante para evitar que el país se vaya al despeñadero.
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Mañana se verá si estamos ante un Congreso con las agallas suficientes para contener los desmanes políticos que este gobierno ha perpetrado con fruición en estos sus primeros sesenta días de mandato.
Todo comenzó con la designación del gabinete Bellido, un conjunto de impresentables, ligados algunos de ellos al Movadef, radicales cerronistas, acusados de violencia de género o abiertamente incompetentes para el cargo. Salvo contadas excepciones, un desastre por donde se le mire.
Y allí, cuando ese gabinete fue a pedir la confianza del Legislativo, éste claudicó y se la otorgó. El peor gabinete ministerial de nuestra historia republicana salió triunfante gracias a la debilidad moral de los dos principales partidos de centro a la fecha: Acción Popular y Alianza para el Progreso.
Se espera que mañana, dadas las numerosas denuncias periodísticas que vinculan al ministro de Trabajo, Iber Maraví, no solo con Sendero Luminoso sino, inclusive, con atentados terroristas, el Congreso sepa proceder, luego de la interpelación, a un pedido de censura, y al cabo del plazo previsto, lograr los 66 votos que se requieren para censurarlo y sacarlo de un gabinete en el que nunca debió estar.
Si el presidente Castillo no tiene la capacidad de liderazgo suficiente para enmendar el menjunje indigesto que ha armado de gabinete (según encuesta de Ipsos de hoy, el 61% de la ciudadanía cree con razón que Castillo carece de condiciones de líder), pues que el Congreso empiece a desplegar una de sus responsabilidades, como es fiscalizar al Ejecutivo.
Grandísima responsabilidad a cuestas será la que tendrá el Congreso en los próximos meses y lo que dure este gobierno. Ya se avecina la tercera ola y pronto también los coletazos recesivos del desplome de la inversión privada, producto de la incertidumbre que el propio gobierno se encarga de sembrar. Vendrán o se acrecentarán los conflictos sociales y tendremos nuevamente una tormenta perfecta de crisis: sanitaria, política y económica.
Con un gobierno timorato y un Presidente ausente, es de temer lo que en tales circunstancias pueda pasar si el Congreso no toma las riendas del poder que le corresponden. Nuestros legisladores deben prepararse para afrontar responsabilidades políticas mayores. El pueblo no merece pagar las consecuencias de un régimen deleznable y mediocre.
