Crisis política

Esta semana ha revelado una total falta de institucionalidad y respeto mínimo a las reglas y normas que deberían imperar en un Estado de Derecho. El gobierno parece no darle tregua a cualquier mínimo intento de estabilidad. Tras la tensión desatada entre el presidente y su premier por el mantenimiento del defenestrado e impresentable ministro Barranzuela, le siguió la publicación de los audios del ministro de transportes cediendo la reforma del mismo a la improvisación de las kombis que tantas muertes han traído. Pero, por si no fuera suficiente, hoy nos la vemos con una seria denuncia, que involucra a las esferas más altas del gobierno, en el intento de manipulación en los ascensos de generales en las fuerzas armadas. Como se aprecia, estamos ante un panorama desolador en el que la ley parece no tener ningún valor.

El establecimiento y mantenimiento de un Estado de derecho ha sido una conquista muy dura en la historia. Llegar a establecer como un sentido compartido que la mejor manera de convivir es mediante el imperio de la ley, como contenedora de los impulsos autoritarios, es el mayor logro de la civilización occidental. Por ello, a las mentalidades y sociedades pre-modernas les cuesta tanto hacer el tránsito, pues siguen considerando al Estado como su botín en el que pueden hacer lo que mejor les parezca con tal de mantenerse en el poder.

Lo peor de la situación política que vivimos es que la profunda inestabilidad no es producto de un programa de gobierno transformador que esté removiendo las bases mismas de una sociedad excluyente y oligárquica. Lo que vivimos no es producto de una serie de reformas profundas que se hayan impulsado en estos cien días. Por el contrario, la inestabilidad es producto, por un lado, del rosario de desaciertos del gobierno principalmente en el nombramiento de ministros y altos funcionarios y, por el otro, una derecha obsesionada con la vacancia del presidente que no ha dado un minuto de sosiego. 

En ambos casos el factor común es la manipulación de las instituciones y de la legalidad para sus fines subalternos. El bien común ha desaparecido del horizonte y del discurso político peruano. Todas suenan a palabras vacías cuando tras ellas sólo se esconden intereses de grupos disputándose el poder. Esta situación tendrá un desenlace impredecible cuando los ciudadanos, especialmente aquellos que votaron por una transformación, sientan sus expectativas totalmente embalsadas e incumplidas. El peligro que nos acecha es que el hartazgo de las personas se traduzca en salidas autoritarias que terminen desbordando el cauce institucional.

La obstinación del presidente por perseverar continuamente en el error lo pueden llevar a una ruptura con su premier. Si eso se llegara a suceder sumergiría a su ya endeble gobierno en una vorágine de la que tal vez no haya una salida institucional. Estamos al borde de un precipicio y los políticos juegan por ver quién empuja a quién sin percatarse que todos juntos terminaremos cayendo por su irresponsabilidad y banalidad. Perder a una premier que le ha dado un respiro y oxígeno al gobierno sería un despropósito, menos aún si lo hace para mantener a un ministro tan cuestionado y que seguramente igual será censurado por el parlamento. 

Visto está que el principal problema del gobierno no es con sus propuestas de cambios estructurales, porque hasta ahora no ha iniciado ninguno. Su problema central está con los funcionarios que designa, se torna entonces en un problema de personas que no de políticas gubernamentales. Está gastando tiempo y esfuerzo en defender personas, muchas de ellas indefendibles, en ligar de dedicarlo a lo que los ciudadanos esperan y para lo que lo eligieron. Aún es tiempo de volver al rumbo de la apuesta por el cambio dentro de la institucionalidad donde la ley no sólo se acate sino también se cumpla.

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