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Uno de los efectos colaterales de la parcial reforma política que se desplegó durante la gestión de Vizcarra fue que, al restringir el financiamiento electoral de las empresas formales, no es que haya producido una sequía de liquidez en los candidatos, sino que los mismos se han terminado acercando a fuentes ilegales de financiamiento (mafias del transporte, narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de madera y demás) que, luego, como suele ocurrir, piden su correspondiente contraprestación.
Lo acabamos de ver con la protección que el Congreso le ha brindado a la mafia del transporte, la que mueve millones de dólares informalmente y necesita protección política para sobrellevar su irregular y dañina actividad. Como se ha visto, sus financiados le han devuelto el favor, al sabotear la interpelación al ministro de Transportes, que les había prometido todas las gollerías habidas y por haber, incluyendo las cabezas de las principales autoridades que desarrollan la reforma del transporte.
Y el problema se da no cuando hablamos del poder expresado en el gobierno central o en el Parlamento, sino cuando descendemos en la escala del poder y llegamos a los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Todos, o casi todos, son financiados por fuentes ilegales provenientes de actividades delictivas, principalmente del narcotráfico, en las zonas donde esta actividad delictiva necesita alguna sombrilla protectora para la siembra, distribución o comercialización de la droga.
Luego, como consecuencia de ello, tenemos autoridades funcionales a los dineros ilícitos, corruptas de origen, prestas a cualquier presión o enjuague que se les solicite por parte de sus financistas.
Así, paulatinamente, el Perú se acerca a convertirse en un narco Estado o un Estado mafioso, sujeto a los intereses de actividades que mueven miles de millones de dólares delictivos, que destruyen la economía empresarial sana y generan un masivo proceso de lavado de activos que perturba hasta al propio sector financiero.
Es menester que las autoridades electorales pongan especial celo en supervisar las cuentas partidarias y las fuentes de financiamiento de los partidos que postulan. Y especial atención debe colocar la Unidad de Inteligencia Financiera ante las muestras evidentes de que acá se está lavando dinero con política sucia contaminando los poderes democráticos.
