Luego, se generaba un sentimiento de culpa devastador para el que se atreviera a salir de la organización, lo cual impedía que las persona salgan de esta institución (“cárcel mental”).
Este proceso a través del cual se alcanzaba la privación o anulación de la libertad personal suele darse o presentarse en los movimientos religiosos o pseudo-religiosos, denominados “sectas”, no siendo una creación o un invento de los denunciantes. Es un problema real que nuestro país debe afrontar».
El documento fiscal señala que entre 1993 y 2007 el Sodalicio tenía un Centro de Orientación Vocacional Profesional, donde laboraban las psicólogas Cecilia Collazos y Liliana Casuso, integrantes de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, que realizaban test psicológicos a los adolescentes aspirantes y miembros a fin de recabar información personal e íntima, que era utilizada para lograr su captación o mantenerlos dentro de la organización. Esta información habría sido compartida, violando el secreto profesional, con el mismo Luis Fernando Figari.
Éste afirmaba que podía ver la vocación sodálite a través de los ojos de las personas, haciendo creer a sus víctimas que poseía dones especiales. Lo cual ha sido negado por el mismo Figari en la declaración que se le tomó en Roma el 10 de octubre de 2016, diciendo que «los ojos son la ventana del alma y entonces dan la oportunidad de ver si es que hay una transparencia o turbidez, que se ve con toda claridad sobre todo en ojos que son más fáciles de ver, si no con aplicación de luz que permite ver el fondo del ojo, como hacen los oculistas. Eso nunca fue presentado como un don sobrenatural o algo especial sino como una técnica de inferencia».
Todas esas tácticas de captación se iniciaban, por lo general, con jóvenes adolescentes menores de edad, por lo cual, si se demuestra el delito de secuestro —entendido como una privación o restricción de la libertad mediante técnicas de manipulación y control mental—, podría aplicarse lo que dice el Código Penal
«La pena será de cadena perpetua cuando:
1. El agraviado es menor de edad o mayor de setenta años.
[…]
3. Si se causa lesiones graves o muerte al agraviado durante el secuestro o como consecuencia de dicho acto».
Este secuestro, esta privación de libertad durante años, motivada por intenciones nada santas de parte Figari, llegando en algunos casos a situaciones que calificarían de esclavitud moderna, ha causado tanto o más daño en aquellos que lo hemos sufrido que los abusos sexuales que sufrieron otros.
No habían protocolos claros para quien decidiera irse del Sodalicio. Esa decisión era obstaculizada hasta el extremo, de modo que se generaba una angustia mortal en aquellos que se hallaban en ese trance. Y nada demuestran las cartas de sujeción que algunos escribimos, manifestando que estábamos libremente en el Sodalicio, pues la opción de decidir lo contrario era impensable, era considerado un suicidio del alma y una puerta hacia la infelicidad terrenal en este mundo y la condenación eterna en el otro.
Y como ésa era la mentalidad que se marcaba como un hierro candente en nuestras almas, el día en que a un muchacho que estaba pasando su período de formación en San Bartolo le dijeron, como excepción, que no tenía vocación sodálite y que debía dejar la comunidad, éste entró en una espiral de desesperación de la cual no pudo escapar. Ése sería el motivo por el cual meses después habría saltado hacia su propia muerte desde la azotea de la casa de sus padres.
Hay otras situaciones que revelan lo mal que funcionan los supuestos filtros de InDriver. Dulce Cabrera (28), por ejemplo, fue víctima de un hurto que escaló a mayores. “Todo pasó el 23 de abril, cuando me dirigí a La Molina para maquillar a una chica por su cumpleaños. Tomé un taxi desde mi casa en El Agustino acompañada de mi novio. Llegué a la casa normal. Al sacar mis cosas me doy cuenta de que no tenía mi celular”, recuerda esta profesora de educación primaria.
Luego de timbrar en más de diez oportunidades a su número sin respuesta, Cabrera decidió llamar a Jesús Alberto Salas Rodriguez, el dueño del vehículo de placa ANE-063 que los llevó hasta La Molina. “Me dijo que estaba por Magdalena haciendo otra carrera y que se iba a estacionar para fijarse. A los 10 minutos volvimos a llamar y nos dijo que no había nada. Enseguida volvimos a timbrar y ya estaba apagado”, asegura la también maquilladora.
Cabrera dio el celular por perdido, pero ahí no terminaron los problemas. “Una experiencia de una noche arrastró un mes completo de malos momentos”, se lamenta. Y es que a tres semanas de ocurrido el hecho, la profesora se dio con la sorpresa de que alguien se estaba haciendo pasar por ella en redes sociales.
“Mi hijo de 10 años tiene Facebook en su tablet. Es la forma de comunicarme con él cuando no estoy. Le escribieron desde mi cuenta. Habían conseguido desbloquear mi celular”, dice Cabrera. Y el asunto siguió. “El 18 de mayo me notificaron a mi correo que habían pagado un viaje en Beat de casi S/ 30 con mi tarjeta. Tenía miedo de que vaciaran mis cuentas bancarias”, agrega la profesora. Alarmada, comenzó a cambiar todas sus contraseñas.
Cabrera logró comprobar que Jesús Salas, el hombre que le había hecho el servicio por InDriver, era la persona que había realizado ese viaje en Beat. “El viaje que hicieron desde Miraflores a El Agustino en Beat figura con la dirección que aparece en su Reniec”, afirma.
La mujer realizó una denuncia policial –a la que tuvo acceso Sudaca– de todo lo que vivió. Sin embargo, en la misma comisaría le recomendaron dejar el asunto ahí. “No le dieron mayor importancia. El comisario le indicó al agente que me estaba tomando la declaración que lo hiciera, pero que lo diera por perdido. Me dijeron que al día siguiente vuelva por la copia. Pero ya no fui, volví decepcionada”, recuerda.
Esta fue la ineficaz respuesta que recibió Lucero Hidalgo cuando reportó su primer intento de secuestro a InDriver
Al igual que Cabrera, el resto de casos aquí detallados por Sudaca fueron reportados a la aplicación a través de un nada amigable chat de atención al cliente. No recibieron ninguna solución, muchos menos les dijeron si iban a sancionar a los conductores señalados.
¿VIAJAR SEGURO?
La aplicación de taxis InDriver nació el 2013. Es operada por una empresa rusa llamada Sinet Team, aunque su sede principal se encuentra en Mountain View, California. Su fundador y cabeza es Arsen Tomsky y su presencia en el mundo es impactante: el servicio está disponible en más de 600 ciudades en 42 países como Honduras, Uzbekistán o Kenya, según su propia web.
Al Perú, esta app llegó recién en 2018 y va ganando terreno gracias a sus “ventajas”. No sólo está el plus de poder regatear el precio de los viajes. Para los conductores, usar esta app sale más a cuenta, porque esta cobra una comisión promedio de 9.5% por viaje realizado, según su misma web. Esta tarifa la vuelve más cómoda que servicios similares como Uber o Beat, que cobran 25%, de acuerdo al diario El Tiempo de Colombia.
InDriver tiene filtros similares a los que manejan otras compañías para sus potenciales trabajadores: el taxista debe presentar sus antecedentes policiales, licencia de conducir vigente, cédula de ciudadanía y tarjeta de propiedad del auto, además de una foto y SOAT. En su web dicen que en solo 24 horas pueden aceptarte para generar ingresos con ellos. Pero Sudaca pudo corroborar que hay brechas de seguridad que son un peligro para el usuario.
Por ejemplo, no es necesario inscribirse como chofer para ver en vivo y en directo los viajes solicitados en InDriver. Basta presionar un botón en el aplicativo para cambiar de “modo pasajero” a “conductor”. Así, diversos datos quedan a libre disposición de cualquier persona que no esté inscrita como taxista. Esto incluye, además de los puntos de origen y destino, el modo de pago y los nombres de los usuarios, sobre todo si están registrados con Facebook. Por si no fuese suficiente, también se puede acceder a los kilómetros de distancia entre la ubicación del pasajero y el posible conductor antes de abordar.
Basta presionar un botón en la app para poder visualizar todos los viajes solicitados en vivo dentro de InDriver. Una brecha de seguridad que expone a sus usuarios y conductores.
Para el abogado Erick Iriarte, este hecho no solo es peligroso, sino que transgrede normativas vigentes. “Puede entenderse como una brecha de seguridad tanto para usuarios pasajeros como conductores. La app debería explicar por qué tiene esa modalidad. La ley de protección de datos personales, vigente desde hace 11 años en el Perú, tiene que ser cumplida”, afirma el especialista en derecho digital.
Opinión similar comparte el abogado Carlos Guerrero. “Es grave, me sorprende que sea así. Otras como Uber, Cabify o Beat tienen interfaces diferentes dependiendo si te registras como usuario o conductor. Me parece evidente que un delincuente lo pueda explotar para cometer delitos”, asegura el también especialista en entornos digitales.
“Ofrece tu precio. Recupera tu libertad”, es el eslogan deInDriver. La frase suena a ironía para los casos que revelamos en este informe. Sudaca intentó comunicarse con la compañía para que respondan por estos hechos a través de su departamento de relaciones públicas. Al cierre de este reportaje no recibimos respuesta.
A fines de noviembre del año pasado, el congresista José Elías, de Podemos Perú, presentó otra iniciativa legislativa –el proyecto 842/2021-CR– que busca regular a Indriver, Beat, Uber y compañía. El último 30 de mayo fue aprobado su dictamen. Con esto, solo falta que el Pleno del Congreso lo vote.
El proyecto del legislador Elías pretende crear el ‘Registro Nacional de Empresas Administradoras de Intermediación del Servicio Privado de Transporte Especial a través de Plataformas Tecnológicas’, que estará a cargo del MTC, entidad que también deberá fiscalizar el negocio y establecer sanciones. Esta lista incluirá a todas las empresas tecnológicas que brindan este tipo de servicios, estén o no localizadas en el Perú.
También estandariza los requisitos de admisión de nuevos conductores colocando algunos que no consideraban las aplicaciones, como exigir una constancia de revisión técnica aprobada y el récord de papeletas del conductor. El proyecto de Elías deja la puerta abierta para que el MTC agregue más filtros en el futuro reglamento de la ley. Además, ajusta los datos mínimos a los que los usuarios deben tener acceso en los aplicativos.
Si bien la iniciativa ya cuenta con un dictamen favorable, su aprobación –más allá del voto del Pleno– no está garantizada. En el 2018, dos iniciativas similares de las comisiones de transportes y defensa del consumidor llegaron a ser aprobadas por el pleno, pero el presidente Martín Vizcarra observó su autógrafa el 28 de diciembre de ese año. Hasta hoy, las aplicaciones de taxis son tierra de nadie.
“En el Perú tenemos la mala costumbre de apropiarnos de elementos identitarios de marcas ajenas y nos parece absolutamente natural. Pero esto obvia que la razón por la que se hace es porque alguien ya se tomó el trabajo de construir esa marca. Si no, no tendríamos ningún objetivo para robárnosla”, dice Carlos Zuñiga, presidente de la asociación Elegir.
“Uno se apropia de la marca porque la gente asocia cierto tipo de valores y criterios. Ese es el razonamiento detrás del robo. El único objetivo es el de confundir al consumidor final, porque estás tratando de transferir esta identidad de marca a una cosa nueva que no la tiene. Y sin pagar nada por beneficiarse de eso. Al final, lo más gracioso de todo es que esto también es plagio, están plagiando a una marca”, agrega el especialista en defensa del consumidor.
Hoy el colegio ha adoptado un nuevo nombre, aunque mantiene el espíritu anglosajón: UCV College. Así nos lo confirmaron cuando llamamos a pedir una entrevista con su directora, quien no aceptó la solicitud. En el área de comunicaciones de la universidad tampoco quisieron atendernos.
Recientemente, un grupo de padres y madres de familia protestó en el frontis de la institución para que las clases vuelvan a ser por las mañanas y no por las tardes, como viene siendo desde inicios de año. Señalaban que sus hijos se exponían a la delincuencia de la zona. Tras presentar su reclamo ante las autoridades del centro educativo, “estas les recomendaron cambiar de colegio a sus hijos si no están de acuerdo con el cambio de horario”, señala una nota del diario La Hora, de Piura.
Fiel a su nulo respeto por la libertad de expresión, el colegio de la UCV les recordó a los tutores de los alumnos que, según su reglamento, tienen prohibido “hacer comentarios a través de diferentes medios que generen divisiones, afecten el prestigio y la buena imagen de la comunidad educativa”. Así se lee en un comunicado dirigido a ellos. La empresa Universidad César Vallejo SAC figura en el puesto cinco de las casas de estudio más sancionadas por el Indecopi.
Protesta de los padres de familia contra la UCV College. Recibieron una bravuconada como respuesta.
Ante esta denuncia, Enel respondió a Sudaca que «cuenta con procedimientos rigurosos para el contrato y control de proveedores». «El sistema de scoring financiero, Sentinel, calificaba a Electrowerke como un proveedor de “riesgo mínimo” a la fecha de celebración del referido contrato», dijeron.
Enel sostiene que, si bien el contrato firmado con Electrowerke permitía subcontratar a terceros que apoyen la ejecución de la obra, «no establecía ninguna obligación por parte de Enel frente a estos u otros proveedores subcontratados». «Tal como se explicó, debemos aclarar que Enel no puede responsabilizarse de las deudas que mantiene Electrowerke con sus subcontratistas», precisan.
