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Dina Boluarte archivos | Página 5 de 16 | Sudaca - Periodismo libre y en profundidad

Dina Boluarte

¿Cómo va a ser viable un país cuya tasa de anemia en niños de 6 a 35 meses es de 42.4%? Peor aun sabiendo las consecuencias irreversibles que ello conlleva -cuando deriva en desnutrición crónica- para el desarrollo motriz y neuronal de los afectados por este gravísimo problema.

María Elena Ugáz, oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano de Unicef, ha declarado a El Comercio: “La Organización Mundial de la Salud determina que si la prevalencia nacional o local de anemia es mayor al 40% se considera un problema de salud pública severo”. Superamos, como se aprecia, esa tasa.

Puno y Ucayali son las regiones más afectadas, con 67.2% y 65.8%, respectivamente, pero en 19 regiones del país se registra un aumento de las tasas de anemia, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI. La situación es de espanto y amerita una acción política urgente e inmediata del gobierno central y los gobiernos locales. Debería ser parte esencial de la gestión gubernativa en todos los niveles. La presidenta Boluarte debe tomar cartas directas en el asunto.

Son tres los caminos a seguir. Primero, retomar la senda del crecimiento económico, la mejor fórmula para combatir la pobreza, altamente correlacionada con los indicadores de anemia. Segundo, establecer políticas de salud pública que vinculen varios sectores para compeler a los jefes o jefas de hogares a proporcionar una dosis de hierro mínima a los infantes. Tercero, instruir al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, Midis, para que también vincule la gran cantidad de programas sociales que alberga, al cumplimiento de ciertas tareas vinculadas a la mejor alimentación de la población en emergencia crítica (que es casi la mitad de la población nacional en la edad comprometida).

Condenar a las nuevas generaciones a minusvalías en aspectos de desarrollo psicomotriz y neuronal, equivale a tramar una red de ciudadanos de segunda clase, sin las condiciones equivalentes a quienes han tenido la fortuna de gozar de una buena alimentación infantil.

Y predispone a la democracia peruana al consecuente voto disfuncional, desinformado, lo que es peor, desinteresado de la política y de los grandes debates públicos, construyendo una masa crítica dada a los extremos polarizados, de rápida y acrítica asimilación.

La del estribo: en la cada vez más prolífica cartelera teatral limeña, se pone en escena Salomé, de Oscar Wilde, obra que causara un escándalo desde su estreno por su punzante cuestionamiento a los parámetros del conservadurismo. Dirigida por Jean Pierre Gamarra, y con la actuación de Amaranta Kun, Leonardo Torres, Mónica Sánchez, Fernando Luque, Alonso Cano, entre otros, va en el Británico, hasta el domingo 6 de agosto. Entradas en Joinnus.

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Alonso Cano, Amaranta Kun, Dina Boluarte, Fernando Luque, INEI, Leonardo Torres, María Elena Ugáz, Midis, Mónica Sánchez, OMS, Unicef

[CARTAS A MANUELA SÁENZ] Querida Manuela,

Llegamos a julio de 2023. Cómo pasa el tiempo. Se han cumplido dos años de nuestras cartas. Es un gusto poder compartir contigo el Perú del Bicentenario. Cómo me gustaría que me pudieses contar tu sentir sobre la lucha de tantos peruanos y peruanas por la independencia. El tiempo vuela y dos años de correspondencia nos debe llevar a ciertas reflexiones sobre nuestra historia contemporánea.

Llegamos al mes de la patria con una presidenta que tiene cinco meses en el cargo y acusaciones graves contra los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante los meses en los que no te pude escribir, como te conté en mi carta anterior, se presentó el informe Situación de Derechos Humanos en Perú en el Contexto de las Protestas de la CIDH, que confirma que hubo graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Hasta la fecha el Ejecutivo no ha presentado sus descargos fácticos sobre el mencionado informe. Los congresistas se han pasado insultando a la Comisión, sin haber fiscalizado al Ejecutivo para que explique la muerte de 60 personas durante las protestas sociales. Hasta el alcalde de Lima a desacreditado a la Comisión y su trabajo sin leer el informe.

Todas las autoridades se han unido para negar la muerte de los ciudadanos. Parece que estos demócratas no saben que deben rendir cuentas a los ciudadanos ya que nos deben sus puestos. Los ciudadanos tenemos el derecho a elegir, ser elegidos, así como de expresarnos contra autoridades que no nos representan, mas aún cuando queda claro que están gobernando por intereses (propios) que van en contra del país y la Nación. Sus leyes, como la última de colaboración, atentan contra los actuales procesos de corrupcion y el congreso.

La represión militar y la impunidad ha llevado a la búsqueda de la protesta mediante el arte. Músicos anónimos de la ciudad de Juliaca (Puno) han creado la canción  “Dina Asesina”, himno en las marchas, así como en las comparsas de las fiestas patronales. Por otro lado, hace unos días, en las fiestas jubilares del Cusco (Corpus Christi, Inti Raymi), los cusqueños celebraron el pasacalle con alegorías que representaban a la presidenta Dina Boluarte como responsable de los fallecidos en las protestas: un claro y abierto cuestionamiento al régimen en pleno desfile en la Plaza Mayor. Las alegorías “La Descarada” y la “Trilogía andina de la corrupción”, de los alumnos de la Universidad Diego Quispe Tito, fueron desmanteladas y retiradas el 21 de junio de la exposición pública en un claro acto de censura. La libertad de expresión se está concretando mediante el arte, quizá la mejor forma de rebelión pacífica que muestra la creatividad de los ciudadanos y ciudadanas.

Esto me lleva a pensar en el arte contemporáneo, que aborda temas tan diversos de la actualidad como el sexo, la muerte, la religión, el comportamiento humano, la influencia de los medios, cuestiones políticas o sociales, el medio ambiente o situaciones personales. Hay dos artistas contemporáneos que me marcaron en la vida: Mona Hatoum y Duane Linklater. Ambos están exponiendo actualmente en el Museo de Arte de Contemporáneo de Chicago (Estados Unidos). Mona es una artista británica-palestina que vive en Londres y que mediante esculturas, instalaciones, videos y audios cuestiona el poder, en especial el impuesto sobre las mujeres, sus cuerpos, así como las conexiones con las comunidades marginalizadas globalmente. Su exposición ¨Mona Hatoum: Early Works¨ contiene sus primeros trabajos de videos y grabaciones que llevan al espectador a entenderla a ella y a su familia musulmana.

Por otro lado, el artista canadiense de origen Omaskêko Cree, Duane Linklater, se inspira para su muestra “Mymothersside” en la arquitectura Cree, elaborando tipis gigantes donde cuestiona a los museos y a la sociedad por excluir a los nativos estadounidenses de la sociedad e historia. Inclusive cuestiona la vida de los nativos, que pierden su representatividad, identidad y valor en sociedades que los invisibilizan. Utiliza la arquitectura tradicional del tipi para recrearla, criticarla y hacernos cuestionar qué ha pasado con la esta población que se dedicaba a la caza y al intercambio de pieles.

La libertad de expresión es un derecho y parece que comienza a transformarse en arte. Actualmente, el arte contemporáneo es sumamente político y crítico de las sociedades en el mundo. En el Perú del Bicentenario, el arte debería ser un cada vez más usado para manifestar la frustración que sienten los peruanos ante un congreso y Ejecutivo que no los representa. Sería retador tener espacios en museos, galerías, escuelas y facultades de arte para cuestionar la realidad. Manuela, inclusive, creo que sería ideal que los artistas de la Universidad Diego Quispe Tito tomen la censura a su trabajo como una oportunidad para expresarse más y hagan más acciones artísticas. ¿Te imaginas?

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Congreso de la República, Dina Boluarte, Duane Linklater, Juliaca, Mona Hatoum, Mymothersside, Universidad Diego Quispe Tito

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, es un buen mediocampista defensivo. Es serio y va a evitar cometer tropelías o que el populismo nos meta goles en nuestra propia valla. Pero la situación económica del país requiere de alguien que haga pases en profundidad, que juegue verticalmente y finalmente haga goles.

La desconfianza empresarial y la parálisis de las inversiones privadas es de tal envergadura que este o cualquier gobierno que lo suceda va a necesitar varios goles para calentar la tribuna empresarial.

Majes-Siguas, Chavimochic (hay que cargarle la responsabilidad a Alan García de haberles dado vela en estos megaproyectos a los gobiernos regionales), San Gabán, tranquilizar Las Bambas, Tía María (es irracional la oposición al proyecto), por mencionar algunos ejemplos, es lo que se necesita para que el empresariado vuelva a los niveles de apuesta por el futuro pre-Castillo (ni la pandemia golpeó tanto como el nefasto régimen castillista).

En la última encuesta del IEP, se le pregunta a la ciudadanía cuáles son los principales problemas del país y la respuesta no sorprende: primero, la economía (27%); segundo, la corrupción (25%); tercero, la inseguridad/delincuencia (17%).

Se necesita un shock de inversiones privadas, un sacudón capitalista a la vena, para lograr que la economía vuelva a crecer a niveles históricos recientes (por encima de 3% como mínimo), y de esa manera, que se atempere la inflación, aumente el empleo y, sobre todo, se reduzca la pobreza.

Como bien dijo Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía: “si ha estado atento a la información económica, sabrá que el Banco Central (BCR) redujo su pronóstico de crecimiento del producto bruto interno (PBI) de 2,6% a 2,2% para este año. A primera instancia, pareciera que no fuera gran cosa reducir algo en 0,4%, hasta que recordamos que esto es el equivalente a perder 4.000 millones de soles, o unos 400 soles al año por hogar”.

Aparentemente, es imposible pensar que Dina Boluarte o Alberto Otárola se animen a replantear el tema económico y eventualmente busquen un ministro más generador de seguridad inversora, pero no por ello se debe dejar de insistir en lo relevante: sin recuperación de la confianza y la inversión privada, no hay crecimiento posible.

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Alberto Otárola, Alex Contreras, BCR, Chavimochic, Dina Boluarte, Las Bambas, Majes-Siguas, Tía María

Las críticas de Keiko Fujimori al gobierno de Dina Boluarte merecieron de la primera mandataria una respuesta modosa, tangencial, que bien valdría la pena, sin embargo, volver a retomar: la de adelantar elecciones, que el fujimorismo congresal se encargó de abortar.

No parece haber otra salida a la crisis. Algunos pensaban que lo mejor era esperar hasta el 2026, para fijar cierta estabilidad en el movedizo tablero político peruano o para que las fuerzas políticas nuevas tengan chance de inscribirse y expresar mejor el sentir ciudadano, que las actuales agrupaciones partidarias, pero la crisis política ha escalado y no solo no genera claridad respecto de su salida sino que sigue afectando enormemente a la actividad económica privada, que no suelta un dólar de inversión mientras subsista la precariedad política.

Un Ejecutivo inerte y un Congreso desmedido, son la fórmula perfecta para el desastre que hoy apreciamos, con ambos poderes del Estado desaprobados por la ciudadanía de manera abrumadora.

Con un adelanto de elecciones se produciría un “reseteo” político que, es verdad, podría llevarnos nuevamente al abismo castillista, pero también a la resurrección de una opción republicana liberal, de centroderecha, que corrija los entuertos que el Perú viene sufriendo desde el 2016, en materia política, y desde el 2000 en materia de reformas estructurales.

Cuando Martín Vizcarra, mucho antes de ser vacado, le ofreció al Congreso aprofujimorista de entonces que se vayan todos y se adelantasen las elecciones, era, claramente, la mejor opción y nos hubiera evitado todos los problemas posteriores (disolución del Congreso, vacancia de Vizcarra, etc.), pero el Legislativo se emperrechinó en sus curules y hoy vemos las consecuencias de ello.

Para ser sincera, la presidenta Boluarte debería no solo soltar una indirecta sino emprender una campaña política y mediática a favor del adelanto de elecciones generales, poner contra las cuerdas al Congreso (aún con los riesgos que eso implica) y que, con el aval mayoritario de la opinión pública -que en algún momento despertará de su letargo y la va a acompañar en ese propósito- logre obligar al poder de la plaza Bolívar a retomar el tema.

No se ve otra salida. El país no aguanta tres años más en esta zozobra sistémica. Es un error mayúsculo pensar que no hay crisis porque no hay convulsión social. El tejido social se está degradando hasta extremos que, mientras más dure el proceso, mayor será su explosión electoral.

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centroderecha, Congreso, Dina Boluarte, Elecciones, Keiko Fuimori, Vizcarra

Según la última encuesta del IEP, la presidenta Dina Boluarte ha alcanzado su mayor nivel de desaprobación desde que inició su mandato, en diciembre del 2022. En su primera medición, la desaprobaba el 71% de la ciudadanía; hoy la desaprueba el 80%.

Llama la atención la respuesta a la pregunta de si gobierna igual, mejor o peor que Pedro Castillo. Un 51% estima que peor y un 27% que igual; solo el 19% considera que gobierna mejor. Adicionalmente, un 31% considera que en sus primeros seis mese ha sido un gobierno muy malo, y un 36% lo califica de malo.

Hay una grosera desinformación y distorsionada percepción de la gente. Claramente, el régimen de Boluarte es mejor y más eficiente que el desastre colectivo que fue el régimen castillista, donde el Estado fue destruido casi en toda instancia pública, pero ello amerita, en lugar de lamentos, reflexionar sobre los alcances y causas de la percepción pública.

Dos son, a mi juicio, las razones que explican la distancia entre la ciudadanía y el régimen. Uno, la hasta ahora ausente respuesta política y judicial a la muerte de varias decenas de ciudadanos que protestaban contra la asunción al mando de Dina Boluarte. Eso pesa en la mochila gubernativa y mientras no halla una suficiente explicación, una política de sanciones y de reparaciones, seguirá taponeando cualquier posibilidad de que se genere mayor empatía entre gobierno y ciudadanía.

Dos, la parálisis reformista del régimen, su acusada “vizcarrización”, es decir una política sistemática de anuncios grandilocuentes y cero efectividad posterior respecto de lo anunciado. La mecida como consigna. Solo se salvan dos o tres ministros que sí parecen haberse tomado sus responsabilidades en serio.

Y lo que cabe hacer en tres años de mandato que, en principio le restan a Boluarte, es mucho e importante. Reformas de segunda generación de mercado y promoción de la inversión privada, reformas de la salud y la educación públicas, desmontaje de la fallida regionalización, política masiva de construcción de infraestructura popular, etc., son algunas de las muchas tareas que le corresponderían a cualquier gobierno en un país golpeado por la crisis económica y política como el Perú.

Apostilla: no se puede soslayar, como factor explicativo adicional, que la cercanía del Ejecutivo con el Congreso contribuya a su desprestigio. El Legislativo, según la misma encuesta del IEP, es desaprobado nada menos que por el 91% de ciudadanos y solo aprobado por el 6%.

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castillista, Dina Boluarte, IEP, Pedro Castillo, vizcarrización

Cuando la fraseología ideológica se usa sin fundamento, se pervierte cualquier posibilidad de discusión productiva. Es lo que está pasado ahora con el gobierno de Dina Boluarte y el ejercicio del poder que está ejerciendo un Congreso abierta y desembozadamente derechista.

¿Serlo los vuelve fascistas? Uno puede criticar ciertas decisiones gubernativas o congresales, u otras hechas en complicidad, pero no debería extenderle por ello partida de defunción a la democracia. Se ven tan fuera de la realidad a quienes hablan de dictadura congresal o régimen fascista de Boluarte, como los que, desde la derecha, durante el fallido régimen de Castillo, hablaban sin ningún criterio sensato, de la dictadura comunista que nos gobernaba.

Hay mucho por criticar del proceder de un Parlamento mediocre, corrupto y autoritario. La destrucción de la reforma universitaria, el intento de copamiento de otras instituciones (aunque sea normal en cualquier Parlamento del mundo con mayoría suficiente para proceder a ello), es discutible poner en el mismo saco la inhabilitación de Zoraida Ávalos, quien nunca, en verdad, debió ser ratificada por la Junta Nacional de Justicia, la arremetida anunciada contra los organismos electorales por razones infundadas, la falta de reformas importantes (ha sido vergonzoso el retroceso del fujimorismo en el tema de la bicameralidad), etc., pero no es verdad que el Congreso sea comparsa plena del Ejecutivo, y que, por ende, haya desaparecido la separación de poderes y, en consecuencia, haya muerto la democracia, como se ha dicho con más afán de impacto mediático que cercanía con la realidad política que hoy nos define.

Hay que activar los mecanismos de vigilancia democráticos y, además, estar pendientes del proceder de los poderes del Estado que hoy nos gobiernan, porque la contrarreforma que se ejecuta podrá ser legítima, pero no por ello está o puede estar libre de merecidas y duras críticas cuando se cometen en su nombre dislates como los mencionados.

Pero la batalla política debe empezar con la corrección en los términos y no mediante fraseología sensacionalista que no resiste el contraste de la realidad.

-La del estribo: imperdible la monumental muestra Los Incas. Más allá de un imperio, que se expone en el MALI. La muestra incluye una selección de más de 250 objetos arqueológicos y obras de arte procedentes de colecciones públicas y privadas, muchas de ellas nunca exhibidas, y comprende desde sus orígenes hasta el Tahuantinsuyo, incluyendo su supervivencia en el periodo colonial. De manera complementaria se presenta Piedra en imagen. Lo inca en la fotografía, ca. 1900-1940, curada por Natalia Majluf. Va hasta el 26 de noviembre.

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Bicameralidad, Castillo, Congreso, Dina Boluarte, Natalia Majluf., Zoraida Ávalos

La combinación de una situación política que empieza a alterarse a causa de la distancia paulatina que la derecha está anteponiendo respecto del gobierno (habiendo sido las declaraciones de Keiko Fujimori las más impactantes al respecto) y la débil reacción de los indicadores macroeconómicos (todos los especialistas han reducido sus expectativas de crecimiento para este año), puede poner en riesgo la confiada declaración de la presidenta en el sentido de que su mandato culminará el 2026, “ni un día antes ni un día después”.

Eventual crisis política y mayor empobrecimiento de las clases medias (“el desempeño de la actividad económica obligaría no solo a revisar las cifras de junio, sino también las proyecciones para el segundo trimestre. El PBI crecería 1.3%, lejos de la previsión de 2% de marzo, de acuerdo con el Focus Economics Consensus Forecast de junio. Y, para el 2023, los analistas estiman un crecimiento de 1.9%”, señala Semana Económica), son el telón de fondo propicio para que cualquier gobierno democrático se tambalee. Y si tomamos en consideración que, en el caso peruano, el Ejecutivo carece de bases parlamentarias, sufre una tremenda desaprobación, los conflictos sociales están a flor de piel y la desconfianza es generalizada, podemos vislumbrar que el camino político de acá a tres años no está necesariamente allanado.

Dina Boluarte tiene que andar con pies de plomo a la hora de arriesgar políticamente o dar declaraciones presuntuosas, pero ser muy ágil y dinámica en cuanto a la administración de la cosa pública. Y bueno, pues, parece que lo está haciendo al revés. Comete groseros dislates verbales y políticos y, a la vez, víctima de lo que hemos considerado su vizcarrización, ha plantado al Estado, salvo en los sectores en los que la calidad particular de los titulares de los pliegos ministeriales rompe con la inercia a la que el Ejecutivo parece encadenado.

No hay forma de que de persistir ese talante, el gobierno no esté libre de un zamaquón callejero o parlamentario que se lo lleve de encuentro. La política peruana es imprevisible, pero sí se puede prever que un gobierno mediocre tiene pocas posibilidades de durar.

La del estribo: notable la puesta en escena de Nací para quererte, el musical, producido por Denisse Dibós, codirigido por Juan Pablo Lostaunau y Tommy Párraga, con la dramaturgia de Mateo Chiarella, y un gran elenco de actores y actrices, además de bailarines, entre los que destacan Paul Martin, el querido Hugo Salazar, Sandra Muente, etc. Va en el Teatro Municipal y solo quedan cuatro funciones, desde hoy hasta el domingo. Entradas en Teleticket.

 

 

 

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Dina Boluarte, Keiko Fuimori, PBI, política peruana

Las designaciones en el Ministerio de Educación vuelven a causar impacto, pero no por representar un cambio que represente una transformación favorable para la cada vez más precaria y descuidada educación peruana sino por la cantidad de personajes con un pasado cuestionable que hoy ven cómo las puertas del Minedu se les abren de par en par.

Sudaca ha revisado algunas de las recientes resoluciones ministeriales publicadas por el ministerio encabezado por Magnet Márquez y se encontró con dos casos que han despertado especial atención. Una involucrada con el Club de la Construcción y un generoso financista del fujimorismo hoy ostentan cargos importantes en el ministerio que tiene a su cargo la educación de las nuevas generaciones.

DE INVESTIGADA A DIRECTORA GENERAL

En julio del 2017, una investigación del diario El Comercio advirtió de la existencia de un grupo de constructoras nacionales y extranjeras de las que se sospechaba que habían realizado una concertación ilícita para repartirse obras que eran adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que, por supuesto, representaban varios millones de soles en juego. A este grupo se le denominó como el ´Club de la construcción´.

Decenas de obras y concursos públicos fueron investigados por la fiscalía al conocerse este escandaloso caso que, según se pudo conocer, exponía una situación que venía ocurriendo desde hace un largo tiempo atrás y empresarios que hasta entonces parecían prósperos pasaron a tener órdenes de prisión preventiva.

Como parte de estas investigaciones el foco también estuvo puesto en los comités de licitación de Provías Nacional, el proyecto especial encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, quienes se habían encargado de adjudicar montos millonarios.

Entre los miembros de estos comités figuraba el de Karin Bustamante Hidalgo. Su nombre, tal como lo reportó El Comercio, figuraba en el comité de selección de una obra entregada al Consorcio Vial Junín, el cual está integrado por las empresas ICCGSA, JJC, EIVISAC y JACCSA, que recibió una obra con un valor adjudicado de S/ 305,013,261, un valor que representa un 8% más del original.

Sin embargo, este no sería la única obra con la que estuvo vinculada Bustamante Hidalgo. En el comité de selección para una obra relacionada con la Carretera Puente Chino – Aguaytía también figuró como miembro titular y, en este caso, también se detectó que el valor adjudicado, S/ 169,095,118, representaba un 9% más del valor original.

Pero Karin Bustamante volvería a figurar en un nuevo comité de selección, pero esta vez relacionado con el Consorcio Huallaga, quienes tuvieron a su cargo la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí – Tocache. Al igual que en los casos anteriores, se encontró que el valor adjudicado superaba en un 8% al valor original.

Su nombre volvería a figurar en los comités de selección que adjudicaron obras al Consorcio Kishuara III (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay) y Consorcio Lunahuaná (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cañete – Lunahuaná). En ambos casos se encontró que el valor adjudicado también superaba el valor referencial.

No obstante, que su nombre se haya vinculado con el caso del ´Club de la Construcción´ no ha impedido que el Ministerio de Educación le encargue, desde el pasado 6 de junio, el puesto de directora general de la Dirección de Gestión Descentralizada.

EL FINANCISTA DE KEIKO

“Ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional”, escribió semanas atrás Keiko Fujimori en un intento de respaldar a la presidenta Dina Boluarte ante los cuestionamientos que le hacían Andrés López Obrador y Gustavo Petro, presidentes de México y Colombia respectivamente.

Sin embargo, hace menos de dos años, quien por entonces era la candidata presidencial de Fuerza Popular y disputaba la segunda vuelta ante Pedro Castillo, no dudaba en enviar emisarios a la OEA y brindar conferencias de prensa anunciando las acciones que tomaría su agrupación política ante un supuesto fraude que favorecía a la fórmula presidencial de Perú Libre, la cual incluía a Dina Boluarte, la persona a la cual hoy le reconoce haber llegado al cargo de forma legal y constitucional.

Pero la estrategia del fujimorismo en aquella disputada contienda electoral requería inversión y la encontraría en generosos empresarios que estaban dispuestos a financiar las más de trescientas apelaciones que Fuerza Popular presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al conocer que Pedro Castillo los había superado en votos tras la segunda vuelta.

El periodista Ernesto Cabral dio a conocer, en julio del 2021, la lista de estos financistas que le permitieron al fujimorismo sostener su desesperada estrategia. Entre estos nombres figuraba el de Álvaro Guillermo Estrada Briceño, quien por aquel entonces era gerente general de Evergran Grupo Inmobiliario y AJJ Contratistas Generales.Estrada Briceño le había dado una mano al fujimorismo con la suma de S/25.080 que les permitió treintaiocho apelaciones ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Casi dos años después de haber sido parte de esta cuestionada estrategia, Álvaro Estrada ha recibido un importante encargo en el Ministerio de Educación como director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, una ambiciosa iniciativa que contará con una inversión de más de cuatro mil millones de soles.

Como moneda de cambio para conseguir aliados políticos o simplemente por desinterés en mejorar los filtros de los ministerios, lo cierto parece ser que el Ministerio de Educación, tal como lo ha advertido Sudaca en diversos informes, se ha convertido en un botín que está repartiendo sin problema alguno el titular de turno.

 

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Club de la construcción, Dina Boluarte, JNE, Keiko Fujimori, Minedu, Pedro Castillo, Provías

«Llamo a estas personas que nuevamente están anunciando la ‘tercera toma de Lima’ o la ‘nueva toma del Perú’, ¿cuántas muertes más quieren por el amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido a más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el Gobierno», señaló la presidenta Dina Boluarte respecto de la anunciada protesta que grupos de izquierda han convocado.

Hay un error conceptual y moral de base en la declaración de la presidenta. Los muertos no se ocasionaron solos o los causaron los protestantes. Como se ha acreditado, fueron obra y gracia de excesos policiales y militares. ¿Qué nos quiere decir la gobernante? ¿Que de producirse nuevas protestas violentas, el gobierno reaccionaría represivamente igual que en diciembre y enero y, por ende, se volvería a producir la carnicería que se produjo?

No hay justificación alguna para lo sucedido, y las investigaciones fiscales presentes o futuras deberán acreditar las sanciones penales de quienes resulten responsables (Dina Boluarte y Alberto Otárola incluidos en la pesquisa) y ser debidamente castigados judicialmente.

Por más violenta que sea una protesta, por más que se tomen carreteras, bloqueen puentes, incendien locales públicos o privados, o se tomen aeropuertos, la respuesta no puede ser la muerte de sus autores. No hay pena de muerte para tales delitos (definitivamente, lo son). Lo que corresponde es la detención inmediata de los violentistas y su procesamiento penal.

El uso de las armas por parte de la policía o de las fuerzas armadas, cuando se les encarga labores policiales, solo es justificable legalmente cuando está en riesgo la integridad o la vida de los propios hombres de uniforme o de terceros civiles, por acción de los manifestantes que protestan. Así corresponde en un Estado de Derecho, como el que supuestamente nos ampara.

Eso es algo que, lamentablemente, la presidenta Boluarte no parece entender y por ello sus declaraciones, ignominiosas para los deudos y para la sociedad civil aún indignada por lo sucedido, indignación que, entre otros factores, explica el inamovible grado de desaprobación del régimen. Los muertos seguirán lastrando al gobierno mientras éste no enmiende, repare o haga justicia.

 

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Alberto Otárola, Dina Boluarte, Muertos, tercera toma de Lima
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