Dina Boluarte

La memoria colectiva del país no puede albergar conmiseración alguna respecto de un sujeto de mala entraña, que entró al poder a saquearlo, sin importarle un comino la buena gestión pública y que, al final, zarandeado por las acusaciones fiscales de corrupción, intentó tomar el camino del autoritarismo golpista, felizmente de modo fallido. El Perú, gracias a sus fuerzas institucionales -incluidas las Fuerzas Armadas-, se libró de seguir el camino de Venezuela o Nicaragua, que era el que pretendía desvergonzadamente Pedro Castillo.

Corresponde hacer pedagogía política y mediática sobre la desventura castillista (los canales harían bien en repetir cuantas veces sea necesario el video del golpe del 7 de diciembre) y que ello sirva para que la población que aún sigue engañada respecto de su figura, se dé cabal cuenta del despropósito y el error de seguirle concediendo alguna virtud a un gobernante malhadado.

Posdata: esta columna, como corresponde, sale de vacaciones un par de semanas, hasta el mes de junio.

La del estribo: notable, superlativa, extraordinaria la puesta en escena de Maquinal, dirigida magistralmente por el cineasta Josué Méndez, con un elenco actoral de primer orden, encabezado por Jely Reátegui. Va en el Centro Cultural de la PUCP hasta el 10 de julio. Y recomiendo ir temprano, de paso que le dedican un tiempo a la también extraordinaria exposición Una mirada al legado de Venancio Shinki.

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Bien ha señalado el exministro de Economía, Waldo Mendoza, que, según un reporte del Banco Mundial, el 85% de la reducción de la pobreza entre 2004 y 2019 se debió al crecimiento económico y un 15% a la redistribución, es decir el gasto público. ¿Y de dónde sale el gasto público? De los impuestos que se recaudan de las empresas privadas. Mendoza concluye que el 100% de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico.

No hay otra fórmula. En ese sentido hay que hacerle justicia a lo que se hizo durante el segundo gobierno alanista. No emprendió ninguna reforma importante -su más grande pasivo-, pero en lo concerniente a la inversión privada, fue un activo promotor que permitió, por ello, la más importante caída de la pobreza de todo el periodo de la transición post Fujimori. Haría bien la presidenta Boluarte -más aun ahora que ha recuperado horizonte de gobernabilidad- en abocarse a ello y mirar ese espejo.

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Lo relevante, en términos sociopolíticos, es que la inversión social del proyecto ha sido nueve veces más de aquello inicialmente previsto por el Estado en programas sociales. No obstante ello, la empresa ha encontrado (y sigue encontrando) importantes demandas de inversión pública por parte de la población, que conciernen el abastecimiento de energía, acceso a telecomunicaciones, educación y servicio de agua y desagüe. Esto se explica por dos razones básicas: la falta de inversión pública en comunidades alejadas y el rápido crecimiento de las áreas colindantes a los proyectos luego de iniciada la etapa de construcción. A esto pueden sumarse otras falencias, como la incapacidad de las autoridades locales para gestionar sus recursos, el aislamiento geográfico y la poca flexibilidad del Estado para encontrar soluciones cuando la realidad rebasa el marco normativo.

Dina Boluarte y los ministros del sector tienen la palabra. La puesta en marcha de una nueva dinámica de inversiones que generen empleo y reduzcan la pobreza en Puno requiere diligencia para responder a una solicitud que debe ser bienvenida en una coyuntura en la que la inversión privada más bien viene cayendo por la crisis política.

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Encima, políticamente hablando, con sus declaraciones, la presidenta se ha abierto un frente de divergencia con la derecha, que le reprocha, con razón, querer zafar cuerpo y atribuirle la exclusiva responsabilidad de lo sucedido a los militares y policías. Sin el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Constitución, Pedro Castillo seguiría siendo gobernante. Boluarte les debe el cargo que hoy ocupa y mal les paga tirándoles la bola, como si su gobierno no tuviera responsabilidad alguna en lo sucedido.

El informe de la CIDH tiene algunos sesgos cuestionables, cuando se mete a hacer diagnósticos sociales o políticos del país, pero en lo concerniente a los hechos luctuosos mismos, anda por el camino correcto. Si el gobierno y la presidenta en particular no responden al mismo como corresponde, con una investigación a fondo, que devele la verdad de lo sucedido, ese informe le va a pesar legalmente hasta después de concluido su mandato.

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Si se reacciona morosamente, la tranquilidad relativa de la que se goza volverá a llevarnos a tiempos de agitación y entonces será tarde para preguntarnos por qué pasó ello. Nadie tendrá autoridad moral para darse por sorprendido.

Hay tiempo suficiente hasta el 2026 para retomar el rumbo de las reformas, algunas de ellas, la política y electoral, la macroeconómica, la regionalización, la policial, que hagan que la expectativa del futuro que tienen los peruanos cambie de la valencia negativa que hoy tiene a una positiva, que destierre la desazón que, a pesar de habernos librado de la terrible gestión de Pedro castillo, subsiste. La calma chicha referida debe dar paso a la inestabilidad reformista.

La del estribo: maravilloso reencuentro cinéfilo con clásicos del cine: ¿Quién teme a Virginia Wolf?, con Richard Burton y Elizabeth Taylor, ¿Qué pasó con Baby Jane?, con las extraordinarias Bette Davis y Joan Crawford (feliz coincidencia: en Star Plus dan una serie documental sobre esta película, protagonizada por Susan Sarandon y Jessica Lange, que grafica el odio legendario entre Davis y Crawford), Lo que el viento se llevó, con Vivian Leigh y Clark Gable, Rebelde sin causa, con James Dean y Natalie Wood, Charada, con Audrey Hepburn y Cary Grant, han servido de compensación a la rala emisión de películas que mi proveedor calificado ha tenido. Todo por HBO Max Clásicos.

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Pero eso no debe significar connivencia con los desaguisados que el gobierno de Boluarte y el premier Otárola vienen cometiendo con fruición digna de encomio. Hace falta que, de parte del centro y la derecha, se tome distancia de ello y se pase eventualmente a una labor opositora responsable. Ser enemigos de la izquierda que quiere bajarse como sea a Boluarte, no debería hacer que se pase por agua tibia todos los errores que el gobierno viene cometiendo.

En particular, esa es una ubicación ideológica que deberían ocupar los nuevos candidatos liberales que están surgiendo y no sumarse al espíritu de la mayoría congresal, de apoyo incondicional. Como se ve en las encuestas, se necesita un liderazgo de derecha que claramente rompa palitos con el desastre de Castillo, pero también con la mala gestión del régimen de Boluarte, que ya merece más de un zamaquón político.

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Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país”.

Lo más importante de los informes que se han presentado no es tanto la denuncia de lo sucedido, más o menos reconocido por todos, sino la indolente reacción del gobierno, con afán de minimizar lo ocurrido y, por ende, sin ánimo alguno de realizar acciones de reparación y enmienda de los excesos cometidos. Se espera que esta vez no ocurra lo propio. La CIDH no es “una ONG”, como se refirió despectivamente la presidenta al informe de HRW.

Gran parte de la desaprobación ciudadana al gobierno de Dina Boluarte se debe a este hecho. Mientras ella no entienda que no puede pasar por agua tibia los informes dados a conocer y no actúe en consecuencia, los 56 muertos por obra de la represión abusiva, serán parte de una mochila de pasivos de la que el gobierno no podrá librarse con reacciones de soslayo pueril que no se veían desde los tiempos de Belaunde, quien arrojaba los informes de Amnistía Internacional al tacho de basura.

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En esa perspectiva, conviene que decante el sistema político en general, luego de tantas crisis, que haya tiempo para que se inscriban quienes quieran inscribirse, que haya espacio para que se conformen alianzas maduras y consolidadas, que se abra una línea de morigeración de los ánimos caldeados de un sector significativo de la ciudadanía (que la gente vaya a votar con cólera o frustración ya ha demostrado no ser lo mejor).

Para que ello suceda, lo ideal es que Dina Boluarte gobierne hasta el 2026, que se complete el mandato constitucional y que en ese año, vayamos a elecciones sin sobresaltos ni turbulencias. Ojalá no haya imprevistos (escándalos de corrupción o rebrote de la conflictividad social) que hagan volar por los aires el tablero político nacional y que empecemos a recuperar la tranquilidad institucional que se necesita para que las fuerzas del mercado cambien su perspectiva del país y se regenere el círculo virtuoso de inversión, generación de empleo y reducción de la pobreza.

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La seguridad ciudadana es fundamental para la democracia ya que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y libertades de manera efectiva y pacífica. La prevención del delito y la violencia garantiza la estabilidad social, el respeto al Estado de derecho y la confianza en las instituciones democráticas.

Súmele uno pésima salud pública, mediocre educación estatal y corrupción generalizada a un estado absoluto de inseguridad y entenderá por qué los gobiernos en el Perú son rápidamente desaprobados.

La del estribo: imprescindible el enjundioso último libro de Fernando Tuesta Soldevilla, La reforma política, ideas y debates para un mejor gobierno, que publica la editorial Debate. Incluye reflexiones sobre la reforma política del último quinquenio, el sistema de partidos, el sistema electoral, el de gobierno, el Parlamento, el financiamiento de la política y los mecanismos de democracia directa.

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